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Investigan presuntas irregularidades en millonario convenio de regalías en el Cesar

El exgobernador (e) del Cesar y el representante de una asociación afrocolombiana están en la mira por posibles irregularidades en un convenio.

Procuraduría abre investigación por supuesta corrupción en la UNP
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 06/03/2025 - 18:48 Créditos: Archivo Particular

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exgobernador (e) del Cesar, Andrés Guillermo Rojas Arcia (2023), y el representante legal de la Asociación La Matuna, Rafael Ángel Pianeta León (2022-2024), por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

El convenio, destinado a fortalecer la gobernanza de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en el departamento, habría sido firmado sin cumplir con los requisitos legales exigidos. Además, su ejecución estaría en manos de consejos comunitarios y organizaciones que, según la investigación, no cuentan con acreditación del ministerio del Interior.

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La Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR también investiga posibles irregularidades en el proceso de selección de los beneficiarios del proyecto. 

Según la Procuraduría, la metodología aplicada no habría cumplido con los criterios y procedimientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, lo que pondría en entredicho la transparencia de la asignación de los recursos.

Otro punto bajo análisis es la falta de supervisión por parte de la administración departamental sobre los trabajos a cargo de La Matuna, la organización afrocolombiana que ejecuta el convenio. Además, la Procuraduría investiga un ajuste presupuestal por más de $790 millones, aprobado en el marco del convenio, que podría haber sido autorizado sin el debido sustento técnico.

Con esta investigación, el órgano de control busca determinar si las conductas denunciadas configuran faltas disciplinarias o si existen elementos que justifiquen su exclusión de responsabilidad. 

De confirmarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar sanciones disciplinarias que afectarían su ejercicio en la función pública.

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