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Clan del Golfo: detectan ocho testaferros que lavaron activos por $46.000 millones
Involucrados en la adquisición y administración de bienes, y la creación de empresas y establecimientos de comercio
La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, afectó a la organización ilegal de Darwin Andrés Abad Sierra, alias 17; quien junto a alias ‘Plástico’ delinquirían para el Clan del Golfo.
Inicialmente, fueron capturados ocho presuntos integrantes del componente financiero de alias 17, que estarían involucrados en la adquisición y administración de bienes, y la creación de empresas y establecimientos de comercio, entre otras maniobras ilícitas utilizadas para darle apariencia de legalidad a dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes. De esta manera, al parecer, fueron blanqueados más de 46.000 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato. Los procesados son: Yonatan Arley Franco Molina, María Eugenia Monroy Barraza, Christian Fabian Hernández Cortés, Cindy Guzmán Nisperuza, Damaris de Jesús Sierra Echeverri, Armando Arturo Abad Álvarez, Karina Andrea Abad Sierra y Sebastián Abad Sierra.
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Alias 17 fue extraditado a Estados Unidos en 2022. Una Corte del Distrito de Texas lo requiere por el envío de toneladas de cocaína a ese país. Adicionalmente, le atribuye vínculos directos con el ‘Clan del Golfo’ y el cartel mexicano de Sinaloa (México).
Acciones adelantadas por la Dirección de Extinción de Dominio
Fiscales de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio ocuparon 90 bienes que harían parte del patrimonio ilegal de los integrantes de la red al servicio de alias 17. Entre los afectados con las medidas cautelares están varios familiares de Darwin Andrés Abad Sierra.
Se trata de 8 inmuebles urbanos, 5 rurales, 3 embarcaciones, 9 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 4 vehículos y 49 semovientes ubicados en Montería y Ciénega de Oro (Córdoba), y Medellín y Turbo (Antioquia). El valor preliminar de las propiedades afectadas superaría los 7.000 millones de pesos.
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