Capturan a coordinador de Defensa Civil por presunto abuso sexual a niña indígena

Una niña de 11 años perteneciente a una comunidad indígena fue víctima de presunto abuso sexual por parte de un coordinador operativo de la Defensa Civil Colombiana, según confirmaron las autoridades. La menor se encuentra embarazada con aproximadamente siete semanas de gestación.

El caso salió a la luz cuando la institución educativa de la víctima identificó señales de posible violencia sexual, lo que activó inmediatamente la "ruta blanca" de atención en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta acción desencadenó una investigación penal que resultó en la captura del presunto agresor.

La Dirección General de la Defensa Civil confirmó la apertura de una investigación disciplinaria por falta gravísima, conforme al artículo 30 de la Resolución 000292 de 2024. El voluntario fue suspendido provisionalmente de sus funciones ante la gravedad de las acusaciones y para prevenir mayores riesgos.

"La institución educativa hizo lo que correspondía: activó los protocolos, reportó el caso, y con el acompañamiento de las autoridades se pudo iniciar una investigación que hoy permite proteger a la menor", explicó una fuente cercana al proceso.

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La Seccional Cundinamarca de la Defensa Civil lidera el proceso interno, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Mientras tanto, la Fiscalía presentó pruebas que respaldan la acusación y avanza en la investigación judicial, indagando también si la madre de la menor podría tener algún grado de implicación en los hechos.

El secretario de Gobierno de Cota, Daniel Manchola, manifestó su rechazo categórico: "Rechazamos contundentemente cualquier acto violento en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio. Es lamentable que estos hechos que enlutan de algún modo a la población se generen".

Este caso evidencia las múltiples violencias estructurales que enfrentan las niñas y mujeres indígenas en Colombia: pobreza, discriminación y acceso limitado a servicios de protección. La víctima, además de pertenecer a una población históricamente marginada, era menor de edad, lo que agrava la situación y plantea serios desafíos para la prevención y atención efectiva de estos delitos.

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