Fundación para el Estado de Derecho demanda decreto de consulta popular

La Fundación para el Estado de Derecho presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra el decreto expedido por el Gobierno Nacional que convoca a una consulta popular, al considerar que vulnera varios preceptos constitucionales y representa una extralimitación de funciones por parte del presidente Gustavo Petro y su gabinete.

Según la Fundación, el decreto carece de validez al no contar con la autorización previa del Senado de la República, tal como lo establece el artículo 104 de la Constitución. Esta omisión, afirman, compromete la legalidad del proceso y afecta la separación de poderes.

Desde @FEDe_Colombia_ presentamos 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝟲𝟯𝟵 por convocar una consulta popular sin autorización del @SenadoGovCo. Fue radicada ante @consejodeestado y contiene 8 cargos que evidencian su inconstitucionalidad y uso… pic.twitter.com/BT4Ydb60rc

— FEDe. Colombia (@FEDe_Colombia_) June 13, 2025

“El objetivo de la acción es proteger principios fundamentales como la supremacía constitucional, la separación de poderes y la legalidad en el ejercicio del poder público”, explicó Andrés Caro, director de la Fundación, quien también señaló que “se hace una aplicación indebida a la excepción de inconstitucionalidad, se usurpan poderes judiciales y se viola el principio de legalidad”.

La demanda argumenta que con la expedición del decreto, el presidente y sus ministros incurrieron en una extralimitación de funciones, asumiendo facultades que no les confiere ni la Constitución ni la ley. 

Entre los cargos presentados se encuentran: violación de los artículos 4, 6, 104, 113, 121, 123 y 228 de la Constitución Política, así como desviación de poder, falsa motivación y expedición irregular por parte de ministros encargados, presuntamente bajo actos de presión.

Actualmente, el decreto en cuestión enfrenta al menos ocho demandas de nulidad ante el Consejo de Estado y una tutela. Paralelamente, en la Corte Constitucional, la senadora Paloma Valencia solicitó la suspensión provisional del decreto mientras se adelanta su estudio de fondo.

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