Por: Claudia Ruíz - Arauca
El panorama que se divisa en las vías principales que atraviesan el departamento de Arauca es inquietante por la presencia de retenes y trincheras del Ejército Nacional. Estas transmiten al viajero un estado de alerta en una de las zonas de mayor conflicto en el país. No es para menos, la presencia de Grupos Armados Organizados, GAO, en la zona hacen que el despliegue de militares sea esencial para tratar de preservar la seguridad de la población.
El contexto es complejo. Según registros oficiales conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en la región se tienen identificados 666 hombres que trabajan para el Ejército de Liberación Nacional, Eln y los demás GAO cuentan con 233 milicianos. Son socios en alianzas circunstanciales para dominar sectores de Arauca o en otros casos actúan en forma independiente.
En contraste, este es uno de los departamentos más ricos en flora y fauna, con una alta concentración de petróleo y libre de cultivos ilícitos que fueron sustituidos por el sacha inchi, plátano y cacao, según lo certificó la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Unodc. Sin embargo, resulta paradójico que la pobreza y el conflicto armado sigan abundando en esta tierra, luego de casi cuatro décadas cuando empezó el conflicto armado de la mano del Eln y las Farc, en medio del fuego cruzado que padecen sus casi 300.000 habitantes.
Esta situación no es anormal en zonas donde se encuentran yacimientos petroleros, ya que independientemente de su ubicación, alrededor de estos sectores se gestan dinámicas sociales de diversas clases que vienen a recaer en las comunidades. Es así como en la región se percibe dentro de su circunscripción lugares que ni siquiera poseen servicios públicos, ni instituciones que representen al Estado, con porcentajes altos de desempleo y la evidencia de atraso en el desarrollo salta a la vista. En la capital Arauca o en los principales municipios como Arauquita, Tame o Saravena, la crisis no cesa.
Actualmente, los principales actores de la violencia son el Eln y las disidencias de las Farc, denominado por la inteligencia del Ejército Nacional como Grupos Armados Organizados Residuales Gao-r, los cuales, se han unido para cometer homicidios selectivos, narcotráfico, contrabando, paros armados, bloqueos, ataques a personal e instalaciones de la Fuerza Pública y amenazar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y población civil que no se somete a sus órdenes o lineamientos.
Pero, ¿por qué se mantiene una guerrilla como el Eln en Arauca, cuando prácticamente en otras regiones del país estuvo a punto de desaparecer?, este es un gran interrogante que surge al verificar la situación de este departamento que podría ser ejemplo de desarrollo para el país por sus recursos naturales y las regalías que deja el petróleo en la zona. No obstante, sus habitantes viven un panorama totalmente distinto, donde se llega al punto de tener que tener el aval del Eln para poder vivir o transitar por el departamento. De hecho, son ley y recientemente estas organizaciones decretaron el denominado plan pistola.
El caso de este Gao es particular, ya que, según las autoridades militares, este colectivo basa su accionar delictivo en tres actividades: armado, económico y social - político, siendo estos últimos los más desarrollados en esta zona del país, pues a través de ellos buscan consolidar su poder territorial. “Tienen una base social muy fuerte, cuyo objetivo es intimidar y dar la sensación de que son muy poderosos y lo hacen a través de acciones terroristas, utilizando sus redes de apoyo, es decir, gente que anda de civil con una granada, una pistola y esos son los que hacen las acciones (…) el Eln ejecuta acciones militares contra la infraestructura crítica y económica estatal, población civil y Fuerza Pública”, agregó el Coronel Arnulfo Traslaviña Sáchica, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón.
Una forma en la que ejercen presión a los empresarios y multinacionales es con el cobro de extorsiones, como lo manifiesta Luz Dary Jaimes, miembro de acción comunal, “nosotros en Arauca siempre hemos estado estigmatizados por el tema de los grupos al margen de la ley, entonces es muy difícil que las personas que tengan sus grandes empresas vengan a invertir aquí en Arauca por la cuestión de la llamada ´vacuna`. Yo llevo viviendo en Arauca más de 30 años y siempre se ha presentado la idea de traer un centro comercial, como para darle más desarrollo a nuestro municipio, pero cuando se hace el estudio de factibilidad, se abstienen de venir a montar almacenes de cadena o grandes empresas”.
Sumado a lo anterior, el hecho de compartir frontera con Venezuela trae algunas problemáticas que no son fáciles de resolver ni con presencia de la Fuerza Pública, ya que por los más de 400 kilómetros de tierra y agua que compartimos con ese país y su alta porosidad se hace imposible ejercer un control total de la misma, lo cual facilita el accionar delictivo de los GAO, indica Anderson Oviedo Rodríguez, coordinador regional de la Misión de Observación Electoral para el departamento de Arauca, “los grupos al margen de la ley encuentran en este corredor fronterizo una forma de protegerse y de evadir la acción de la autoridad”.
