Consejo de Estado admite demanda contra David Racero

El Consejo de Estado admitió una demanda en contra del representante a la Cámara David Racero, en la que se solicita la pérdida de investidura por un presunto uso indebido de recursos públicos. 

El congresista es señalado de haber destinado a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para trabajar en un local de frutas y verduras de su propiedad, ubicado en el sector de Villa Luz, al occidente de Bogotá.

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La demanda fue acogida por el magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien también tiene bajo su despacho otro proceso en contra del parlamentario del Pacto Histórico. Según el documento, los hechos investigados ocurrieron entre el 24 de noviembre de 2020 y el 9 de enero de 2021, y al haberse radicado la acción el 13 de mayo de 2025, no se habría vencido el término de caducidad.

Además de este caso, Racero ha estado vinculado a otras controversias, incluyendo la filtración de audios en los que supuestamente habla de cargos en el Sena y sobre la contratación informal en su fruver, lo que él ha negado tajantemente. El congresista calificó estas acusaciones como parte de una persecución política y denunció la violación de su privacidad.

“Confieso que la idea de que tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta, está en juego mi intimidad y la de mi familia, la de mis amigos, mi seguridad propia y la del grupo político al que pertenezco”, afirmó Racero en un comunicado oficial, en el que también hizo referencia a los antecedentes de interceptaciones ilegales en el país, como las "chuzadas" y el caso Pegasus.

Finalmente, Racero ha insistido en que estas revelaciones buscan desacreditarlo públicamente en medio del debate sobre la reforma laboral en el Congreso. Según el congresista, se trata de un intento de linchamiento mediático por parte de sectores que se oponen a su labor legislativa.

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