Desde su discurso de posesión como nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha dejado entrever que llegó pisando duro. Dispuesto a agarrar con firmeza el timón de la entidad, pero también a darle un giro. “Lo asumo, como un desafío no solo por ser el fiscal más joven de la historia del país, sino por haber sido elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia y por ser el único fiscal general de la Nación que antes de ocupar esta honrosa dignidad, ya había ejercido como fiscal especializado”.
Horas después de estas primeras palabras ante el presidente Ivan Duque, empezó el remezón. El primer nombre en descartarse fue el de Claudia Carrasquilla, directora de Seguridad Ciudadana, quien alcanzó a sonar como integrante de la terna a fiscal general. Sin embargo, el manejo del caso de la fuga de Aída Merlano, la captura de su hija, y cuestionamientos de fiscales, sindicatos, litigantes y un proceso en su contra en el Consejo Superior de la Judicatura, por un presunto falso positivo jurídico, la descartaron de la baraja y de su continuidad en la entidad.
Otros funcionarios en situación similar son: Fabio Espitia, fiscal encargado, de quien en círculos de la Rama Judicial se afirmaba aspiraba a ser designado vicefiscal; Álvaro Osorio, delegado para el Crimen Organizado, Myriam Medrano directora para el Crimen Organizado, José Tobías Betancourt, director ejecutivo, así como asesores y funcionarios que venían desde la administración de Eduardo Montealegre y se mantuvieron con Néstor Humberto Martínez.
Parece incontrovertible la necesidad de una reingeniería a la entidad en la que recae el poder punitivo del Estado. Con un Sistema Penal Oral Acusatorio colapsado con alrededor de un millón de noticias criminales, demandas en contra de la entidad por cerca de $2 billones, en su mayoría por privación injusta de la libertad, y con una imagen cada vez más deteriorada por cuenta de anuncios que se realizan, capturas mediáticas pero cuyos procesos terminan desmoronándose en los estrados, parecen los males en el primer orden.
A esto se suma el inconformismo que ha aumentado como espuma entre los litigantes en materia penal quienes en los últimos años han alzado su voz por lo que han denominado como la justicia espectáculo, “capturar para investigar” dicen, aunado a prohibiciones como el ingreso de celulares y computadores, elementos de trabajo de los penalistas y en general, un trato que han calificado como inequitativo que incluso motivó a que estos se organizaran y fundaran el Colegio de Penalistas.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, indagó a 27 reconocidos penalistas del país sobre cuál debería ser la reingeniería que tendría que hacer el fiscal Barbosa que permita equilibrar el Sistema Acusatorio, recuperar la credibilidad en la justicia y cumplir con la llamada igualdad de armas entre el ente acusador y la defensa.
Yesid Reyes Alvarado
“El fiscal debería concentrarse en mejorar la parte de gestión de la Fiscalía, para poder organizar y evacuar las denuncias en tiempo razonable. La ciudadanía necesita una administración de justicia que le resuelva sus problemas oportunamente y la aleje de la peligrosa tentación de hacer justicia por propia mano”.
Jesús Albeiro Yepes
“Quisiera saber cómo es que el señor Fiscal General llevará esa entidad a las regiones, especialmente a los municipios distantes de esta Colombia, para garantizar a las personas el acceso a la administración de justicia. Se vive un verdadero drama social en las regiones y provincias: la justicia está en manos de los grupos ilegales. No hay Estado. Así de cierto y dramático.
Igualmente, quiero saber qué es lo que se va hacer para desmontar esa máquina de explosivas noticias que destruye la vida, el patrimonio y la reputación de las personas sin que previamente un juez de la República haya declarado, en sentencia ejecutoriada, la responsabilidad penal por la comisión de un delito, todo con un evidente abuso de la chiva, del poder de persecución judicial, de la intimidación a los jueces y del abuso de la detención preventiva.
En una declaración a la revista Semana dice Barbosa que la Sala Penal será su “junta directiva”: ¿Cómo es posible que el fiscal general tenga al juez natural de las causas que adelanta como su “Junta directiva”?, y ¿cómo podría la Sala aceptar esa posibilidad?. ¿En qué quedará la independiente y la imparcialidad judicial?”.
