JEP confirma responsabilidad de 12 militares del Batallón La Popa en crímenes de guerra

En una decisión histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó en el proceso judicial contra altos mandos militares responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate o los mal llamados 'falsos positivos' en la Costa Caribe. La Sección de Reconocimiento de Verdad confirmó la responsabilidad de 12 militares y añadió nuevos delitos a las imputaciones.

En su más reciente resolución, el Tribunal Especial corroboró las investigaciones del Subcaso Costa Caribe, que cubre homicidios ocurridos en Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena. El Auto 011 de 2024 detalló el asesinato y desaparición forzada de 135 personas, entre ellas miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, así como campesinos y otros en condiciones de vulnerabilidad. La sección también ordenó incluir a las víctimas en el Registro Único de Víctimas y proteger el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, donde se recuperaron 282 cuerpos no identificados para avanzar en la búsqueda de desaparecidos.

Nuevas imputaciones por tortura y persecución étnica

En una actualización jurídica, la JEP incluyó los delitos de tortura y persecución en las imputaciones de este caso, argumentando que algunos asesinatos fueron acompañados de sufrimientos graves y que hubo motivaciones étnicas en los ataques a las comunidades indígenas. La JEP documentó cómo, en algunos casos, las víctimas fueron sometidas a restricciones alimentarias y de circulación en un marco de control social y persecución, señalando una alianza entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en la zona.

Además, la JEP identificó dos patrones de violencia sistemática en los homicidios: una colaboración entre militares y paramilitares que implicaba la entrega y asesinato de civiles acusados de subversión, y la ejecución de personas vulnerables traídas de otras regiones bajo falsas promesas, posteriormente reportadas como muertes en combate. Estos patrones, según la JEP, reflejan una "degradación" del conflicto armado, afectando de forma desproporcionada a víctimas por género, etnicidad y discapacidad.

La JEP destacó el impacto de estos crímenes en la vida y el entorno de las víctimas y comunidades, afectando su bienestar físico, emocional y cultural, así como el Territorio y el medio ambiente. La decisión garantiza que los 12 comparecientes enfrentarán sanciones adecuadas, protegiendo a su vez los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

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