La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz y ex magistrada auxiliar del Consejo de Estado, Ana Catherina Heyck Puyana busca que la propia justicia reivindique su nombre. Para ello, demandó a la Fiscalía en donde hizo una destacada labor contra el crimen organizado. No obstante, actuaciones de fiscales que posteriormente resultaron procesados y avalados por la alta dirección del ente acusador dieron un golpe de gracia a la lucha que la funcionaria venía adelantando contra el narcotráfico, los paramilitares y otras organizaciones al margen de la ley, al declararla insubsistente.
Ana Catherina Heyck, llegó como consultora a la Fiscalía en el año 2013 a través de un contrato de prestación de servicios. Seis meses después fue nombrada en propiedad como Directora Nacional de Articulación de Fiscalías Especializadas. Desde este cargo articuló las direcciones Antinarcóticos y Lavado de Activos, de Extinción de Dominio, Lucha contra el Crimen Organizado, contra el Terrorismo, contra la Corrupción, de Justicia Transicional y de Derechos Humanos.
Bajo su coordinación tuvo casos determinantes para la administración de justicia. Logró la exclusión del sistema de Justicia y Paz de los paramilitares Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero y Alejandro Cárdenas alias JJ , victimarios de la periodista Jineth Bedoya.
También fue clave en la macrocondena e imputación de lavado de activos en contra de Salvatore Mancuso. Logró avances en casos de falsos positivos, la desarticulación de una red de trata de personas con la China, el rescate de una bebé de dos años y el reencuentro con su madre víctima de trata, también son recordados en la opinión pública.
Asimismo Heyck, coordinó la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera en Medellín. Las espeluznantes revelaciones de los desaparecidos en la Cárcel Modelo de Bogotá. Esto por citar solo unos cuantos ejemplos de quien fue considerada como una mujer de hierro en la Fiscalía.
Su carrera en el organismo acusador marchaba sin tacha y ascenso hasta que fue delegada en diciembre de 2014 por el entonces fiscal Eduardo Montealegre, para que atendiera a los abogados de Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como los hermanos ‘Comba’. Hombres de confianza y posteriormente victimarios del jefe del Cartel del Norte Del Valle, Wilmer Varela, alias Jabón, asesinado en el 2008 en Venezuela por orden de los hermanos.
Muerto Varela, los Comba se apoderaron de las rutas del narcotráfico de Jabón y a través de su ejército de sicarios Los Rastrojo` sembraron el terror y tiñeron de sangre, gran parte del sur occidente del país, siendo los responsables de varios centenares de muertos y secuestros.
De hecho, en el 2011 el departamento del Tesoro de los Estados Unidos los incluyó en la lista Kinping List, es decir, de capos, y un año después se entregaron a las autoridades de ese país, en donde varias cortes los pedían en extradición por tráfico de drogas y varios homicidios.
En este contexto y acatando la orden del fiscal Montelagre, Heyck se reunió el 22 de diciembre de 2014 con los abogados de los Comba, quienes para ese momento estaban recluidos en un penal de Estados Unidos. Cómo a juicio de Heyck, no hubo ánimo de colaboración por parte de los representantes judiciales de los narcotraficantes, ella ofició sobre el asunto a los agregados judiciales de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
Nueve meses después , el despacho de quien para la época fungía como vicefiscal general, Jorge Perdomo, le remitió a Heyck una solicitud del abogado de los Comba mediante el cual pedía la unificación de los procesos 3452 y 3106 de lavado de activos y de extinción de dominio, respectivamente, que estaban en cabeza del fiscal Álvaro Eduardo Sarmiento. Ahí se afirmaba que él era la persona designada para adelantar los acercamientos y negociaciones.
En vista de la solicitud y la supuesta designación de Sarmiento García, la fiscal Heyck envió un oficio con la radicación 140353 del 24 de septiembre de 2015 a tres de las siete unidades que ella coordinaba y que tenían relación con él asunto. Así las cosas envió la comunicación a las direcciones de Antinarcóticos, Extinción de Dominio y Derechos Humanos, para que se manifestaran sobre la solicitud de los narcotraficantes a través de su abogado y los pasos a seguir. “Todos los directores contestaron, salvo Álvaro Sarmiento García” según quedó registrado en un documento conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Ante la ausencia de respuesta de Sarmiento, remitió nuevos oficios. Lo que recibió Hayeck fue la copia de un correo electrónico dirigido a los directores de las tres unidades anteriores, en donde se les convocaba a un comité técnico jurídico que se realizaría el 3 de noviembre de 2015, para atender la solicitud de Carlos Arturo Real Bonilla, abogado de los hermanos Comba.
Curiosamente, ese mismo día se realizó un llamado de atención al fiscal Sarmiento García, se advirtió la improcedencia de dicho comité y se solicitó la cancelación. Un día después Sarmiento García, remitió un oficio en el que afirmó no ser cierta la delegación para realizar acercamientos con los “Comba”.
