Las pesquisas en contra de los bienes de los involucrados en el entramado de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 en el contrato por $1.07 billones con el MinTIC para conectar a internet a más de siete mil escuelas rurales avanza lentamente. Sin embargo, un grupo de inmuebles, sociedades y nombres en Colombia y el exterior relacionados con el caso están mimetizados y lejos de la acción de las autoridades, por ello se pueden convertir en pieza clave para determinar hacia donde se fueron parte de los $70.000 millones girados.
En el ámbito penal hasta el momento sólo se les ha imputado cargos por fraude procesal y falsedad en documento privado a tres personas. Emilio Tapia, el cerebro del carrusel de la contratación en Bogota una década atrás y acusado por su socio Juan Carlos Cáceres de ser el gestor del entramado y el propietario del 50% del contrato. También fueron a prisión Luis Fernando Duque representante legal de la unión temporal y Juan José Laverde el representante legal del intermediario de seguros Ravel.
No obstante, al primero de ellos, Emilio Tapia no le figuran bienes inmuebles a su nombre. De hecho, aparece en el Boletín de Deudores Mororosos del Estado expedido por la Contaduría por no pagar las multas impuestas en tres condenas que aún no termina de purgar por el descalabro de la capital. En cambio, como lo reveló esta Agencia, en agosto del año pasado pagó más de $300 millones a una empresa que lo demandó civilmente.
El otro de los imputados Luis Fernando Duque Torres, es un caso especial. Es ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás y candidato a un MBA en la Universidad EAN. Tiene diecinueve años de experiencia profesional. Inició como consultor en la firma Consultings Ltda encargada de hacer la migración del sistema de información de 4GL a Java en el año 2003.
De allí pasó a la Defensoría del Pueblo, la Contaduría General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, OEI. También fue el interventor técnico del convenio de cooperación entre Cajanal e Internexa.
En el año 2012, la ministra de Educación María Fernanda Campo lo nombró como Jefe de la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información. Dos años más tarde trabajó como consultor en el programa Computadores para Educar y de ahí saltó al sector privado en la empresa Puerto 80 SAS. En 2016 paso a Funtics, una de las empresas que integró la unión temporal y cuyo propietario Juan Carlos Cáceres Bayona no dudó en delatar.
Para 2019 se postuló sin éxito a ocupar un cargo directivo en la Contraloría General de la República. A pesar de este amplio recorrido en el sector público y privado Duque Torres no tiene ningún inmueble en el país registrado a su nombre.
El tercer salpicado es Juan José Laverde Martínez, un ingeniero de producción especialista en riesgos y seguros y representante legal de la empresa de intermediación de seguros Revel, designada por Centros Poblados para el trámite de las garantías bancarias de seriedad de la oferta y calidad y cumplimiento que fueron falsificadas.
A pesar de que a mediados de junio denunció por falsedad en documento privado a Jorge Alfonso Molina García por dichas falsificaciones, terminó tras las rejas, Laverde tampoco tiene bienes inmuebles a su nombre.
En el caso de las personas jurídicas, es decir de las empresas que integraron la unión temporal para alzarse con la licitación el panorama no es más adelantador.
Ni la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación, Funtics, con el 35% y cuyo propietario es Juan Carlos Cáceres Bayona, el delator a cambio de un principio de oportunidad, ni Inter de la Costa SAS, Omega Building Construcciones SAS tienen bienes registrados.
Solo una empresa tiene bienes que embargar. Se trata de ICM Ingenieros SAS, la firma que en el pasado le perteneció al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y de la que hoy es propietario de facto pero en la sombra Emilio Tapia, tiene varias sorpresas.
El pasado 20 de agosto la Contraloría General de la Republica, en el marco de un proceso fiscal solicitó el embargo de los lotes 4A y 5A con un área de 52.932 metros cuadrados en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.
Curiosamente, ICM Ingenieros adquirió este lote ocho meses antes de que el juzgado 44 penal de Bogotá, condenara a Álvaro Cruz a seis años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por el carrusel de la contratación en Bogotá.
Entre los años 2009 y 2010 Cruz a través de su empresa ICM entregó más de $800 millones en sobornos para que esta sociedad ganara varios contratos con el Estado. Luego, cuando decidió aspirar a la gobernación en el año 2010 desapareció de la sociedad, al menos en papeles, pues igual continuó figurando su cuñado Jorge Iván Rozo Barragán.
El otro inmueble de la firma ICM embargado por la Contraloría es un lote de 72 metros cuadrados ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca que la empresa adquirió en febrero de 1999 a la firma Proyectos de Vivienda S.A.
Tres días después de registrarse el embargo del organismo de control Herles Ariza quien se desempeñaba como representante legal de ICM renunció a este cargo, lo propio hizo Karin Stefanía Pupo Benito representante legal suplente, exfuncionario de la UTL de la senadora de Cambio Radical Daira Galvis y la persona que Emilio Tapia le envió a Juan Carlos Cáceres para estructurar la participación en la licitación de MinTIC.
