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SIC formula cargos por esquema de corrupción en la Ungrd

Superindustria destapó un entramado de corrupción que direccionó contratos por más de $86.000 millones.

ungrd 13 sept
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 05/09/2025 - 18:08 Créditos: UNGRD

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra exfuncionarios y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como contra el empresario Luis Eduardo López Rosero y varias de sus sociedades, por presuntamente haber ejecutado un esquema de corrupción que afectó la libre competencia en seis procesos de contratación.

Según la entidad, el sistema anticompetitivo investigado se habría materializado entre 2023 y 2024, mediante una coordinación ilegal entre funcionarios de la Ungrd y el proponente favorecido, con el presunto direccionamiento de contratos que superaron los $86.000 millones. Estos procesos estaban destinados a atender emergencias que afectaban a las comunidades más vulnerables del país.

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Las pesquisas preliminares de la Delegatura de Protección de la Competencia identificaron que López Rosero habría inscrito de manera sistemática a empresas bajo su control en los procesos de selección, con el fin de simular pluralidad de oferentes y competencia. 

Sin embargo, dichas compañías actuaban de forma coordinada para presentar propuestas con sobrecostos, recursos que luego habrían sido destinados al pago de sobornos.

Dentro de los señalados como responsables de direccionar los procesos aparecen Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exfuncionarios de la Ungrd, quienes habrían facilitado la adjudicación de contratos a favor de las empresas de López Rosero.

De comprobarse la responsabilidad de los investigados, la SIC podrá imponer sanciones económicas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $142.000 millones. 

Con esta decisión, la Superintendencia reiteró su compromiso en la lucha contra las prácticas de corrupción que afectan la libre competencia y comprometen la contratación pública en detrimento de las poblaciones más necesitadas del país.

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