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Imputados tres exdirectivos y contratistas de Hidroituango por daño ambiental y peculado

Fiscalía los señala de aprobar obras sin licencia y afectar gravemente el ecosistema del río Cauca.

Nueva Hidroituango
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 02/04/2025 - 16:39 Créditos: EPM / central hidroeléctrica Hidroituango

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Jorge Ignacio Castaño Giraldo, exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM; Santiago García Cadavid, representante legal del consorcio constructor CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro Vásquez, representante legal y gerente de la interventoría del proyecto. Los tres son señalados como presuntos responsables de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación.

Según las pruebas recolectadas, los imputados habrían aprobado la implementación del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) sin contar con las licencias ambientales necesarias. Estas modificaciones en la obra se realizaron mediante actas de modificación a los contratos originales, lo que habría permitido la ejecución de trabajos no licenciados por un valor superior a $339.107 millones, favoreciendo a los contratistas en detrimento del erario.

El consorcio CCC Ituango y la interventoría Ingetec - Sedic habrían impuesto a EPM un funcionamiento no previsto en el diseño original del proyecto, lo que, según la Fiscalía, generó consecuencias negativas para el medio ambiente y la población de la cuenca media y baja del río Cauca.

Daños ambientales y sociales

Las investigaciones determinaron que las obras se realizaron sin la modificación de la licencia ambiental ni los estudios de impacto correspondientes. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no se pronunció sobre los efectos en los ecosistemas, ni sobre las medidas de compensación y mitigación, lo que generó daños irreparables en el suelo, el recurso hídrico, la fauna y la flora de la región.

Como resultado, comunidades de pescadores, agricultores y mineros artesanales en el cañón del río Cauca vieron afectadas su subsistencia económica y seguridad alimentaria.

Los imputados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, y el caso continuará en los tribunales.

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