Fiscalía imputa al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en licitación de pasaportes

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación por prevaricato por acción contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, en el marco del proceso por la fallida licitación de pasaportes adelantada en 2023. La diligencia se llevó a cabo ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde Leyva rechazó los cargos.

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Sandra Helena Portillo, presentó los argumentos que sostienen que el entonces canciller habría tomado decisiones contrarias a la ley al declarar desierta la licitación 001-2023, valorada en cerca de 600.000 millones de pesos. Según el ente acusador, la medida vulneró principios de contratación estatal, puesto que el único proponente habilitado, la firma Thomas Greg and Sons, cumplía los requisitos exigidos.

La Fiscalía sostiene que la resolución mediante la cual se frenó el proceso carecía de sustento jurídico y representó una intervención tardía y caprichosa del exministro. De acuerdo con Portillo, Leyva reasumió la dirección del contrato para evitar la adjudicación cuando ya se habían surtido las etapas técnicas y administrativas, sin que existieran motivos objetivos para detener la selección.

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El organismo investigador afirmó que la normativa solo permite declarar desierta una licitación cuando no hay oferentes válidos, cuando las propuestas no cumplen los criterios o cuando existe un impedimento real para adjudicar, situaciones que, según su análisis, no se presentaron. Argumentó que Leyva fundamentó su decisión en preocupaciones subjetivas sobre supuestas irregularidades que no fueron documentadas durante el proceso.

La defensa del exfuncionario, encabezada por Roberto Badel, insistió en que la actuación del exministro se ajustó a la ley y buscaba proteger los principios de pluralidad y transparencia en un contrato de alta relevancia. Aseguró que el litigio deberá centrarse en la interpretación de las normas de contratación y negó que la decisión hubiera sido arbitraria o motivada por intereses indebidos. Añadió que en el expediente no existe evidencia de actos de corrupción asociados a la actuación del excanciller.

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