JEP emite medidas urgentes para proteger a comunidades indígenas y afrocolombianas

Ante el grave riesgo de exterminio físico y cultural que enfrentan pueblos indígenas y afrocolombianos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la JEP adoptó medidas cautelares urgentes con enfoque étnico en el marco del Caso 05. Esta decisión incluye más de 25 órdenes dirigidas a entidades del Estado para salvaguardar la pervivencia, autonomía y seguridad de estas comunidades.

La Sala de Reconocimiento de Verdad tomó esta determinación tras constatar denuncias presentadas en espacios de diálogo intercultural y audiencias públicas realizadas en Santander de Quilichao y Popayán en 2024. 

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En esos escenarios, las comunidades relataron asesinatos, reclutamiento forzado, desplazamiento, amenazas a liderazgos y destrucción cultural, en medio de la creciente presencia de actores armados en sus territorios.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez emitió el Auto 004 de 2025, priorizando la protección de víctimas en 19 municipios y reconociendo la participación de 129 sujetos colectivos, conformados por 45 pueblos indígenas, 67 consejos comunitarios y ocho organizaciones de víctimas, que representan a más de 180.000 personas. También se acreditó el territorio ancestral de Çxhab Wala Kiwe.

Entre las medidas ordenadas figuran la dotación de las Guardias Cimarronas, entrega de bienes de la SAE para proyectos comunitarios, fortalecimiento de sistemas de alertas tempranas, planes de protección étnica y articulación interinstitucional con la UNP, la Corte IDH y organizaciones locales. Además, se mandató la formulación de un proyecto legislativo para regular la jurisdicción afrocolombiana.

Finalmente, la JEP ordenó al ICBF implementar planes para prevenir el reclutamiento forzado de menores y fortalecer el programa “Atrapasueños”. 

También se exhortó a la Ciprunna a conformar un comité conjunto con autoridades indígenas para diagnosticar y atender esta problemática de forma integral.

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