Alias El Enfermero será juzgado por abortos forzados en las Farc, según la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, identificado durante su pertenencia a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) con los alias de ‘El Enfermero’ o ‘El Médico’, deberá enfrentar un juicio en la Unidad de Investigación y Acusación, instancia equivalente a una fiscalía dentro de ese sistema de justicia transicional.

La determinación fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, al constatar que el compareciente negó su participación en una serie de prácticas sistemáticas calificadas como violencias reproductivas cometidas contra mujeres reclutadas, incluidas menores de edad, entre los años noventa y comienzos de los dos mil.

La decisión de llevar a Arboleda Buitrago a la siguiente fase procesal dentro del Caso 07 —relacionado con el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado— se fundamenta en la evaluación de pruebas documentales, testimonios de víctimas y análisis de contexto entregados por organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la JEP, el conjunto de conductas por las cuales se le investiga, incluyendo abortos forzados, homicidio de neonatos en condición de persona protegida y tortura, se inscribe en un patrón reiterado de violencia que puede ser clasificado como crimen de guerra bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario.

La JEP estableció que los procedimientos médicos que habría practicado Arboleda no respondían a criterios clínicos ni contaban con consentimiento informado.

Según las evidencias reunidas por la jurisdicción, los actos imputados consistieron en la implementación de abortos sin autorización de las víctimas y en la administración obligatoria de anticonceptivos, dentro de condiciones sanitarias precarias, ajenas a cualquier protocolo médico.

Las afectadas habrían sido integrantes femeninas de unidades armadas de las FARC, en zonas rurales de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca.

El periodo en el que presuntamente ocurrieron estos hechos se sitúa entre 1997 y 2004. Durante ese lapso, de acuerdo con informes de fuentes oficiales y no gubernamentales, el compareciente se habría movilizado entre distintos frentes y bloques del grupo insurgente, realizando intervenciones sobre cuerpos de mujeres bajo presiones jerárquicas, con el propósito —según determinaron diversos informes de contexto— de impedir nacimientos en el interior de las filas guerrilleras, considerados un obstáculo logístico para el funcionamiento de las unidades armadas.

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La Sala de Reconocimiento valoró que, pese a haber sido llamado a comparecer en varias oportunidades, Arboleda no ofreció un reconocimiento claro ni pleno de su posible participación en estos hechos, incumpliendo los estándares de verdad exigidos por la JEP para el acceso a beneficios jurídicos.

De ahí que se determinara trasladar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación, cuya función es adelantar el juicio bajo garantías procesales, con participación de las víctimas acreditadas y observancia del principio de centralidad de sus derechos.

En la justicia ordinaria también cursan investigaciones en su contra por delitos similares. Desde hace varios años, la Fiscalía General de la Nación ha documentado testimonios de mujeres desmovilizadas que señalaron a Arboleda como responsable de intervenciones médicas coercitivas y realizadas sin condiciones mínimas de salubridad.

Algunos de esos relatos coinciden con los recogidos en el expediente de la JEP, en los que se describe la existencia de un régimen interno de control reproductivo en los campamentos de las FARC, con medidas impuestas para evitar embarazos o interrumpirlos en caso de que se produjeran.

El colectivo Rosa Blanca, integrado por mujeres que fueron reclutadas en su infancia y adolescencia por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ha venido entregando desde el año 2019 un conjunto de denuncias y testimonios sobre las violencias sufridas al interior de esa organización armada.

Sus declaraciones han sido remitidas tanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como a la Comisión de la Verdad, y contienen información sobre prácticas sistemáticas de abuso sexual, abortos forzados, tortura, violencia física, trabajo forzado y desapariciones dentro de los campamentos guerrilleros.

Según los testimonios recabados por el colectivo, muchas de las víctimas fueron reclutadas siendo menores de edad, algunas con apenas 10 o 12 años, bajo engaños o amenazas.

Una vez dentro de las filas de las Farc, fueron sometidas a un régimen de control físico y emocional. Las mujeres relataron que el ingreso forzado a la vida armada implicaba también una disposición de sus cuerpos, ya que eran obligadas a sostener relaciones sexuales con mandos medios y altos, sin posibilidad de consentimiento y bajo constante intimidación.