Sin embargo, inexplicablemente, el 11 de noviembre, García Sarmiento le informó verbalmente a Heyck que se había reunido con los abogados de los hermanos Calle Serna y también habló de un encuentro con los apoderados de alias “Otoniel”. Heyck cuestionó a Sarmiento estas reuniones con los abogados de la mafia, inconsultas y contrarias a lo que se había estipulado con los otros directores de las unidades de la Fiscalía.
Ante las evidencias, dos días después Ana Catherina Heyck le solicitó al fiscal Eduardo Montealegre, que removiera del cargo de director de Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado, Álvaro Eduardo Sarmiento García, mientras se esclarecían los hechos. Y apareció otra piedra en el zapato. También pidió investigar la conducta del fiscal Rodrigo Aldana.
Y es que Aldana, como se hizo público meses después, escaló en el ente acusador sin mayor esfuerzo y causando desconfianza en fiscales de trayectoria. De fiscal 13 especializado de extinción de dominio pasó a fiscal delegado ante el tribunal de distrito, adscrito al eje temático de corrupción en la administración de justicia de la Dirección de Fiscalías Nacionales.
Precisamente, por las dificultades que se estaban presentando con el fiscal Aldana, Heyck convocó a una reunión a otras tres mujeres poderosas del ente acusador, Luz Angela Bahamón, Alexandra Ladino y Andrea del Pilar Malagón. Determinaron entonces la reasignación de los casos. Sin embargo, a pesar de la resolución de reasignación, Aldana se negó a entregar los procesos, alegó continuar con la competencia y elevó consulta a la oficina de Asignaciones Especiales. Con un detalle en particular, en estos procesos estaba el 3452, es decir, el correspondiente a los hermanos Calle Serna, alias Comba.
La insistencia de Aldana frente a estos procesos y la dilación de la entrega de los mismos, aumentó las sospechas de Heyck, quien le pidió a las direcciones de Antinarcóticos, Lavado de Activos y de Extinción de Dominio, informes. La Fiscal Malagón evidenció una irregularidad en una resolución inhibitoria de un proceso de extinción de dominio de los bienes de Marco Antonio Gil, alias El Papero.
También salió a relucir que Aldana, antes de ser fiscal, fue abogado litigante de los narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, José Leonardo Cuevas, Carlos García Morales alias El Matador de la banda “Los Rastrojos”, Miguel Ángel Mejía Munera alias El Mellizo, José Fernando Lópesierra, Jacinto Enrique Báez, Eugenio Montoya, David Andrade y Diego León Montoya alias Don Diego.
Pero esta no fue la única sorpresa que encontró Heyck. El director de antinarcóticos, Luis Merchán Gutierrez y quien en septiembre de ese año recibió el famoso proceso 3452, reportó también irregularidades en el manejo que de éste le dio Aldana, “ (...) presuntas irregularidades en el manejo del mismo por parte del señor Aldana Larrazabal, ya que desde septiembre del año 2013 no se ha resuelto la situación jurídica de once personas, y que la diligencia de indagatoria que se le adelantó al señor Calle Serna fue adelantada de manera irregular, lo que con posterioridad puede generar nulidades”, resalta en un documento en poder de esta Agencia.
Justo cuando producía sus mejores resultados todo cambió para Hayeck. El 16 de febrero de 2016 fue nombrada como directora estratégica II de la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales. Pasó de coordinar siete direcciones transversales en la lucha contra el narcotrafico, lavado de activos y crimen organizado, a hacerle seguimiento a los contratos de consultoría de exmagistrados cercanos al fiscal Eduardo Montealegre como Alfredo Beltrán y Néstor Osuna. También asumió la labor de tifipicar como delito el feminicidio.
Y como ocurre en las Fuerzas Militares y de Policía, cuando un oficial está próximo a salir de la institución. Heyck fue enviada a Inglaterra en una comisión de servicios para atender una invitación del gobierno británico. Atendido el asunto salió a vacaciones.
Otro movimiento en la Fiscalía dejó en evidencia lo que estaba a punto de suceder. El antecesor de Heyck en Asuntos Constitucionales, Rafael Lafont fue nombrado director del Sistema Penal Acusatorio, Lafont estuvo como encargado mientras Heyck estuvo en Inglaterra y luego de vacaciones.
Días después de su regreso de descanso, Caterina Heyck recibió una llamada. Era la asesora Rocío Forero, quien le manifestó que el entonces fiscal encargado Jorge Fernando Perdomó le solicitaba que pasara la renuncia. Al preguntar la razón, no recibió respuesta. Pero Hayeck si le manifestó su extrañeza a la asesora Forero, pues justo al día siguiente la Corte Suprema de Justicia iniciaba la entrevista para elección del nuevo fiscal general, pues Eduardo Montealegre ya había culminado su periodo.
El 9 de junio de 2016, Angélica Lancheros, empleada de servicio doméstico de Caterina Hayeck recibió la comunicación de notificación personal mediante el cual el Fiscal encargado Jorge Perdomo declaró insubsistente a Heyck, mediante resolución 0-1740.
