Unidad de Restitución de Tierras en líos por hallazgos fiscales en cuantía de $13.694 millones

La Contraloría General de la República finalizó una auditoría financiera a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas correspondiente a la vigencia 2024. Como resultado, se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales seis tendrían presunto alcance fiscal por un total de $13.694 millones y ocho podrían tener connotación disciplinaria.

Entre los hallazgos fiscales, se evidenciaron pagos por $6.026 millones sin respaldo en decisiones judiciales. Los soportes presentados no justifican de manera adecuada los gastos ni garantizan la trazabilidad de los recursos. Se trata de actividades y conceptos de gasto contratados a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S.

En el contrato 040 de 2024 se encontraron deficiencias en los soportes de pagos por $2.711 millones. No se verificaron los costos ni se exigieron documentos que permitieran validar la correcta ejecución del contrato.

Además, se realizaron desembolsos por $2.066 millones a terceros no reconocidos por sentencia judicial. Estos pagos no contaron con aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la ejecución adecuada de las órdenes judiciales.

En el contrato fiduciario 2117 de 2023 se detectaron falencias en los soportes de gastos por $1.418 millones. La documentación presentada no permitió verificar la relación entre los recursos ejecutados y los precios del mercado.

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Asimismo, el contrato fiduciario 47 de 2024 presenta insuficiencia de soportes en gastos por $1.279 millones, principalmente en eventos logísticos, donde no hubo trazabilidad completa ni un detalle desagregado de bienes y servicios adquiridos.

Otro hallazgo señala un pago por $192 millones relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La Unidad de Restitución de Tierras asumió compromisos que correspondían a otra entidad pública, lo que representa riesgo de pagos sin justificación.

En cuanto a los hechos relevantes de la auditoría, la Contraloría destacó deficiencias en la articulación entre la Unidad de Restitución de Tierras y el Grupo Fondo de la misma entidad, lo que debilita la gestión pública y afecta el principio de eficiencia en el uso de los recursos.

También se hallaron falencias en los soportes de cumplimiento de fallos judiciales y contratos relacionados con operación logística. La Contraloría emitió opinión contable con salvedades, concepto presupuestal no razonable y un concepto con deficiencias sobre el control interno financiero de la entidad.

Finalmente, se advirtieron riesgos en la administración de predios debido a debilidades en los controles para determinar el valor comercial o catastral de los bienes, así como en el proceso de contratación y subcontratación, con gastos mal soportados y sin trazabilidad detallada.

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