Cuando se pensaba que el fraude para obtener una pensión en Colombia era asunto del pasado, la realidad muestra que esta práctica está más vigente que nunca. Mediante varias modalidades miles de personas han accedido a una jubilación sin tener derecho a esta. La revisión de 23.346 casos que se efectuó entre los meses de abril a agosto de este año, detectó que 3.210 solicitudes de pensión o aumento del valor de la mesada se efectuaron mediante conductas ilegales. Por esta razón, se ofició a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, para que determine si traslada estos casos a la Fiscalía General de la Nación.
A 300 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, entre sus 50.000 habitantes, aparece María Idalba Ortíz. Según acreditó en su solicitud de sustitución pensional, convivió con Jaime Cardona Valdéz, quien falleció. Hasta esa población llegó un investigador para certificar la veracidad de los datos suministrados. La solicitante argumentó residir en Dosquebradas, Risaralda, con su hija. Sin embargo, cuando fue requerida para que precisara su dirección de residencia en Chinchiná, contestaba con evasivas. Finalmente aceptó ir hasta ese municipio y una vez en el lugar, muy nerviosa y evasiva solicitó hacer una llamada a la persona, que según ella era su asesor en el trámite.
Pocos minutos después, apareció un hombre quien se identificó como Carlos Alberto Quintero, exgerente nacional comercial del desaparecido Instituto de Seguros Sociales, ISS. Entretanto, la solicitante cambió tres veces su versión sobre la convivencia que tuvo con el fallecido Cardona Valdéz. Pero de nuevo Quintero fue entrevistado para conocer más información de María Idalba Ortiz, a lo cual respondió que apenas la conocía porque fue su peluquera.
Al instante, en breve diálogo con el investigador, Quintero ingresó a la casa de Ricardo Perea Ramírez quien reside al frente del Hospital de Chinchiná. Entonces, Quintero, abordó de nuevo al investigador quien, según relato conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, le ofreció dinero y trabajar conjuntamente. “Por favor acépteme y trabajamos juntos, tengo más casos”. Luego del ofrecimiento se encontró que el exdirectivo tiene varias oficinas de asesoría en pensiones conocida como ‘Enlace Pensional’, que presta servicios de asesoría en Bogotá, el Eje Cafetero, Huila, Tolima, Valle, Girardot y Cundinamarca.
Sin embargo, registros revisados por esta Agencia, evidencian otros detalles del modus operandi de Quintero. Su nombre no es desconocido en círculos de la justicia. El 1 de junio de 2011 fue capturado por agentes del CTI en Bogotá, señalado de encabezar una red que cobraba por gestionar pensiones sin cumplir los requisitos de ley. El exdirectivo aceptó su responsabilidad y luego de un preacuerdo con la Fiscalía fue condenado el 26 de agosto de ese año a 56 meses de prisión. No obstante, cuatro años después, un juez de ejecución de penas, le concedió la libertad condicional, con una particularidad, el próximo 24 de diciembre finalizará el término establecido por el juzgado como periodo de prueba de buen comportamiento y no volver a delinquir.
En otra historia en la que también se pretende una sustitución pensional, se estableció que el solicitante, Leonardo Antonio Galeano Olaya no convivió con María Raquel Olaya Ortiz, quien falleció en febrero de este año. A pesar de intentar acreditar una convivencia ininterrumpida, primero en unión libre desde 1998 y luego como esposos desde el 15 de junio de 2010, según registro de matrimonio. Pero la realidad, al parecer, era otra. Según los testimonios de allegados a Olaya Ortiz, ella era soltera y sin hijos. Con un componente adicional, el investigador logró establecer que Galeano Olaya, quien intenta demostrar un vinculo matrimonial, es en realidad su sobrino. Un hecho ratificado por familiares de la fallecida.
No menos importante, resulta el caso de Neiner Alexander Rodríguez Santiago, beneficiario de Bernardo José Rodríguez. Con el propósito de obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional, nieto y abuelo hicieron el trámite. Lo propio ocurrió con los pensionados José Arlex Castaño Morales y Efraín Antonio Gutiérrez Parra. En todos los casos, certificaron que convivían para acceder al beneficio, pero averiguaciones en los municipios en donde viven ubicados en los departamentos de Santander, Risaralda, Magdalena, concluyó que simplemente trataban de justificar una convivencia que no existió para incrementar presuntamente la pensión por personas a cargo.
