Citación de la Fiscalía pone en duda la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol

La permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol enfrenta su mayor tensión desde que asumió el cargo en abril de 2023. Tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, ahora debe responder ante la Fiscalía por una investigación que apunta a la compra de un inmueble en el norte de Bogotá.

El ente acusador citó a Roa a un interrogatorio este miércoles 10 de diciembre en calidad de indiciado. La diligencia busca esclarecer si la adquisición del apartamento 901, ubicado en el sector del Museo del Chicó, se realizó por debajo de su valor comercial y si la transacción, firmada en diciembre de 2022, pudo estar asociada a intereses contractuales vinculados a Ecopetrol antes de que Roa fuera designado como presidente de la compañía estatal.

La Fiscalía revisa especialmente la relación entre Roa y el empresario italiano Serafino Iácono, vendedor del inmueble, para determinar si la operación fue completamente legal o si encubrió un eventual intercambio de favores que, de comprobarse, comprometería la gestión de Ecopetrol. Roa pagó 1.800 millones de pesos por el apartamento, cifra que, según investigaciones periodísticas, sería inferior al valor de mercado teniendo en cuenta su ubicación y características.

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Iácono negó cualquier irregularidad mediante un comunicado divulgado en las últimas horas. Aseguró que la venta se ajustó a la ley, que no tiene vínculo alguno con procesos de contratación petrolera en Colombia y que el bloque Sinú 9 —mencionado en versiones preliminares— fue adquirido en 2017 por empresas relacionadas con NG Energy. El empresario afirmó haber entregado toda la documentación requerida a las autoridades.

El caso del apartamento se suma a la indagación que adelanta la Fiscalía por la financiación de la campaña presidencial de 2022, lo que sitúa a Roa en el centro de dos procesos simultáneos. Aunque su inocencia se presume, el escenario judicial ha aumentado la presión política y empresarial en torno a su futuro.

En sectores del Gobierno, del Congreso y del gremio energético crece la percepción de que una eventual renuncia permitiría proteger la estabilidad de Ecopetrol en medio del ruido institucional. Aun sin decisiones oficiales, la continuidad de Roa en la compañía parece cada vez más incierta.

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