Francisco Sintura
“Que asuma la gerencia de la investigación criminal que permita un esquema de trabajo coordinado y técnico que reduzca los tiempos de las actividades de indagación e investigación con un cuerpo profesional mejor remunerado y actualizado en conocimientos, recursos e infraestructura. Una gerencia que permita superar el cuello de botella de un millón doscientas mil investigaciones retrasadas.
Que libere a la entidad de tanto cargo burocrático innecesario y maximice y potencie esos recursos en un ejercicio de austeridad efectivo y real. Al mismo tiempo que retire vehículos y esquemas de seguridad a tantos funcionarios que no los requieren. Con 4 billones de presupuesto la Fiscalía debe ofrecer mejores resultados en sus investigaciones y reducir al mínimo las fallas derivadas de detenciones ilegales e incautaciones de bienes abusivas”.
Abelardo de La Espriella
“Le pido al fiscal que evite que sus subalternos pidan imputación y medidas de aseguramiento por todo. Que fortalezca la policía judicial y la unifique bajo un sólo mando.Que saque a más de un incompetente y prevaricador que ocupan cargos que no merecen y para los cuales no están preparados.
Además que proponga una reforma al Congreso, a través de la cual los jueces de conocimiento puedan hacer un control material de la acusación. Que promueva una reforma para formular en un solo acto la imputación y la acusación. La sola imputación carece de sentido práctico. Que logre una reforma constitucional que saque a la Procuraduria del proceso penal”.
Jaime Granados
“Que cumpla con lo que prometió al tomar posesión de su cargo y que lidere el fortalecimiento del SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) con decisión y apoyado desde la academia”.
Jaime Lombana
“Yo respetuosamente le pido al fiscal general, dar trámite a los principios de oportunidad que buscan sancionar la corrupción pública y la criminalidad sofisticada. Y le pido que la Fiscalía General separe dogmáticamente el concierto para delinquir de la coautoria”.
Iván Cancino
“Que cumpla la Fiscalía los prescuerdos y principios de oportunidad que se adelantan. Viene ocurriendo que le sacan la información a las personas obtienen resultados para el país y la institución y luego desconocen el aporte de quien dio la información. Que respete por primera vez el principio de defenderse en libertad como regla general, hasta hoy las capturas las pide la gente buscando venganza y no justicia, violando la presunción de inocencia”.
Francisco Bernate
“Lo primero que le pido al fiscal Barbosa es que vuelva el buen trato al usuario, que las personas estén en sus despachos, que sirvan los correos electrónicos, que elimine las filas en las instalaciones de la Fiscalía. Lo segundo, es lealtad en el ejercicio de la profesión, que si algo se pacta se cumpla, que litigue en los estrados y no en los medios y por sobretodo que haga algo con la problemática carcelaria”.
Mauricio Pava
“Le pediría que le indique a los fiscales, que no son litigantes de la acusación sino administradores de justicia, esto evitaría aplicar “la pena del banquillo” que conduce a 54 absoluciones por cada 100 acusaciones, a demandas millonarias por perjuicios, selectividad en que se investiga y que no. También que apoye el proyecto de ley que permite el control intermedio de la acusación por los jueces, lo que evitaría juicios en donde es remota una sentencia condenatoria”.
Myriam Pachón
“Lo primero es que los funcionarios que designe tengan experiencia en el área de derecho penal, sociología y ciencias humanas; que sus directivos no tengan ninguna tacha en sus hojas de vida. Que no se dediquen a dictar medidas de aseguramiento porque sí, sino que realicen investigaciones serias y precisas. También que aumente el cuerpo técnico investigación, lo mejore, lo incentive y que estos funcionarios no tengan uniones con otras entidades estatales como la Policía Nacional sino que sean formados dentro de la misma institución.
Qué les digan a esos investigadores que dejen de ser perezosos y que no traten de hacer las investigaciones por teléfono. Eso es lo que estamos viendo los abogados penalistas; qué le ponga mucha atención a delitos como homicidio, lesiones personales y feminicidios porque el fiscal general de la nación tiene el alma del país. Si los colombianos no nos sentimos protegidos, respaldados en nuestras denuncias por la Fiscalía, no podremos tener nunca paz, la justicia es la base para construirla”.
