El terror sacudió a Bogotá. 200 kilos de anfo, camuflados en el interior de la silla trasera de un automóvil Renault Megane rojo ámbar hicieron trizas las instalaciones del Club El Nogal, ubicado en la carrera séptima con calle 78 al norte de Bogotá. 35 personas murieron y 73 más resultaron heridas. Hoy, 16 años después de aquella noche tenebrosa del 7 de febrero de 2003, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pasaron a ser un movimiento político por cuenta de la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.
De otra parte, los damnificados, libran una batalla legal en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en busca de que se abra el caso 008 y sean reconocidas como víctimas de esos hechos y de manera subsidiaria se declare que son afectados por las acciones de Hernán Dario Velasquez alias ‘El Paisa’. La JEP, luego de una acción de tutela en su contra, respondió que el caso de la bomba de El Nogal no está entre sus prioridades y en cuanto a ser reconocidos como víctimas de alias 'El Paisa' no se pronunció.
Oscar René Rojas Valencia, una de las víctimas del atentado terrorista radicó un derecho de petición ante la JEP, solicitando se le informara si por estos hechos el tribunal había iniciado algún proceso y de ser así le informaran el número de radicado, se expidieran copias del expediente y le indicaran la fecha de realización de las próximas audiencias para poder asistir.
Transcurrió más de un mes y la respuesta no llegó. Tuvo que acudir a la Acción de Tutela en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz para que respondieran su derecho de petición. La Subsección Sexta de la Sección de Revisión de la JEP solicitó respuestas. Pero como en el juego se empezaron a lanzar la pelota de un área a otra.
La presidencia de la JEP, en cabeza de la magistrada Patricia Linares, respondió que las funciones de su cargo corresponden a la representación social e institucional del tribunal y advirtió que frente a la solicitud de Rojas Valencia, esta no se remitió a su dependencia y por lo tanto no tenía elementos de juicio, pero indicó que al revisar el sistema de gestión documental Orfeo de la entidad, el asunto correspondía al Departamento de Atención a Víctimas de la Secretaría Ejecutiva desde el 21 de mayo de 2019, sin que se le hubiera remitido respuesta alguna al demandante.
Un mes después, el 25 de junio, la Secretaría Ejecutiva de la JEP informó que había dado respuesta a Oscar Rene Rojas Valencia desde el 21 de junio, es decir, de manera extemporánea del que indica la Constitución y la ley, y dos días después de haber tenido que recurrir a una tutela para lograr la respuesta.
Por su parte, la Secretaría General Judicial de dicho Tribunal solicitó ser desvinculada de la tutela porque a su juicio, luego de revisar el sistema evidenció que efectivamente el 21 de mayo de 2019 se había realizado dicha solicitud, pero encontró que esta al encontrarse en el Departamento de Atención a Víctimas no pudo realizar la trazabilidad de la petición.
Finalmente, María del Pilar Bahamón, secretaria Ejecutiva de la JEP informó que le había dado respuesta al derecho de petición el 21 de junio de 2019, es decir, veintitrés días después del termino legal establecido, 10 días.
Ante esta situación, las magistradas que conocieron de dicho recurso de amparo declararon la carencia actual del objeto. Es decir, que como ya se había dado respuesta, se había superado la vulneración del derecho fundamental de información. En esto coincidieron las magistradas Gloria Amparo Rodríguez y Zoraida Anyul Chalela Romano. Sin embargo, su colega, Caterina Heyck Puyana realizó salvamento de voto, es decir, no compartió la decisión.
Y es que el remedio resultó peor que la enfermedad. La respuesta de la Secretaría Jurídica de la JEP se convirtió en un nuevo dolor en el alma para las víctimas del Nogal. “La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas no ha priorizado el caso por usted expuesto.
El argumento del tribunal de paz es que la masificación de los hechos que ocurrieron dentro del conflicto armado, requiere la implementación de mecanismos de priorización para “centrar los esfuerzos de investigación penal sobre los máximos responsables de los más graves delitos contra los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario”.
La JEP desde su creación hasta la fecha se ha centrado en siete casos denominados: Retenciones ilegales por parte de las Farc-EP, situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en Nariño, muertes ilegítimamente presentadas como bajas por agentes del Estado, situación territorial de la región de Urabá, situación territorial de la región del norte del Cauca, victimización de miembros de la Unión Patriótica y reclutamiento de niñas y niños utilizados en el conflicto armado colombiano.
