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Destituyen e inhabilitan a exsecretario de Inclusión Social de Medellín Juan Pablo Ramírez

Procuraduría también sancionó a dos exsubsecretarios por su participación en una reunión que habría promovido el movimiento político del exalcalde Daniel Quintero.

Juan Pablo Ramírez
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 19/05/2025 - 19:17 Créditos: Red social X @Juanparal

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años a Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín (2021-2022), tras encontrar probada su participación en actos de presión indebida a subalternos para favorecer la continuidad del movimiento político Independientes.

La sanción también recayó sobre Juan Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, exsubsecretario de Gestión de Bienes, quienes fueron suspendidos e inhabilitados por 12 años. 

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Según la Procuraduría, los funcionarios utilizaron su posición para promover aportes económicos de empleados públicos a la Corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, asociada al mencionado movimiento político.

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2021 durante una reunión convocada por Ramírez Álvarez, en la que se pidió a los asistentes realizar contribuciones que iban desde $300.000 hasta $1.000.000, bajo la figura de una membresía. Varios funcionarios hicieron consignaciones posteriores, en plena vigencia del calendario electoral para las elecciones presidenciales 2022-2026, lo cual configura una intervención indebida en política.

Además, la Procuraduría calificó como gravísima la falta cometida por los tres exfuncionarios y precisó que actuaron con dolo. También ordenó remitir copia del fallo a la Fiscalía General para que investigue un posible caso de falso testimonio por parte de Melissa Peláez, representante legal de la corporación, quien habría negado su asistencia al evento bajo juramento.

Finalmente, se remitirá copia del fallo a la Secretaría de Gobierno de Medellín para que investigue la existencia legal de la mencionada corporación, ya que durante la reunión del 8 de agosto se presentó a otra persona distinta como representante legal.

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