Marlon Díaz
“Que haga prevalecer el principio de objetividad en todas las investigaciones adelantadas; que se esfuerce en capacitar y actualizar a todos sus fiscales en la construcción de una adecuada hipótesis de hechos jurídicamente relevantes; que exhorte a sus fiscales a fin de que acaten las recomendaciones de organismos internacionales para restringir el uso de la prisión preventiva durante el trámite del proceso y se garantice el ejercicio de la defensa en libertad u optimizando las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.
En su discurso de posesión se comprometió a la regulación eficiente y adecuada del principio de oportunidad y de la justicia premial, por lo que esperamos que todas las causales, aún no desarrolladas, de renuncia a la acción penal, se desarrollen y apliquen, permitiendo que los conflictos sociales puedan tener una mejor solución en otras áreas del derecho sancionatorio, en una adecuada reparación a las víctimas y en la disminución de los índices de impunidad. También esperamos muchos más preacuerdos y justicia restaurativa”.
David Espinosa
Le solicitaría al Fiscal General de la Nación que se disponga lo necesario para agilizar las indagaciones preliminares y cumplir con lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal que le impuso un límite temporal a dicha etapa. Esto contribuye a la materialización del derecho fundamental de defensa, limita en cierta forma la común situación presentada en nuestra sociedad en la que muchos ciudadanos se ven sub judice indefinidamente y permite que las víctimas obtengan respuestas efectivas.
De igual forma, que se capacite a los delegados para realizar formulaciones de imputación estrictas, evitando las inflaciones de cargos y que se establezcan serias políticas internas para acudir a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento únicamente cuando ésta sea, no solo procedente, sino absolutamente indispensable, siendo conscientes de su carácter excepcionalísimo.
Finalmente, es fundamental desligar el ejercicio de la acción penal de las concepciones políticas, considerar que el poder punitivo debe dirigirse estrictamente a castigar actos, no ideales y menos si son políticos”.
Santiago Trespalacios
“Del fiscal Barbosa yo espero que cumpla uno de los puntos que ha establecido en su discurso de posesión y de la Sala Penal de la Corte Suprema, espero que no permita que él cumpla otro que se ha propuesto.
Espero que cumpla su afirmación de no seguir haciendo de la justicia un show mediático y que no se abuse de la prisión preventiva; para que así la Fiscalía sea una garantía ciudadana y no la promotora de linchamientos mediáticos. Y por otro lado, espero que la Sala Penal de la Corte Suprema no permita que el señor fiscal la vuelva dizque su ¨Junta Directiva", como él lo ha manifestado una y otra vez; pues la Corte debe ser independiente de lo que decida y realice la Fiscalía y no pueden ir tan de la mano como señaló Barbosa”.
Alejandro Carranza
“Al Fiscal le pido que no permita que la Fiscalía General de la Nación pase en esta parte de la historia colombiana en la lucha por la paz, como la institución que construiría procesos penales falaces que terminaron alentando las disidencias, prolongando la guerra y defraudando la comunidad internacional.
También que inicie la tan anhelada reforma a la justicia no desde el Congreso, sino desde la propia Fiscalía General. Que adopte medidas para enaltecer la ética y que se capacite constantemente a los funcionarios para que el fin de las investigaciones sea la búsqueda de la verdad; así mismo que los indicadores para medir a los fiscales no sea el número de medidas de aseguramiento dictadas, sino sobre la cantidad de verdad hallada, los restablecimientos de derechos de las víctimas generados, las sentencias efectivamente dictadas y la prevención de más conductas, la terminación de los efectos dañosos del delito. Además que se garantice a las víctimas verdad y no repetición como prioridad en los procesos”.
