Exgobernador de Magdalena deberá responder por irregularidades en contrato de servicios en colegios del departamento

La Fiscalía General de la Nación ha imputado al exgobernador de Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. La imputación surge a raíz de las irregularidades detectadas en un proceso contractual que habría generado la pérdida de más de 2.610 millones de pesos.

Según los elementos de prueba presentados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Díazgranados Velázquez habría dirigido un proceso contractual entre agosto de 2009 y abril de 2010, relacionado con la prestación de servicios administrativos y de aseo en los colegios del departamento. La investigación ha revelado nueve grandes irregularidades en dicho proceso.

Entre las inconsistencias destacan la fijación injustificada de un plazo inicial de seis meses para el cumplimiento de las actividades, la falta de fundamentos claros para la contratación, la asignación caprichosa de un presupuesto sin justificación adecuada, y la ausencia de evaluación de riesgos en la contratación. Además, se abrió un proceso de licitación excluyendo el mantenimiento contemplado en los estudios preliminares y se elaboró un pliego de condiciones confuso, limitando la participación de aspirantes con experiencia en el sector privado.

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La investigación también revela que no se evaluó adecuadamente la propuesta de la empresa adjudicataria, se otorgó una adición al contrato sin justificación, y se liquidó el contrato pagando valores pendientes sin un adecuado respaldo de la ejecución efectiva. Se detectó la contratación de personal que nunca tuvo vínculo laboral, y se estima que la empresa contratista se apropió de 2.610 millones de pesos pertenecientes al erario.

La Fiscalía sostiene que Díazgranados Velázquez, en su condición de mandatario, presuntamente incumplió los deberes de vigilancia, supervisión y control sobre los dineros públicos al permitir la tramitación, celebración y liquidación del contrato y la adición ahora objeto de investigación.

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