La secretaria ejecutiva del tribunal, María del Pilar Bahamón, también le advirtió al solicitante que su petición había sido remitida a la sala de Reconocimiento pero que esto no significaba que el caso de la bomba de El Nogal fuera seleccionado y priorizado. En cambio, lo invitó a que se acercara a una organización de víctimas o de derechos humanos o se reuniera con otras personas que tuvieran la misma condición de victima y presentaran un informe. Adicionalmente, le entregaron un plegable ilustrativo y orienativo para la presentación de informes.
Una respuesta que dejó más dudas que certezas a las víctimas. Pues en la petición que elevaron a la JEP estaba la generación de un nuevo radicado, es decir la apertura del caso 008. Advirtieron que era necesario que el Tribunal iniciara la investigación de lo que sucedió la noche del 7 de Febrero de 2003.
“Ello en atención a la documentación que ya reposa en la Comisión de la Verdad al respecto, y de, forma subsidiaria solicitamos ser acreditados como víctimas del proceder del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga alias ‘Oscar Moreno’, ‘El Paisa’ o ‘Aníbal’ dentro del caso 001-JEP”, señala la comunicación en otro aparte.
Precisamente este es el eje de la controversia, pues la bomba del Club El Nogal estuvo a cargo de la columna móvil Teófilo Forero, también conocida como “La Teófilo” de la cual estuvo a cargo alias ‘El Paisa’ desde 1993.
Hernán Darío Velasquez, ‘El Paisa’ es uno de los hombres clave en el grupo guerrillero. Nació en Remedios, Antioquia y versiones lo ubican como uno de los frutos delictivos de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.
Apenas había cumplido la mayoría de edad y ya era conocido como uno de los sicarios de Escobar y un aventajado aprendiz del tráfico de estupefacientes. En 1989 fue capturado en Jamaica en el momento en el que cambiaba cocaína por 1000 fusiles y 250 morteros.
Al recuperar la libertad se adhirió al Bloque Oriental de las Farc, al mando de Victor Julio Suárez, alias el “Mono Jojoy”. 'El Paisa' se dedicó a ser el terror en Antioquia instalando retenes y exigiendo vacunas. En 1993 pasó al mando de la columna Teófilo Forero cuya misión principal era la de proteger a los integrantes de la cúpula de las Farc.
Sus acciones violentas le permitieron escalar rápidamente dentro de la organización guerrillera. Fortaleció el ala militar de los bloques Oriental y Sur. En su prontuario se cuenta el asesinato de la familia Turbay Corte en el año 2000, la toma del Edificio Miraflores. Y una de sus acciones acabó con los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, el secuestro de un vuelo en el que se desplazaba Jorge Gechem.
También es el gestor de dos de las acciones más sanguinarias el carro bomba de El Nogal y cuatro años después el secuestro de los diputados Del Valle del Cauca.
Aunque como miembro del Estado Mayor Central de las Farc, hizo parte de La a negociaciones del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, siempre mostró recelo.
Estuvo a cargo del Espacio Territorial de Concentración y Reinserción en el Caquetá, hasta la captura el 9 de abril de 2018 de Seuxis Pausías Solarte, alias 'Jesús Santrich', días después no se volvió a saber de él.
Hasta unas semanas reapareció en un video al lado de otros desertores de esa guerrilla como Iván Márquez y el propio Santrich. Días después la JEP lo expulsó. Actualmente el Gobierno ofrece $3.000 millones por información que conduzca a su captura, aunque muchas voces señalan que estaría en Venezuela.
Precisamente por ser víctimas de las acciones de uno de los guerrilleros calificados como más sanguinarios de las FARC, como es alias 'El Paisa', sus afectados no entienden porque uno de sus episodios como es el carro bomba de El Nogal no es considerado como un tema prioritario en la JEP y tampoco responden sobre el reconocimiento como víctimas en el caso 001.
Inconformes y sentidos por el silencio del tribunal de Paz, pues no solo no respondieron el derecho de petición dentro del término si no que fue necesaria una acción de tutela para lograr la respuesta, consideran que no se respondió de fondo y por lo tanto interpondrán una nueva acción de tutela.
