El pasado 11 de marzo, un juez envió a prisión al expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antía. Lo propio sucedió hace más de un mes con Guillermo Grosso Sandoval, quien se desempeñó como agente interventor de la EPS. Mientras ambos exdirectivos de la que fuera la entidad promotora de salud, están recluidos en las cárceles La Modelo y La Picota, el proceso de liquidación que atraviesa dificultades recibió un ultimátum y únicamente deberá terminarse el próximo 24 de junio de 2019 como último plazo que le dio el gobierno a la actual agente especial liquidadora Ángela María Echeverry.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, hizo un corte de cuentas al proceso con el propósito de establecer cuáles han sido realmente los costos para el Estado, luego de tomar la decisión de efectuar la intervención forzosa administrativa para liquidar a Saludcoop, Entidad Promotora de Salud, Organismo Cooperativo, tomada el 24 de noviembre de 2015, cuando producto de presuntos manejos indebidos por parte de Palacino y su equipo directivo, la Superintendencia Nacional de Salud, determinó cerrar sus puertas luego de 21 años de funcionamiento, en momentos que tenía más de siete millones de afiliados y llegó a convertirse en una de las diez empresas más grandes del país.
Las cuentas de la EPS, refieren que ya lleva 3 años y 6 meses en proceso de liquidación. Varias veces sus agentes especiales de liquidación han solicitado prórroga para culminar el proceso. Ahora, solo quedan 6 meses para cerrar todo en razón a que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que dicha liquidación no puede prolongarse por más de cuatro años desde su inicio y estos se cumplen en junio próximo. Lo cierto, es que por la complejidad del proceso, cumplir este tiempo no será una misión fácil.
La liquidación de la EPS se ha centrado en la enajenación y comercialización de todos los activos. Una gestión que tiene como propósito efectuar el pago de las millonarias acreencias que dejó el cierre de Saludcoop. El corte de cuentas señala que existen varios bienes que no han sido vendidos a terceros por su valor, la falta de ofertas y las medidas cautelares que han decretado varias autoridades.
Aquí radica el primer gran escollo que tiene el cierre definitivo de Saludcoop. Las acreencias han sumado más de ocho billones de pesos, el equivalente a lo que aspira a recaudar el gobierno nacional por la reforma tributaria o Ley de Financiamiento. De esta cifra, equivalente a 29.659 acreencias, solo se ha reconocido el 37% de ellas, es decir, 3.2 billones de pesos.
Aquí radica el primer gran escollo que tiene el cierre definitivo de Saludcoop. Las acreencias han sumado más de ocho billones de pesos, el equivalente a lo que aspira a recaudar el gobierno nacional por la reforma tributaria o Ley de Financiamiento. De esta cifra, equivalente a 29.659 acreencias, solo se ha reconocido el 37% de ellas, es decir, 3.2 billones de pesos.
Lo cierto, es que los activos que tiene la compañía con fecha de corte a octubre pasado son 23.338 bienes muebles, equivalentes a 5.245 millones de pesos, algunos de los cuales se encuentran deteriorados por el uso y el paso del tiempo. De igual manera, los denominados activos secundarios, conformado por 394 bienes inmuebles, de los cuales se han enajenado 353, existen 41 pendientes de ser vendidos. En otras palabras, lo que se viene presentando es que existe una significativa diferencia entre los activos que tiene la EPS y las deudas que debe cancelar. En esta medida, le corresponde al gobierno asumir las millonarias deudas, que según varios analistas del sector plantean la duda si fue peor la cura que la enfermedad.
Otra cifra que refleja la magnitud del problema son las deudas que se tienen por concepto de prestación de servicios, conocidas como acreencias de clase B que generaron que varios proveedores, en su mayoría, clínicas y hospitales aún sientan el coletazo de la liquidación y estén pasando por graves dificultades financieras. En concreto, una liquidación que según el superintendente de la época, Conrado Gómez, era necesaria, pero que sigue teniendo en aprietos a muchas IPS.
Los números dan cuenta de esta situación. El más reciente reporte, señala que por prestación de servicios la EPS, recibió 2.377 acreencias por un valor de 4.5 billones de pesos de los cuales reconoció 1.3 billones de pesos, el equivalente al 30% del total reclamado. Un análisis financiero, da cuenta que estas deudas clase B representan el 45% del total. Surge aquí otra nueva dificultad, porque la diferencia en este rubro de más de tres billones de pesos implica una avalancha de procesos que se adelantan actualmente en los juzgados civiles y cuya responsabilidad recae en el Estado.
Paradójicamente, está pendiente la segunda instancia de un proceso en el Consejo de Estado que obligaba a la EPS a pagar 1.4 billones de pesos como sanción fiscal impuesta por la Contraloría y una indemnización por 32.000 millones de pesos que pidió el expresidente Carlos Palacino, al considerar que sufrió daños económicos por la decisión del Estado de intervenir a la EPS.
Otros líos que afronta la liquidación es que hay 3.735 acreencias extemporáneas por 177.573 millones de pesos, que a corte de octubre no habían sido calificadas. Los pleitos laborales, también están a la orden del día como quiera que está pendiente el 20% de ellas. De igual forma, las deudas con prestadores de servicios de salud pendientes de pago equivalen al 74%, de ese mismo periodo.
