Estado, responsable por la muerte del magistrado Jorge Echeverry en toma del Palacio de Justicia

La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida durante los hechos del holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Según la decisión, la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes: la toma violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19, y la omisión del Estado en su deber de protección, así como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante la recuperación militar del edificio.

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El Alto Tribunal enfatizó que la acción del M-19 no puede ser vista como una hazaña política ni como un acto de rebeldía heroica, sino como “una de las afrentas más graves al Estado de Derecho desde la fundación de la República”, al representar una amenaza directa contra la institucionalidad democrática y la majestad de la justicia.

La Corporación también destacó que la Verdad, como derecho, tiene una doble dimensión: en lo público, constituye un bien común que pertenece a toda la sociedad; y en lo individual, es el medio a través del cual las víctimas recuperan su visibilidad y dignidad. Conocer la Verdad, señaló el fallo, preserva la memoria colectiva y libera a las personas del silencio impuesto por la injusticia.

En consecuencia, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de perjuicios morales y lucro cesante a los familiares del magistrado, y ordenó la publicación del fallo en un medio de amplia circulación, así como la realización de un acto público de perdón. 

Finalmente, exhortó al Ministerio de Defensa a repetir en contra del M-19 y de los responsables materiales o de mando en la proporción en que contribuyeron al daño, reafirmando con esta decisión su compromiso con la memoria, la justicia y la reparación integral de las víctimas.

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