Es así como, las Fuerzas Militares son atacadas desde el vecino país sin poder responder, ya que al otro lado hay civiles y esto iría en contra del Derecho Internacional Humanitario. “En el sector de Caño Limón, base militar ´La Yuca` de la Infantería de Marina les han lanzado granadas de mortero desde Venezuela. En Arauquita, donde está la Armada y el Ejército, cuya base está ubicada en un potrero, les lanzan granadas de mortero desde Venezuela y como al otro lado hay casas nosotros no podemos disparar”, indicó el Coronel José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Brigada 18 del Ejército.
Por otro lado, los GAO aprovechan la facilidad de traficar drogas por este corredor hacia diferentes partes del mundo, principalmente Europa y Estados Unidos, lo cual hace que Arauca haga parte de la cadena productiva del narcotráfico, pues estos grupos aprovechan la porosidad de la frontera para transportar estas sustancias a través de rutas estratégicas.
Así mismo, los migrantes venezolanos que llegan a Colombia en busca de oportunidades de trabajo se ven seducidos por los grupos al margen de la ley, haciendo que por necesidad se unan a ellos y así contribuyan a aumentar el pie de fuerza de éstos, incrementando los factores de inestabilidad en esta zona del país.
Y a esto se suman el número de jóvenes colombianos que deciden hacer parte de esta guerrilla como única opción de vida, ya que el porcentaje de desempleo en esta zona del país es muy alto, 24.9%. Además, la mayoría de personas no logra estudiar una carrera técnica ni profesional por motivos económicos. Una situación que desde la clandestinidad aprovecha el Eln para manipular organizaciones sociales dirigidas a la población juvenil, campesinos, indígenas y madres cabeza de hogar en todo el territorio a fin de mantener el control de la población desde su base social.
La influencia del grupo armado se mantiene al punto que siguen imponiendo normas para el tránsito de sus habitantes. “Estas no aplican en Arauca, la capital, ni en las vías principales, para evitar que entre la tropa, pues ellos necesitan tener a todo el mundo controlado”, afirmó el coronel Traslaviña, Comandante de la Fuerza de Tarea Quirón.
A lo cual el Coronel Agudelo, Comandante de la Brigada 18 del Ejército agrega que “el problema no es militar, se supone que con esos 12 cabecillas que hemos neutralizado en los últimos meses ya el Eln tendría que pensar en desmovilizarse o hablar con el Gobierno (…) lo más importante es lo político, lo único sería hacer judicialización, pero nadie denuncia porque les faltan pruebas o elementos probatorios”. Es así como la Fuerza Pública cumple con su tarea, que es atacar la estructura armada de estos grupos, pero tal vez se requiere de la intervención de otras instituciones para poder atacar de manera integral, no solo la estructura armada, sino la estructura económica y política ilegal de estos grupos, destaca el oficial.
Desde otro punto de vista, la presencia de empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos hace que los GAO aprovechen la oportunidad para financiarse con éstas a través de extorsiones, secuestros y ataques a infraestructuras petroleras; sembrando así temor en la comunidad, eso sin contar con los numerosos desastres naturales que ocasionan al volar los tubos de crudo.
Adicionalmente, otro flagelo que azota a Arauca es la corrupción, ya que los dineros destinados para para desarrollo económico y social muchas veces son desviados y por ende las necesidades de los araucanos quedan en un segundo plano, afectando así su desarrollo y nivel de competitividad frente a otras regiones país. De hecho, varios de sus gobernadores y alcaldes están en prisión o procesados por al mal uso de recursos públicos.
“El Eln tiene influencias políticas desde hace muchos años, los políticos buscan sus avales. El bajo nivel de desarrollo se debe a los focos de corrupción de los dirigentes políticos, de los que manejan la gerencia pública del departamento, porque son personas que miran esto como un fortín empresarial, invierten recursos con contratistas, hacen compromisos y tienen que cumplir con lo pactado si ganan las elecciones, eso impide que haya desarrollo económico y social en el departamento, la corrupción, el tráfico de influencias y compromisos con grupos ilegales”, manifestó Doris Santana, administradora pública de la región.
El común denominador entre los habitantes de esta zona y la Fuerza Pública indica que Arauca no necesita reforzar su número de tropas, sino fortalecer su base social, llevar la mirada del Estado hacia las necesidades de los araucanos que carecen de vías terciarias pavimentadas, redes de comunicación celular, hospitales con todos los elementos necesarios para la atención, planteles educativos, entre otros, como lo indica Anderson Oviedo Rodríguez, “a través de una apuesta del Estado por llegar a este territorio, pero más allá de la fuerza armada, es traer instituciones que promuevan el desarrollo de la sociedad araucana, como: inversión en infraestructura, en acceso a los servicios públicos, mejoramiento de las redes viales, asegurar que los jóvenes tengan mayores oportunidades en educación”.
Es el drama diario de los araucanos quienes hace cerca cuatro décadas padecen los efectos de un conflicto, que con el paso del tiempo deja más dudas que certezas y en donde el Estado sigue en desventaja frente a los grupos al margen de la ley.
