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Capturan a exconcejal de Caldas por presuntos delitos sexuales contra menores de edad
El exfuncionario habría grabado material pornográfico con adolescentes entre 12 y 15 años para distribuirlo internacionalmente.
Un exconcejal y exasesor de la Gobernación de Caldas fue capturado en Bogotá y enviado a prisión preventiva por presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad. El detenido, quien también ejerció como jefe de campaña política en el departamento, enfrenta graves acusaciones de explotación sexual infantil.
La captura se ejecutó el martes 25 de noviembre mediante orden judicial, y al día siguiente un juez ordenó su detención preventiva tras la audiencia de imputación de cargos. El exfuncionario no aceptó los señalamientos en su contra.
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre junio de 2023 y julio de 2025 en un apartamento del centrosur de Caldas. El imputado presuntamente utilizó a menores de entre 12 y 15 años para realizar actos sexuales y producir material pornográfico que posteriormente almacenaba en la nube y compartía con terceros en el extranjero.
Las autoridades señalan que el exconcejal habría pagado entre $180.000 y $500.000 a los menores, dependiendo del tipo de material producido. Además, habría instrumentalizado a una de las víctimas para reclutar a otros adolescentes mediante presión e incentivos económicos.
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Durante el operativo fueron incautados tres discos duros, tres celulares, un portátil y un computador que serán analizados como evidencia. Los archivos habrían sido almacenados en servicios como Google y transmitidos desde su teléfono celular.
La Fiscalía le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años agravado, pornografía con menores de 18, uso de menores en la comisión de delitos y actos sexuales con menores.
El caso ha generado conmoción en Caldas por la relevancia política del implicado. Las autoridades continúan con el análisis forense de los dispositivos incautados para identificar posibles víctimas adicionales y las rutas de distribución del contenido ilegal.
La defensa del acusado sostiene que se trata de una investigación en curso y será un juez quien determine su responsabilidad penal tras valorar las pruebas presentadas.
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