Sabrina Cuninghan
“Es importante que el nuevo Fiscal General, revise y reformule los lineamientos para la aplicación de la figura del principio de oportunidad consagrados en el la resolución 4155 de 2016. A la fecha, esa figura, que pretendía dinamizar el procedimiento penal, obtener colaboración eficaz para judicializar a grandes delicuentes y dar autonomía a los fiscales para materializar la justicia premial como novedad de la Ley 906 de 2004, es prácticamente inoperante, pues menos del 1% de los casos del Sistema Penal Acusatorio se resuelven por esta vía”.
Wilson Andrés Cadena
“Le pido al Fiscal que invierta recursos en los investigadores, es inaudito que exista un investigador por cada 4 fiscales, que amplíe la planta de fiscales en la base, locales y secciónales. Tiene una carga desproporcionada. Es imposible que un despacho tenga 300 temas o más y les exijan resultados. Que se invierta en capacitación; muchos delegados en temas de conocimiento especializado no tienen información. Así mismo, que se restrinjan los juicios paralelos. Deben dejar que los periodistas informen, pero jamás que los fiscales salgan a ruedas de prensa o semejantes. Recuérdese el caso de la doctora. Claudia Carrasquilla”
Oscar Sierra Fajardo
“Al fiscal Barbosa le pido, que es hora que desde la fiscalía se asuma responsabilidad frente a las crisis carcelarias y de congestión del sistema penal, que las políticas cambien en pro de descongestionar el sistema, se debe desmontar la directiva 01 del 23 de julio de 2018, que limitó la posibilidad de preacordar circunstancias de menor punibilidad en varios delitos, entre ellos el porte de estupefacientes, dicho delito corresponde a un flagelo social que merece otro tipo de soluciones distintas a la cárcel y muchísimos de los procesados por ese delito, se encuentran en situación de marginalidad, ignorancia o pobreza, la doble moral de permitir el consumo y sancionar la venta, solo esta logrando capturas de los más pobres y no de estructuras criminales”.
Oswaldo Medina Posada
“El nuevo fiscal general debe garantizar la autonomía del ente investigador, en las investigaciones que se adelantan contra personas relacionadas con el gobierno nacional, y no dar paso a que se politice la entidad. Además tiene la obligación de conformar una unidad especializada para investigar y proteger a la víctimas y a los líderes sociales que están siendo asesinados en todo el territorio nacional, labor que deberá desarrollar implementando unidades de inteligencia para prevenir y desarticular los grupos de están perpetrando esos crímenes.
Finalmente, deberá hacer que prevalezca la investigación y que no se capture para investigar, sino que se investigue y ahí si capturar, si es necesario. En las investigaciones se deben preservar las garantías fundamentales de los vinculados y retomar la idea que la Fiscalía cuente con su propia escuela de capacitación de fiscales e investigadores, lo cual es necesario para que el ente investigador esté a la vanguardia en conocimiento y técnicas del sistema procesal actual”.
Juan Manuel Valcarcel
“Considero que una de las tareas más importantes de la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación, debería centrarse en evitar que su inmensa capacidad sea puesta al servicio de intereses políticos - electorales o de la disputa por espacios de poder. Con toda humildad recomendaría despolitizar el ejercicio del poder judicial.
Por otra parte, como quiera que la entidad participa activamente en proyectos de ley relacionados con el derecho penal y el aterrizaje de la política criminal, resulta conveniente que esta participación sirva al sistema penal y procesal penal, antes que a intereses meramente electorales, que en ocasiones buscan generar popularidad en el electorado, antes que realmente solucionar la problemática para la cual está dispuesto el derecho penal.
Así mismo, conviene que la solicitud de medidas de aseguramiento se haga de manera prudente, pues en la actualidad parece estarse midiendo el éxito de la Fiscalía por las detenciones preventivas que por las decisiones en firme den condena. Este parece ser un rasgo efectivista que resta credibilidad a su labor, cuando el verdadero resultado está en los juicios penales y las respectivas sentencias”.
Augusto Ocampo
“Que limite su intervención en los medios de comunicación a informar sobre los distintos casos penales de impacto nacional explicando siempre la posición del ente acusador en el plano estrictamente jurídico cuando se presente la novedad de una decisión que importe al país. La figura del Fiscal General como titular de la acción penal se debe limitar a la función meramente judicial y no la de ser un actor político más. Lo anterior va de la mano de la propuesta que el mismo doctor Barbosa le hizo al Procurador General de la Nación como al Contralor General de la República.
