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Admiten demanda contra designación de disidentes de las FARC como gestores de paz
La resolución que designó a Édgar “Firu” Orrego y otros disidentes ha sido cuestionada por supuestas violaciones a los derechos de las víctimas del conflicto.
El Consejo de Estado de Colombia ha admitido una demanda de nulidad contra la resolución 345 del 30 de agosto de 2024, que designa a varios disidentes de las FARC como gestores de paz. Entre los implicados se encuentran Édgar de Jesús Orrego Arango, alias “Firu”, cabecilla del frente 36; Wenser Yosony Duque, alias “Oliver González”, miembro del frente Raúl Reyes; María Alejandra Ojeda Londoño; y Omar Delgado Novoa, alias “Boyaco”.
La designación ha suscitado una intensa controversia, especialmente a la luz de la reciente captura de algunos de estos disidentes cuando se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección en el norte de Antioquia. Este hecho ha reavivado el debate sobre la legitimidad de otorgar roles de mediación a individuos con antecedentes en el conflicto armado.
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Santiago Suárez, un estudiante de Derecho del Tecnológico de Antioquia, es el autor de la demanda y ha argumentado que la decisión del Gobierno nacional no solo infringe los derechos y la dignidad de las víctimas del conflicto, sino que también contraviene principios constitucionales fundamentales, como el derecho a la igualdad ante la ley. "Todos los colombianos tenemos derecho a ser procesados o juzgados con las mismas condiciones. No se puede ofrecer beneficios especiales a quienes están implicados en delitos graves bajo el pretexto de su papel como gestores de paz", afirmó Suárez en una entrevista con Blu Radio.
Además, Suárez ha solicitado que se implemente una medida cautelar para que la resolución quede sin efecto mientras se toma una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado. Este proceso judicial incluirá la notificación a la Presidencia, la práctica de pruebas, alegatos finales y una decisión que podrá ser impugnada por cualquiera de las partes involucradas.
A medida que avanza el proceso, la atención se centra en las implicaciones legales y éticas de integrar a excombatientes en la búsqueda de paz.
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