Y así, por todo el país, pululan los tramposos que buscan pensión o su incremento mediante diversas maniobras indebidas. Reinaldo Rivera Palomino, James Steven Lozano Osorio, Oswald Germain Barrera Rueda, para citar solo unos casos, presentaron a Colpensiones certificados como estudiantes de la Fundación Tecnológica, del Instituto Bolivariano Esdiseños del Valle y del centro educativo Unidades Tecnológicas de Santander, para acceder al beneficio pensional por educación.
No obstante, la revisión de los certificados académicos concluyó, que Rivera no pertenece a la institución educativa, que Lozano entregó un certificado que no fue expedido por el Instituto Bolivariano y que desde mayo de 2017 dejó de asistir a clases. En cuanto a Barrera, la entidad educativa certificó que no es estudiante de la institución.
Un panorama poco alentador, si se tiene en cuenta que en los últimos años el propio Colpensiones adelantó un proceso de depuración con el propósito de evitar el pago de pensiones fraudulentas. La entidad, es la principal administradora de pensiones del país, con 1.3 millones de jubilados, 6 millones de afiliados, 3 millones de cotizantes y 1.2 millones de vinculados en el programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS.
En esencia, son cinco, las modalidades que siguen empleando las personas que buscan una pensión. Es decir, intentan demostrar que reúnen los requisitos para obtener una mesada mediante prácticas fraudulentas, La primera de ellas es la escolaridad. Allí los supuestos beneficiarios entregan información documental y testimonial errada con el propósito de lograr el reconocimiento de la pensión de los hijos hasta los 25 años tratando de demostrar que dependen económicamente porque aún estudian.
Con respecto al tema de convivencia, es conducta recurrente, que los beneficiarios de la pensión por sobrevivencia tienen derecho a la mesada al haber convivido de manera constante durante los cinco años anteriores a la muerte del jubilado. Para ello presentan documentos y testimonios espúreos. A esta modalidad, se suma el falso incremento por personas a cargo.
Otra modalidad que se ha detectado es la validación documental por pensión de invalidez y los montos sobre los factores salariales que se fijan como base para la liquidación de la pensión. En este sentido, lo que se sigue detectando es que se aportan papeles que no corresponden a la realidad. Una última conducta es la comprobación de dependencia económica de padres cuyo hijo era jubilado o tenía derecho a una indemnización e intentan reclamarla argumentando que ellos dependían económicamente de él.
Un tema que toma vigencia, porque desde 2013 y con la expedición de 18 autos en los años siguientes, la Corte Constitucional ordenó un plan de acción para garantizar el derecho a la jubilación. A ello se sumaron informes de la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y la Superintendencia Financiera que reiteraron la necesidad de establecer mecanismos expeditos y transparentes en el otorgamiento de las pensiones, cuyas solicitudes se siguen incrementando y en momentos en que se contempla una reforma pensional por déficit de las finanzas públicas. Como se sabe, Colpensiones asumió una parte del desaparecido Instituto de Seguros Sociales en 2012 y se convirtió en Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Este contexto ha obligado a la misma entidad a fortalecer sus acciones preventivas e investigativas, pero esta lucha resulta insuficiente. Por esta razón, la revisión desde 2016 y las últimas actuaciones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto reflejan el preocupante panorama. En este periodo de cinco meses se concluyeron 23.346 investigaciones, entre solicitudes y pensiones otorgadas que se quieren modificar. La conclusión es inquietante porque de estas, 3.132, equivalentes al 13% ameritan traslado de investigación penal.
Hace apenas tres semanas se posesionó Juan Miguel Villa como nuevo presidente de Colpensiones. Un economista de amplia trayectoria. El funcionario anunció, que su propósito es garantizar que más colombianos tengan acceso a un ingreso digno durante su retiro. El trabajo será titánico, sin embargo, su misión principal, por lo que está pasando actualmente en la entidad, es prevenir y detectar a los avivatos que buscan una mesada como sea.
