El contrato suscrito entre el departamento de Norte de Santander y la empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación Ingeniería y Telecomunicaciones Niu Telco SAS para dictar cursos de inglés en los colegios generó que la Procuraduría, en el marco de Una investigación, suspendiera de su cargo al gobernador William Villamizar Laguado.
Una decisión del Ministerio Público que generó un efecto contrario. Paradojicamente, mediante decreto 1560 de este viernes 30 de agosto el presidente Iván Duque, designó como gobernadora encargada de Norte Santander a Sonia Arango Medina quien actualmente es primer miembro suplente de la junta directiva de la empresa que tiene en líos jurídicos a su antecesor el gobernador Villamizar.
La empresa Niu Telco es una sociedad de economía mixta, conformada por capital público y privado. El privado es la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información, Funtics, cuyo fundador y dueño es Juan Carlos Cáceres Bayona. Se trata de un bumangués que se inició en el negocio de telecomunicaciones en el año 2008 como intermediario y tres años después de graduó como tecnólogo en sistemas de la Universidad de Desarrollo e Investigación IDU. El capital público lo puso la Gobernación de Norte de Santander, a través del Instituto Financiero de Norte de Santander, Ifinorte.
El aporte de capital para la constitución de dicha sociedad fue de $1.000 millones dividido en dos acciones ordinarias nominativas. Es decir, el 49% de dicha sociedad corresponde a Funtics y el 51% a Ifinorte. El término de duración que se pactó de esta sociedad de economía mixta fue de 25 años y se acordó que su operación inicial sería en Norte de Santander y luego en el territorio nacional.
Los estatutos de constitución de la empresa no se quedaron en el papel, ni tampoco en la mera expectativa. En muy poco tiempo tejieron una sofisticada red de contratación que los llevó a un crecimiento vertiginoso y sin obstáculos. El esquema esencial es sencillo, convenios interadministrativos que facilitan la contratación directa, saltan la barrera de la ley 80 y permiten ubicar en los proyectos a personas cercanas a los administadores.
De hecho, esta modalidad de contratación ha mutado en las últimas décadas. Varios ejemplos así lo demuestran. En los años 90 los convenios interadministrativos se hicieron a través de cooperativas como Coinco y Codeter. Después se hizo con algunas universidades regionales de Cartagena o Pamplona. Posteriormente, el esquema migró a la OEI y al convenio Andrés Bello. Actualmente, la misma figura se ejecuta mediante la Imprenta Nacional que contrata desde videos institucionales o cuñas publicitarias hasta obras públicas y la más reciente Funtics.
En concreto, para el año 2014, la red de contratación Funtics- Niu Telco llegó a los $8.083 millones de los cuales $5.435 fueron por contratación directa; $1.297 por licitación pública y $1.350 por otras formas de contratación.
Al año siguiente su contratación se incrementó en cerca de un 600%, pues en esa vigencia logró contratos por $46.518 millones de los cuales $34.000 millones se hicieron mediante contratación directa.
Su buena fortuna siguió en ascenso año tras año. Según registros públicos analizados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en las bases de datos de Secop y Colombia Compra Eficiente, en lo que va corrido del 2019 ha contratado por $60.532 millones, de los cuales $59.530 millones se hizo de manera directa, es decir sin que mediara concurso público, licitación o selección abierta. En solo seis años en su haber se cuenta con contratos por $231.063 millones.
Funtics y el 49% de participación en Niu Telco la sociedad de economía mixta, no son los únicos negocios de su gestor Cáceres Bayona. También es representante legal de Arcas Constructora e Inmobiliaria SAS, Asesorías Asertics SAS y Virtual Tics SAS.
Pero el ascenso de Niu Telco y Funtics se estrelló contra el muro de las evidencias. En la tercera semana de junio estalló el escándalo porque el gobernador encargado de La Guajira, Wilbert Hernandez Sierra suscribió un contrato con esta empresa experta en comunicaciones para dictar cursos de inglés en los colegios de 38 municipios de este departamento, con un detalle y es que ese departamento solo tiene 15. Este hecho le costó la apertura de una investigación disciplinaria a Hernández Sierra, a pesar de que trató de defenderse argumentando que se trató de un error de transcripción. Un asunto esta en investigación.
Apenas dos meses después, el 15 de agosto pasado, la Procuraduría suspendió del cargo al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la enseñanza de inglés por $11.998 millones.
“No se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad Niu Telco SAS fuera seleccionada; el presupuesto aprobado no habría tenido sustento en un estudio de mercado y análisis de costos de las características específicas del objeto y las prestaciones a contratar, y en la oferta presentada, tampoco estarían discriminados los costos por actividad”, advierte la resolución del Ministerio Público.
Luego que la Procuraduría le comunicara mediante oficio del 23 de agosto de 2019 al ministerio del Interior la suspensión por tres meses del gobernador, la Presidencia de la República profirió el decreto 1560 mediante el cual designó a Sonia Arango como gobernadora encargada, “que ante la orden de suspensión del cargo de gobernador del departamento de Norte de Santander emitida por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en contra del señor William Villamizar Laguado, se evidencia la imposibilidad para que éste ejerza las funciones de gobernador (...) generándose un vacío de poder o autoridad”, resalta el decreto en sus considerandos.
Así las cosas, la motivación para suspender del cargo a Villamizar por parte de la Procuraduría no fue impedimento para nombrar como gobernadora encargada a una integrante de la junta directiva de Niu Telco.
Un certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta, solicitado por esta Agencia este viernes, establece que el 17 de julio de 2018 por medio de documento privado se nombró como miembros de la junta directiva suplentes a Edwin Alexis Peñaranda Olarte, Julieth Mariela Medina Rojas, Luis Alejandro Caballero Moreno, Carlos Enrique Páramo Samper y Sonia Arango Medina, esta última la nueva gobernadora de Norte de Santander.
Según conceptos de la Superintendencia de Sociedades y abogados expertos en derecho societario, la junta directiva es un órgano administrativo cuyo fin es tomar las decisiones a las que haya lugar, en el mismo sentido los artículos 434 y 438 del Código de Comercio determinan que las funciones son las previstas en los estatutos y en su efecto, se presumirá que tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias para que la sociedad cumpla sus fines
Además de su nombramiento vigente en la junta de Niu Telco, Sonia Arango Medina venía desempeñándose como secretaria general de la Gobernación de Norte de Santander. En otras palabras, era la mano derecha del suspendido gobernador William Villamizar.
La nueva gobernadora Arango es profesional en contaduría y su especialidad es el sector salud, como quiera que se ha desempeñado es labores contables en los hospitales Rudesindo Soto, Erasmo Meoz y de Los Patios. Cuenta ademas con asesorías en varios municipios de la región, fue contadora de Norte de Santander y directora regional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Su cercanía con el saliente gobernador Villamizar es notoria, pues en su primer mandato, entre 2005 y 2009, Arango fue la contadora del departamento.
Se tiene previsto que la gobernadora Arango termine su mandato en diciembre, en momentos en que la contratación de la empresa Niu Telco crece, la Procuraduría ya tomó las primeras decisiones por sus contratos y la Fiscalía avanza en una investigación por millonarios convenios de tecnología que además, supuestamente buscan enseñar inglés a jóvenes de escasos recursos de Norte de Santander, La Guajira y otras regiones del país. Por asuntos similares, otros cinco gobernadores están en la mira de las autoridades.
