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Condenan a mujer por caso de obras en proceso contra exgobernador Richard Aguilar
En contratación de Villa Olímpica por $22.000 millones, emitió órdenes de pago por remodelaciones que no se hicieron. Aceptó cargos y delató al exmandatario y exsenador de Santander.
Paula Marcela Moreno Martínez fue declarada culpable del delito de falsedad ideológica en documento privado y condenada por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras de remodelación de la Villa Olímpica de Bucaramanaga (Santander). Todo esto luego de que la mujer aceptara los cargos y se sometiera a sentencia anticipada.
Según la Fiscalía Genereal de la Nación, la mujer, entre 2015 y 2016, figuró como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo.
Estos hechos ocurrieron durante el mandato del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, acusado ante la ley por corrupción.
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#ATENCIÓN | Luego de aceptar los cargos formulados por la #Fiscalía, Paula Marcela Moreno Martínez fue declarada responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado, y condenada por participar en hechos de corrupción en un proceso de contratación de las obras. pic.twitter.com/RA734c2kXn
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 29, 2023
Se logró evidenciar que para cubrir dichas actividades que nunca se llevaron a cabo, ascendió a $4.312 millones, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para pagar dádivas a otros funcionarios que participaron en la contratación.
Teniendo en cuenta lo anterior, un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez a 38 meses de prisión pero, debido a que la mujer aceptó los cargos, la pena se redujo a 19 meses y se le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por le período en que esté en prisión. Adicionalmente, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
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