Uno de los aspectos más reiterados en las declaraciones del colectivo Rosa Blanca es la práctica de abortos forzados. De acuerdo con sus versiones, las guerrilleras embarazadas eran obligadas a interrumpir la gestación, muchas veces mediante procedimientos realizados en condiciones precarias, sin asistencia médica profesional ni garantías de salubridad.

Estas intervenciones, afirman las denunciantes, eran ejecutadas por individuos sin formación médica o por personas señaladas como enfermeros de guerra, bajo órdenes superiores que prohibían los nacimientos en la estructura armada, por considerarlos una carga operativa.

Entre los nombres mencionados con mayor frecuencia por las integrantes del colectivo se encuentra el de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido con los alias de “El Enfermero” o “El Médico”, quien fue señalado por haber practicado múltiples abortos a menores de edad sin su consentimiento.

Sus relatos sirvieron de base para el proceso abierto en la JEP contra este compareciente, actualmente encaminado a juicio por crímenes de guerra y violencia reproductiva.

Las mujeres agrupadas en Rosa Blanca también han insistido en que estas prácticas no fueron hechos aislados sino parte de una política interna de las FARC, autorizada por mandos superiores.

Relataron que las mujeres que se resistían eran castigadas, separadas de sus compañeros sentimentales o, en algunos casos, sancionadas con trabajos forzados o reclusión.

Algunas testimonios apuntan a que varias de sus compañeras murieron durante los procedimientos o fueron desaparecidas tras insistir en continuar con sus embarazos.

Además del abuso sexual y los abortos forzados, las víctimas también han documentado la manera en que fueron entrenadas en combate, forzadas a participar en hostilidades armadas y sometidas a vigilancia permanente, sin posibilidad de escape.

El colectivo ha sostenido que muchas de ellas fueron reclutadas sin que sus familias supieran su paradero durante años. En algunos casos, las menores fueron sacadas de sus comunidades con promesas falsas de educación o bienestar, y una vez dentro de las filas guerrilleras, se les confiscaban documentos y se restringía toda comunicación con el exterior.

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Desde su creación, el colectivo Rosa Blanca ha exigido al Estado colombiano garantías para su participación en los procesos de justicia transicional, así como protección efectiva para sus integrantes.

También han reclamado una revisión crítica del enfoque de género en los acuerdos de paz, al considerar que la violencia sexual sistemática ejercida por la guerrilla no ha sido reconocida de forma proporcional a la magnitud de los hechos.

En diversas audiencias públicas y foros organizados por entidades estatales, las voceras del colectivo han cuestionado que exjefes de las Farc vinculados a estas prácticas sigan en libertad, ocupando cargos políticos sin haber reconocido plenamente sus responsabilidades.

En particular, han pedido que se retiren beneficios jurídicos a quienes no han entregado información suficiente ni han dicho la verdad en los procesos ante la JEP.

La JEP ha abierto líneas de investigación específicas sobre violencia sexual, reproductiva y de género en el marco del conflicto armado, pero aún no ha emitido sentencias sobre estos crímenes.

Las integrantes de Rosa Blanca han solicitado que se les reconozca como víctimas diferenciales en esos procesos y que se acelere la inclusión de sus casos en los macrocasos priorizados por la jurisdicción.

Algunas de las integrantes del colectivo han recibido amenazas tras dar a conocer sus relatos. Por esa razón, el grupo ha pedido el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de garantizar su integridad y el derecho a la verdad, justicia y reparación.

El colectivo Rosa Blanca ha sido objeto tanto de respaldo como de controversia. Mientras organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos valoran el esfuerzo por visibilizar estos hechos, sectores afines al antiguo grupo insurgente han puesto en duda su legitimidad o han acusado a sus integrantes de buscar beneficios políticos.

No obstante, las denuncias han sido admitidas como insumos relevantes por la JEP y han motivado líneas de investigación orientadas a esclarecer prácticas sistemáticas de violencia de género en la guerra.

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