El manejo de los inmuebles, es la otra piedra en el zapato. De hecho, según registros entregados hace pocas semanas a la Superintendencia de Salud, hay para la venta 41 bienes entre oficinas, clínicas, lotes y casas cuyo avalúo en libros asciende a 353.451 millones de pesos. En lo que tiene que ver concretamente con las clínicas, son 11, su avalúo estimado es de 336.308 millones y de ellas, nueve se encuentran en arriendo y dos desocupadas.
El manejo de los inmuebles, es la otra piedra en el zapato. De hecho, según registros entregados hace pocas semanas a la Superintendencia de Salud, hay para la venta 41 bienes entre oficinas, clínicas, lotes y casas cuyo avalúo en libros asciende a 353.451 millones de pesos. En lo que tiene que ver concretamente con las clínicas, son 11, su avalúo estimado es de 336.308 millones y de ellas, nueve se encuentran en arriendo y dos desocupadas.
Y como Saludcoop se volvió un grupo empresarial que tenía compañías de vigilancia, suministro de alimentos, confección de uniformes, entre otras, tiene participación accionaria en 14 empresas, un proceso de venta nada fácil, que según cifras técnicas están avaluados en 97.500 millones de pesos. A este hecho se suma, el pleito que existe con Medimás, que adquirió a Cafesalud de propiedad de Saludcoop, también en dificultades, porque, entre otros líos, una de sus filiales, Esimed, de las 18 clínicas que tiene en arriendo, 11 son de la eps en liquidación.
Recuperar cartera, es otra misión bien difícil. A la EPS en liquidación, le deben 202.116 millones de pesos, de la cual el 79% la adeuda la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, que reemplazó al Fosyga por concepto de recobros no POS y por reembolsos en materia de incapacidades.
Un proceso que además ha tenido millonarios costos, en parte, justificados por la complejidad del mismo. Si bien, con corte a septiembre de este año, la EPS en liquidación ha tenido ingresos por 321.245 millones, registros analizados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, muestran que los gastos en este proceso llegan a 125.418 millones de pesos y que para otras labores similares hay en caja 195.826 millones de pesos.
A las múltiples dificultades que ha tenido el proceso de liquidación, también se suma la indagación que adelanta la Contraloría que señala que en la intervención de la EPS Saludcoop, se habría generado un posible detrimento de 80.631 millones de pesos. Un proceso, que avanza en la delegada para el sector social del organismo de control. En esencia, lo que se investiga es el manejo irregular que su antiguo interventor le habría dado a los recursos de la salud, que según testimonios conocidos, fue advertido por algunos asesores de Guillermo Grosso, pero no fueron escuchados.
Así las cosas, el seguimiento realizado a la ejecución del cronograma de actividades con corte al 30 de septiembre de 2018, muestra un supuesto avance del 69%. Sin embargo, a solo seis meses que quedan para cumplirse el plazo fijado por la ley, las cosas parecen muy difíciles de cumplir, la razón es como lo reconoció el propio Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente de Salud, quedan, “pendiente por culminar actividades de alta prioridad como son la enajenación de activos, pago de acreencias por prestación de servicios de salud, cobro de cartera, gestión de archivo y terminación de la existencia legal”.
Como lo reconoció el propio Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente de Salud, quedan, “pendiente por culminar actividades de alta prioridad como son la enajenación de activos, pago de acreencias por prestación de servicios de salud, cobro de cartera, gestión de archivo y terminación de la existencia legal”.
A ello se suma, la eficiencia o no con que la firma contralora de este proceso Baker Tilly Colombia Ltda, que tiene como alfil al exfiscal, Alfonso Valdivieso, haga en cuanto al seguimiento al plan de trabajo que actualmente adelanta la agente especial liquidadora, Ángela María Echeverry. De hecho, esta agente, debe presentar a la Supersalud, a más tardar el próximo 28 de diciembre, un cronograma modificado del proceso liquidatorio y un nuevo presupuesto estimado para llevar a cabo las actividades pendientes de culminar.
En cuanto al caso, la abogada y agente especial liquidadora, Ángela María Echeverry, ha señalado, en informes reportados, a la Superintendencia Nacional de Salud y públicamente que pese a las dificultades el proceso de liquidación de la EPS, sigue avanzando y que se van a cumplir los términos establecidos por la ley.
Han pasado 24 años de la creación de Saludcoop. El sueño de Carlos Palacino, un hombre que se inició como mensajero en el sector cooperativo hasta llegar a lo más encumbrado del mundo empresarial colombiano. En una casa, ubicada en el barrio Pasadena, al norte de Bogotá, comenzó y consolidó un emporio de la salud. Manejos cuestionados, rivalidades en el sector, decisiones del gobierno y los organismos de control, derrumbaron su conglomerado. Hoy, el poderoso hombre de la salud afronta en el patio once, de la torre e, de la cárcel La Picota en Bogotá, los cuestionamientos de la justicia. Quedan solo seis meses para que, oficialmente, la historia de Saludcoop llegue a su fin.