También que en ejercicio de los principios de lealtad procesal y seguridad jurídica imparta instrucciones a todos sus delgados e nivel nacional para que cuando un juez de la república llámese de control de garantías, de conocimiento o de ejecución de penas y medidas de seguridad, lo mismo que las salas de decisión de los tribunales de distrito judicial adopten medidas a favor de cualquier procesado penalmente, de existir inconformidad, los reparos -como deber ser- se tramiten a través de los recursos de ley previstos por la normatividad aplicable al caso y no despachándose en los medios contra los funcionarios judiciales y/o los abogados defensores”.
Fabio Humar
“Respeto absoluto por las garantías de los ciudadanos, es decir que abandone la pésima práctica de anunciar por medios las investigaciones, las que se deben atender y evacuar de forma privada. Que deje de lado, de una vez por todas, el ánimo carcelero que han mostrado otros fiscales que cárcel es sinónimo de justicia. Por último: que retome el principio de oportunidad y los preacuerdos, cómo verdadera herramienta para descongestionar el sistema.
Finalmente, se decida, de una vez, a implementar el.sistema acusatorio: si bien la norma está en vigencia hace años, la práctica está muy lejos de honrar los postulados de esa ley.
Hernando Bocanegra
“Es fundamental el aumento de la policía judicial para hacer mejores investigaciones. De igual forma, es necesaria mayor capacitación a los fiscales en el sistema acusatorio. Es esencial además, que el fiscal Barbosa nombre fiscales con conocimiento y experiencia en el sistema acusatorio”.
Mauricio Alarcón
“Que la Fiscalía obligue a la devolución total de los dineros publicos a los funcionarios y contratistas que aceptan cargos por delitos de corrupción. Que se cumpla con los tratados contra la corrupción. Hasta ahora la Fiscalia no les exige la devolución, regalando el erario. En el caso de Bogotá a los contratistas y funcionarios les falta legalizar más de cuatrocientos mil millones de pesos. Primero que devuelvan el dinero público y luego se acepte el principio de oportunidad o el preacuerdo”.
Julián Quintana
“La columna vertebral de la investigación es la policía judicial yo le pido al nuevo fiscal que unifique el CTI. Que le apueste a la ciencia y tecnología. Colombia tiene una gran rezago en métodos de investigación. Lo que requiere grande recursos para su tecnificación y profesionalización. Hay que renovar el personal de peritos, alrededor del 80% está punto de pensionarse. Se hace necesario más laboratorios forenses y que sus servicios puedan llegar a las regiones más remotas donde la criminalidad es más alta”.
Carlos Arturo Toro
“Le pido capacitar a sus delegados para dos tareas esenciales: dejar de inflar las imputaciones con delitos inexistentes para poder pedir medidas de aseguramiento improcedentes. Y, que aprendan a construir correctamente la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes en los actos de imputación y acusación”.
Juan Carlos Cárdenas
“Las medidas cautelares y las medidas de aseguramiento en los procesos se volvieron regla general y nos son aplicadas como lo plantea la ley, de manera excepcional. No se respetan las garantías fundamentales y es por eso que la Fiscalía tiene millonarias demandas y fallos de reparación en su contra. Eso debe cambiar en la administración del fiscal Barbosa. Se necesitan más fiscales garantistas y leales en los procesos. Para cualquier tipo de proceso están pidiendo detención intramural”.
Carlos Arturo Gómez Pavajeau
“Que desmonte el perverso sistema de calificación fundado en que solo cuenta para los fiscales aquellas resoluciones como las de acusación y petición de medidas de aseguramiento, lo que puede propiciar falsos positivos, como ya vemos que no son escasos en la entidad.
De cumplir cabalmente con la Carta Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, haciendo Control de Convencionalidad y dictando las directivas pertinentes para que su función, que no es otra que la de quien administra Justicia, deje de parecerse a un juego de poder instrumentalizando a los ciudadanos e irrespetando sus derechos”.