Paradójicamente, la fiscal que dejó al descubierto las maniobras de Aldana por sus reuniones con abogados de la mafia y quien meses después terminó en la cárcel La Picota, fue quien salió del ente acusador. En la resolución firmada por Perdomo se estableció, “que la doctora Ana Caterina Heyck Puyana no ostenta la confianza necesaria que debe depositar el nominador en su persona con el fin de desarrollar las funciones de alta responsabilidad que implica el ejercicio del cargo”.
Luego de realizar una conciliación fallida ante la Procuraduría, Ana Caterina demandó a la Nación. En esta demanda, en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, solicitó declarar la nulidad de la resolución mediante el cual fue declarada insubsistente.
También solicita en la demanda como restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro al cargo y se condene a la Fiscalía a pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el 8 de junio de 2016.
Uno de los argumentos, en derecho, pues de los hechos, y de lo que sucedió después con el fiscal Aldana, es de conocimiento público, hace referencia a que si bien la ley 909 de 2004 establece que el empleador tiene discrecionalidad a la hora de vincular o no a funcionarios de libre nombramiento y remoción, está discrecionalidad no puede incurrir en arbitrariedad por desviación de poder.
En la demanda, hace alusión a pronunciamientos de la Corte Constitucional que definen cuando se incurre en la desviación de poder, “(...) utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia.
El apoderado de Heyck afirma que la declaración de insubsistencia de Heyck no se ajustó a los parámetros definidos ni en la ley ni en la jurisprudencia. “(...) en su caso, existió una desviación de poder de la entidad, toda vez que, amparada en una falsa pérdida de confianza, declaró insubsistente a mi cliente, quien, gracias a su activo rol de denunciante de las irregularidades que ocurrían al interior de la Fiscalía, así como de posibles actos de corrupción, se convirtió en un obstáculo para quienes querían perpetuar dichas actuaciones ilegales”.
Así las cosas y en extenso, en la demanda se relacionan una a una las denuncias que interpuso Catherina Heyck en contra de Rodrigo Aldana, ante el fiscal general de la Nación. La primera de estas la realizó el 13 de noviembre de 2015. Luego vino la solicitud de reasignación de procesos, la negación de Aldana y la denuncia que interpuso el fiscal Aldana en contra de Heyck.
En la conciliación por injuria, se negó a conciliar y argumentó lo siguiente, “quiero dejar constancia de que no puedo conciliar, toda vez que no puedo retirar los oficios que puse en conocimiento de la autoridad competente, y por tal motivo no me puedo abstener de cumplir con el ejercicio de mis funciones” y agregó, “ no es un asunto personal el oficio que dirigí al señor Fiscal, es en ejercicio de mis funciones, obrar de otra manera iría en contra de mis debes y por ende no puedo atender el llamado que me hizo el doctor Aldana de desistir de la puesta en conocimiento del señor Fiscal”.
Otro de los reproches que se plasma en la demanda es un supuesto informe que jamás se notificó a Heyck y que por lo tanto ella no pudo hacer descargos. Se trata de un informe qué pasó mes y medio después que de la declaratoria de insubsistencia de fiscal delegado Iván Lombana al vicefiscal Jorge Perdomo.
En este puso en entredicho supuestas deficiencias como directora de Articulaciones de Fiscalías Nacionales, a cargo de Catherina Heyck. “Se evidenció que a las directrices impartidas por la directora saliente les faltó soporte, diagnóstico y planeación estratégica, lo que implicó pocos resultados estratégicos y misionales de esta dirección después de dos años de gestión”.
Al respecto, el apoderado de Heyck se pregunta, porque entonces no se declaró insubsistente antes a Catherina y en cambio fue nombrada en otro cargo, de Asuntos Constitucionales y porque en los dos años tampoco se le informó o se indagó por sus resultados.
En el despacho del Tribunal Administrativo también reposa otra prueba que contradice dicho informe, se trata de un video de una rueda de prensa en el que Jorge Perdomo como fiscal encargado hizo un balance de su gestión y entre esos, presentó logros obtenidos por el área de Heyck, “ hemos querido compartir con ustedes, porque creemos que los resultados son más que satisfactorios. Nosotros consideramos que esos resultados son buenos. Son, si se quiere mirar de esta forma, impresionantes”, destacó Perdomo.
Por su parte, la Fiscalía en la contestación de la demanda respondió que ese cargo era de libre nombramiento y remoción y por lo tanto el nominador podía disponer de el de manera discrecional en el momento que así lo estableciera. En las próximas semanas se espera el tribunal emita el fallo de primera instancia.
Un año después de la declaratoria de insubsistencia de Caterina Heyck por parte del fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, el fiscal Rodrigo Aldana, fue capturado mientras conducía su vehículo Audi Q5, por actos de corrupción, entre otros por nexos con Otto Bula. Meses después Aldana, aceptó cargos por los delitos de peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir y fue condenado.
Es evidente que el tiempo le dio la razón a la fiscal Ana Catherina Heyck en su lucha contra la delincuencia organizada. Lo propio sucedió en sus denuncias contra el fiscal Rodrigo Aldana. Ahora espera que la misma justicia reconozca su labor profesional y buen nombre.
