Colombia tiene hasta el 21 de junio para responder demanda de Thomas Greg por $117.000 millones

Colombia enfrenta una demanda interpuesta por la empresa Thomas Greg & Sons ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando una compensación de 117.000 millones de pesos. Esta acción legal surge luego de que la Cancillería colombiana declarara desierta una licitación crucial para la expedición de pasaportes y visas, en la cual Thomas Greg era el único proponente habilitado.

En entrevista con Blu Radio, Jhon Camargo, director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado (ANDJE), aseguró que el proceso de defensa avanza satisfactoriamente. "Tenemos plazo hasta el 21 de junio para contestar la demanda, la cual será respondida directamente por la Cancillería. Estamos construyendo esta estrategia de manera conjunta y articulada con ellos, convencidos de que podremos demostrar que la posición legal que defendemos es la correcta y en interés del Estado", afirmó Camargo.

Uno de los puntos clave en la defensa del Estado colombiano es garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes. Camargo enfatizó que "los colombianos no han estado un solo día sin este servicio esencial, y eso no cambiará. Mantener la operatividad en este aspecto es primordial para nosotros".

La controversia también involucra a otras empresas que participaron en la licitación suspendida, acusando que los procesos favorecían desproporcionadamente a Thomas Greg & Sons. Entre las críticas se menciona el requisito de tener una planta de producción en Bogotá, una condición que solo cumplía esta empresa, y los plazos ajustados para la preparación de documentos.

En respuesta a las críticas, la Cancillería anunció previamente que la Imprenta Nacional de Colombia asumirá la elaboración de pasaportes a partir de 2025, buscando reformar los procesos de contratación pública para evitar sesgos y mejorar la transparencia.

La decisión final del Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto a la demanda de Thomas Greg & Sons tendrá repercusiones significativas en la política de contratación del Estado colombiano y en la gestión de servicios esenciales para los ciudadanos.