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Presupuesto para 2026 muestra recorte del 27% en inversión pública
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alerta sobre las dificultades financieras que enfrentará el país el próximo año.

El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda el pasado 4 de abril revela importantes desafíos fiscales para Colombia. Según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el presupuesto de $521,2 billones —un 2% menos que el actual— plantea un panorama preocupante: mientras la inversión pública sufriría un drástico recorte del 27%, el gasto destinado al pago de deuda aumentaría un 17%.
El documento preliminar muestra cómo se distribuirían los recursos estatales en 2026: $324,8 billones (62%) irían a gastos de funcionamiento, $137,4 billones (27%) al servicio de la deuda pública, y apenas $59 billones (11%) se destinarían a inversión pública.
La caída en inversión representa $22 billones menos respecto a los $81 billones de 2025, afectando gravemente sectores clave como Inclusión Social (-$5,7 billones), Minas y Energía (-$4,9 billones), Educación (-$4,6 billones), Agricultura (-$2,9 billones) e Igualdad y Equidad (-$1,7 billones), entre otros.
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"De cada $100 pesos que gastará el Estado el próximo año, $27 se destinarán al pago de deuda", señala el informe del Observatorio, que advierte sobre las consecuencias de esta tendencia: "El gasto en inversión pública continúa cayendo, mientras los pagos por servicio de deuda se incrementan y el gasto de funcionamiento sigue representando más del 60% del presupuesto".
Esta distribución presupuestaria limita severamente la capacidad del gobierno para ejecutar proyectos estratégicos, modernizar infraestructura o ampliar servicios sociales, justo cuando más se necesitan para cerrar brechas estructurales y promover el desarrollo.
El análisis concluye que Colombia enfrenta una política fiscal cada vez más condicionada por el endeudamiento y las rigideces presupuestales, lo que compromete la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales y territoriales más urgentes.
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