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Fiscalía asegura que exboxeador Julio César Chávez Jr. castigaba a puños a miembros del cártel de Sinaloa
El excampeón mundial de boxeo y sus prácticas criminales.

El excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr., de 39 años, fue detenido recientemente en territorio estadounidense por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) tras ser identificado como objeto de un proceso administrativo de deportación.
Las autoridades federales confirmaron que el ciudadano mexicano, hijo del reconocido pugilista Julio César Chávez, será expulsado del país luego de determinarse que reside de manera irregular y que habría incurrido en conductas que comprometen la seguridad pública, además de haber emitido información falsa en su intento de regularizar su situación migratoria.
El arresto se produjo el pasado jueves, pocos días después de que el deportista participara en una pelea en Anaheim, California, donde fue derrotado por el creador de contenido y boxeador aficionado Jake Paul.
La aprehensión tuvo lugar en Studio City, Los Ángeles, como resultado de un operativo discreto coordinado por personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que venía realizando labores de seguimiento desde mediados del año pasado.
Según los registros oficiales, Chávez Jr. ingresó de forma legal a Estados Unidos en agosto de 2023 mediante una visa de turista tipo B2, la cual tenía una vigencia hasta el mes de febrero de 2024.
Sin embargo, dos meses después del vencimiento de su visado, presentó una solicitud para adquirir la residencia permanente en calidad de cónyuge de una ciudadana estadounidense, proceso que quedó bajo evaluación de las autoridades migratorias.
El caso tomó un giro cuando las agencias encargadas del control migratorio detectaron inconsistencias y presuntas omisiones en los documentos y declaraciones entregadas por el solicitante.
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Las investigaciones posteriores concluyeron que Chávez Jr. habría emitido “múltiples declaraciones fraudulentas” durante el proceso, lo que abrió la puerta a su inclusión en una causa administrativa de expulsión.
Fuentes oficiales vinculadas al caso confirmaron que la ciudadana estadounidense con la que Chávez Jr. contrajo matrimonio también fue objeto de indagaciones.
Las autoridades establecieron que dicha persona mantuvo previamente una relación sentimental con un hijo fallecido de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como ‘el Chapo’, exlíder del Cartel de Sinaloa, organización considerada como uno de los grupos de narcotráfico más influyentes en la región.
Con base en estos elementos, el Gobierno estadounidense formuló señalamientos sobre posibles nexos de Chávez Jr. con integrantes o redes relacionadas con dicho cartel, aunque hasta el momento no se ha presentado una imputación formal en su contra por delitos de narcotráfico o conspiración.
No obstante, ya en diciembre de 2024, una evaluación de riesgo elaborada por las autoridades federales clasificó a Chávez Jr. como “una amenaza significativa para la seguridad pública”.
Pese a esa calificación, en ese momento se determinó que su caso no representaba una prioridad operativa inmediata, por lo cual no se procedió con su detención ni deportación, en el marco de las políticas migratorias vigentes.
Con la información recolectada posteriormente y los hallazgos sobre las inconsistencias documentales en su proceso de ajuste migratorio, la situación jurídica de Chávez Jr. se tornó insostenible. Finalmente, se ejecutó la orden de detención administrativa con fines de deportación.
El proceso de remoción migratoria está actualmente en curso. Las autoridades han confirmado que será retornado a México en las próximas semanas, una vez culminen los trámites pertinentes.
Hasta el momento, ni el deportista ni sus representantes legales han emitido declaraciones públicas respecto a los cargos administrativos o las acusaciones colaterales que lo vinculan con actividades ilegales.
Este nuevo episodio se suma a una serie de controversias que han rodeado la carrera y la vida personal de Chávez Jr. en los últimos años, marcadas por problemas de disciplina deportiva, investigaciones sobre su entorno financiero y cuestionamientos sobre sus vínculos personales.
Aunque no se han formulado cargos penales dentro del territorio estadounidense en relación con actividades delictivas específicas, su expulsión obedece a consideraciones migratorias y de seguridad, enmarcadas dentro de las políticas de control fronterizo implementadas por el actual Gobierno.
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