Alerta por suspensión de alimentación a 250 sindicados en centros transitorios de Pereira

Tras una reunión realizada este 29 de diciembre con las autoridades competentes, la Procuraduría General de la Nación alertó que 250 personas privadas de la libertad (PPL), en condición de sindicados, podrían quedarse sin servicio de alimentación en los centros transitorios de Pereira a partir del 1 de enero de 2026.

A través de la Regional de Instrucción de Risaralda, el Ministerio Público instó a la Alcaldía de Pereira y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a adoptar medidas urgentes para garantizar el suministro de alimentos, con el fin de evitar una crisis humanitaria que podría derivar en tratos crueles, inhumanos y degradantes.

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La Procuraduría advirtió que la eventual suspensión del servicio afectaría derechos fundamentales de las personas sindicadas y, además, podría generar riesgos para la seguridad en las estaciones de Policía y en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV) de la ciudad.

Según se informó, el municipio de Pereira asumió desde el 1 de julio de 2025 la alimentación de los privados de la libertad sindicados en centros transitorios; sin embargo, la administración municipal manifestó no contar con los recursos ni con las condiciones técnicas necesarias para continuar con esta obligación. 

Por su parte, la Uspec sostuvo que esta población no fue incluida en su planeación del servicio alimentario, dado que la entidad territorial asumió la responsabilidad desde esa fecha.

Ante este escenario, para el miércoles 31 de diciembre está prevista una nueva reunión en la que se espera alcanzar un acuerdo que permita garantizar la alimentación de las 250 personas en riesgo. Entre tanto, la Procuraduría, a través de su Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la Regional de Instrucción de Risaralda y la Provincial de Instrucción de Pereira, mantiene el seguimiento al caso dentro de sus competencias, con el objetivo de encontrar una solución inmediata.

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