Fiscalía pide a la Corte Suprema investigar al general Huertas

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la investigación que se adelanta por los hechos ocurridos el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), cuando una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc fue interceptada en un retén militar. En el operativo, en el que se movilizaban Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', y otros miembros de esta estructura, fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y diversos dispositivos electrónicos.

El material, sometido a cadena de custodia y posteriormente legalizado ante jueces de la República, fue analizado por dos equipos forenses de la Dijin, que elaboraron cinco informes técnicos. El más reciente fue entregado el 26 de junio de 2025 a la fiscal especializada contra Organizaciones Criminales de Medellín, a cargo del caso. Desde entonces, continúa la verificación de una amplia cantidad de datos extraídos.

Le sugerimos leer (“La paz total ha sido un desastre”: expresidente Juan Manuel Santos)

Los elementos recuperados permitieron la judicialización de 28 disidentes del frente 36 en Antioquia. Además, tres miembros de la caravana enfrentaron procesos penales: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias 'Oliver', fueron condenados por porte ilegal de armas, mientras que Édgar de Jesús Ortega, alias 'Firu', fue acusado por homicidio y permanece bajo medida de aseguramiento.

No obstante, ese día no fueron capturados alias 'Calarcá', Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar ni Diana Carolina Rey Rodríguez, debido a que sus órdenes de captura estaban suspendidas —y así seguirían— en virtud de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) y las resoluciones 0005, 0282 y 0283 emitidas en 2024.

La Fiscalía aclaró que, durante los 16 meses de investigación, ni el Despacho de la Fiscal General ni otras dependencias superiores recibieron reportes sobre posibles hechos o conductas punibles detectadas en los dispositivos. Sin embargo, verificaciones realizadas este 24 de noviembre en Medellín revelaron información “de la mayor gravedad” que no estaba siendo objeto de investigación.

Ante ello, la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para impulsar nuevas líneas investigativas relacionadas con posible cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército por parte de las disidencias, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas políticas, alianzas entre actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras armadas.

Le recomendamos leer (General Juan Miguel Huertas niega nexos con disidencias y denuncia montaje)

Adicionalmente, la fiscal especializada compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema para investigar la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en el material incautado.

La entidad recordó su obligación de cumplir con la Ley 2272 de 2022 y la sentencia C-525 de 2024 sobre suspensión de órdenes de captura a miembros negociadores de organizaciones armadas. Sin embargo, reiteró que la Directiva 003 de 2025 precisa que podrán realizarse capturas en flagrancia por delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH, con control judicial posterior.

Finalmente, la Fiscalía advirtió que los dispositivos han permanecido bajo custodia de la Dijin y calificó como “alarmante” que su contenido haya trascendido a la opinión pública, vulnerando la reserva legal de las actuaciones penales. Reiteró, además, que los fiscales delegados actúan con autonomía y que las investigaciones de alto impacto se adelantan bajo estrictos protocolos para garantizar la integridad de la evidencia.

Otras noticias