Fiscalía crea cinco regionales especializadas para fortalecer la lucha contra la corrupción

La Fiscalía General de la Nación anunció la creación de cinco regionales especializadas contra la corrupción, con el objetivo de fortalecer la capacidad investigativa en las regiones y responder de manera más efectiva a los fenómenos que afectan la administración pública en distintos territorios.

La medida quedó establecida en la Resolución N.° 376 de 2025, mediante la cual se conformaron 31 fiscales, junto con sus equipos de trabajo de la Dirección Especializada contra la Corrupción (DECC), investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía Nacional.

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Las nuevas regionales estarán distribuidas de la siguiente manera: Región uno (Barranquilla y Bucaramanga) para cubrir el Caribe y Santanderes; Región dos (Medellín, Montería, Pereira y Quibdó) para Antioquia, Eje Cafetero y Chocó; Región tres (Cali, Popayán y Pasto) para el suroccidente; Región cuatro (Bogotá, Ibagué, Neiva y Tunja) para el centro del país; y Región cinco (Villavicencio y San José del Guaviare) para los Llanos y la Amazonía.

Con esta descentralización, la Fiscalía busca superar dificultades derivadas de la excesiva concentración de recursos en Bogotá, que obligaba al traslado constante de personal para la recolección de pruebas en otras regiones. 

Para garantizar transparencia, se implementará por primera vez un sistema de reparto aleatorio de casos, basado en criterios de territorialidad, especialidad y patrones de comisión del delito.

La entidad precisó que 355 investigaciones que ya registran avances significativos seguirán a cargo de los fiscales que las adelantan, con el fin de dar continuidad a los procesos y evitar retrasos. Además, se conformarán 25 grupos de tareas especiales para abordar líneas específicas de investigación y se priorizarán delitos contra los mecanismos de participación democrática, especialmente de cara a las elecciones de 2026.

La Fiscalía invitó a la ciudadanía a denunciar hechos de corrupción en las salas de denuncia habilitadas en todo el país, reafirmando que este rediseño institucional busca fortalecer la judicialización y castigo a quienes afectan los recursos públicos.

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