Ante la renuncia de Ariza y Pupo, y según los estatutos de la empresa, el llamado a ocupar este cargo es un viejo conocido de la sociedad y del propio Cruz.
Se trata de Luis Guillermo Mesa Sanabria, uno de los socios fundadores de ICM a quien la Fiscalía llamó a interrogatorio en el año 2015 como representante legal de ICM en momentos en que Cruz estaba contra las cuerdas, pues este, en el año 2011 suscribió dos contratos por más de $7.000 millones cada uno con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca.
Según la más reciente composición accionaria registrada en la Cámara de Comercio, Mesa Sanabria tiene 2’375.000 acciones de ICM lo que le representa un 47.5% de participación.
Pero eso no le resta voz ni voto. Pues su esposa Luz Fabiola Ortegón y sus hijos Luis Esteban y Andrea Catalina Mesa Ortegón cuentan con el 1% y el 1.5% respectivamente. Estos socios de ICM, a diferencia de los demás sí tienen propiedades a su nombre. Luis Guillermo Mesa Sanabria, por ejemplo tiene ocho bienes a su nombre.
Cuatro lotes en Abejorral, Antioquia, un apartamento en el barrio La Calleja de 150 metros cuadrados avaluado comercialmente en $850 millones, una finca en Villeta, Cundinamarca vereda El Balsal denominada La Cecilita que le compró en el año 2008 a la Universidad de La Sabana y dos inmuebles más.
Su esposa Luz Fabiola Ortegón Murcia con un 1% en ICM tiene nueve bienes a su nombre. Cuatro apartamentos en el norte Bogotá, uno en la calle 145 con carrera 13a, otro en la carrera 16 con calle 127B, uno más en la carrera 56 a con calle 130 a y otro en calle 138 con carrera 56. También posee cinco inmuebles más.
En cuanto a Andrea Catalina y Luis Esteban tienen un fideicomiso familiar Spartacus en 6900 se 123rd ave Miami, FL 33183. Igualmente, el 26 de septiembre de 2011, la familia registró en Miami la firma Lesaca LLC con el documento terminado en 110060.
El otro 50% de ICM está en cabeza de Inversiones en Infraestructura SAS, representada por Jorge Iván Rozo Barragán, cuñado del exgobernador Cruz.
Esta firma fue constituida en el año 2010 en la Notaría 72 de Bogotá por Luz Zoraida Barragán Rozo, esposa de Álvaro Cruz Vargas. La creación de la sociedad con un capital de $500 millones la hizo justo un año atrás de que su marido inscribiera su candidatura a la gobernación de Cundinamarca avalado por cuatro partidos.
Luz Zoraida Barragán Rozo manifestó al notario que era casada pero que había disuelto la sociedad conyugal con Cruz, sin embargo, lo nombró como representante legal. Meses después las acciones pasaron a estar en cabeza de su hermano Jorge Barragán Rozo y se aumentó el capital a $2.000 millones. Para entonces ya había sido elegido Cruz como gobernador.
En esta sociedad tiene registrados cinco inmuebles. Entre esos tres locales en San Andresito de la 38 en el centro comercial Taiwán. Paradójicamente estos locales los adquirió la empresa en mayo de 2018 a Álvaro Cruz cuando éste ni siquiera había recobrado su libertad.
Al exgobernador le fue otorgada la libertad condicional el 10 de diciembre de 2019. Dos meses después solicitó permiso para salir del país rumbo a Guayaquil, el cual le fue decretado del 14 de marzo al 12 de abril en plena pandemia y justo cuando se empezó a gestar la unión entre Cáceres y Tapia, gracias al exsubidrector jurídico del IDU, Inocencio Melendez.
En el interrogatorio Cáceres Bayona, aseguró a la Fiscalía que Tapia era el propietario de ICM Construcciones. Entonces ¿qué papel juega Álvaro Cruz, su cuñado Jorge Rozo Barragán y Luis Guillermo Mesa Sanabria y su familia en esta historia?, ellos, argumentan que nada tienen que ver en el escándalo.
Con otro detalle, pese a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó el levantamiento del velo corporativo que permita el embargo y es rastreo de bienes y cuentas de los socios de las cuatro empresas que integran la unión temporal fuentes de la Contraloría General de la República informaron que esto aún no ha sucedido.
Según conceptuaron abogados consultados por esta Agencia, las Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS, se caracterizan porque el riesgo de los accionistas se limita al monto del capital aportado, Sin embargo, cuando se utiliza este modo societario para defraudar o en perjuicio de terceros, la norma establece que los socios responderán de manera solidaria con sus propios bienes.
Son nuevos nombres y bienes con conexiones no detectadas por las autoridades que amplian el espectro de un contrato oficial por más de un billón de pesos que buscaba suministrar Internet a niños de escasos recursos en escuelas alejadas, pero que resultó en negocio y procesos ante la justicia de varios implicados, con mucho que escudriñar aún.
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