Aires de Navidad y año nuevo pero enrarecidos, se respiran al interior de la Fiscalía. Los villancicos, la natilla y los buenos augurios han pasado a un segundo plano, relegados por el peor clima laboral que afronta la institución en las últimas décadas.
Los ingredientes de este cóctel explosivo no pueden ser peores: la cúpula del ente acusador fragmentada en tres grupos, un anuncio de huelga nacional e indefinida al despuntar 2025, una licitación multimillonaria para proveer 4.000 cargos que tiene participante al fundador de una cadena de gimnasios como parte de una unión temporal y hasta señalamientos al Gobierno Nacional de estar metiendo mano a la nómina de la Fiscalía. Todo esto a pocos días de iniciarse la vacancia judicial por vacaciones colectivas de la Rama Judicial, el próximo 20 de diciembre.
Los funcionarios no aguantaron más. El pasado 4 de diciembre, al despacho de la silenciosa fiscal Luz Adriana Camargo llegó una carta suscrita por los seis representantes de los casi 23.100 servidores que integran la Fiscalía. En la misiva de dos páginas, acusan a Ligia Stella Rodríguez Hernández, quien funge como directora ejecutiva, y a Andrea del Pilar Verdugo, la directora de Asuntos Jurídicos, de maltratar y transitar por los caminos del acoso laboral.
"(…) no podemos hacer oídos sordos ante el clamor de muchos de nuestros compañeros que se sienten atemorizados y acosados por el comportamiento impredecible de estas dos mujeres", señalan en la comunicación.
Pero, renglón seguido y entre líneas, la carta evidencia la fragmentación de la entidad: “No se entiende cómo se sostienen en esta administración directivos que no armonizan con sus pares y que no honran la palabra de la fiscal general de la Nación, que incumplen abiertamente y sin sonrojarse las órdenes que usted imparte, lo que envía un mensaje tergiversado y crea la incertidumbre de quién es realmente la que manda y cuál es el rumbo que debe tomar la entidad”, se señala en el texto. Detrás de estas frases existe todo un andamiaje de hechos que están fragmentando la entidad.
Los grupos en disputa
En diálogo con la Agencia de Periodismo Investigativo, API, integrantes de la cúpula de la Fiscalía, personal administrativo, fiscales, investigadores y hasta sindicatos coincidieron en la versión de que en la alta dirección del ente acusador existen tres grupos que entre sí se miran de reojo y con desconfianza.
El primer grupo sería el de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y sus asesores de confianza. Para unos, silenciosa y prudente; para otros, pasiva en exceso y con poco carácter: "Le entregó el poder a la directora ejecutiva, es decir, al Gobierno Nacional", señaló uno de los consultados.
El segundo grupo lo encabeza el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, cercano a la Corte Suprema de Justicia (órgano elector de la fiscal general), con Deisy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, y Gabriel Sandoval Vargas, delegado contra la Criminalidad Organizada, quienes se estarían encargando de lo misional de la entidad.
El tercer grupo es el denominado verdadero poder detrás de la fiscal general. A la cabeza está Ligia Stella Rodríguez Hernández, directora ejecutiva, y Andrea del Pilar Verdugo, directora de Asuntos Jurídicos.
Estas dos funcionarias son miradas con recelo y desconfianza por sus pares y la planta de funcionarios de la entidad por una poderosa razón: son consideradas cercanas al Gobierno del presidente Petro. Un detalle que no es menor, pues en la dirección ejecutiva se manejan los nombramientos y el dinero de la entidad. Es decir, es el corazón funcional de la Fiscalía.
Las poderosas
Ligia Stella Rodríguez Hernández hizo parte, desde el inicio de la alcaldía de Claudia López, de la Secretaría de Movilidad y es considerada muy cercana al gobierno Petro desde sus años como primer mandatario de los bogotanos.
De quien dicen ser la más poderosa funcionaria del ente acusador, la describen como una persona displicente, arrogante y desobligante que hace caso omiso a las decisiones de la fiscal general Camargo.
Incluso, así se lo hicieron saber a la fiscal los sindicatos de la entidad, quienes semanas atrás se levantaron de una mesa exigiendo la presencia de Camargo y allí le manifestaron: "Señora fiscal, las decisiones del quinto piso cuando bajan no se cumplen".
La segunda integrante de este grupo es Paula Tatiana Arenas González, subdirectora nacional de Talento Humano de la Fiscalía y quien trabajó también en Movilidad con Rodríguez Hernández. Es decir, ambas vienen de antaño trabajando juntas.
Como dato curioso, en 2021 el esposo de Arenas González, Mauricio Liévano Bernal, se posesionó como comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dicho órgano es justamente el encargado del mérito en el empleo público responsable de administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos.
El otro poder estaría en Andrea Verdugo, esposa de Andrés Idárraga, el secretario de Transparencia del gobierno Petro. No se olvida que el pasado 16 de marzo, esta Agencia reveló, en momentos en que se estaba a la espera de que Camargo designara su vicefiscal, que Idarraga estaba en el sonajero por dos razones.
La primera, su cercanía con el presidente Petro desde la alcaldía de Bogotá, en donde fungió como contratista de la Secretaría Distrital de Salud, Secretaría del Hábitat y Secretaría de Gobierno.
Y también por ser próximo a la propia fiscal Luz Adriana Camargo, pues este fue jefe de ella en la Secretaría de Transparencia entre el 11 de julio y el 31 de agosto de 2023, cuando esta se desempeñó como asesora de Idárraga a través de la empresa Consucol S.A.S., fundada por Walfa Téllez, esposa del polémico exfiscal Francisco Barbosa, cuestionado por el uso del millonario presupuesto de la entidad para satisfacer asuntos personales.
Aunque Idárraga, quien en muchos casos ha sido punta de lanza para el gobierno Petro, no llegó a la Fiscalía, sí lo hizo su esposa Andrea Verdugo, para ocupar otro de los cargos columna vertebral: la Secretaría de Asuntos Jurídicos.
Las dos mujeres, según indicaron fuentes a esta Agencia, hicieron un fuerte bloque, e incluso fueron denominadas por los sindicatos como "fuera de concurso del premio Limón", por ser las más maltratadoras de la entidad.
Y aunque ambas funcionarias son señaladas como gestoras del mal clima laboral que se vive en la Fiscalía, entre otros, por la pasividad en nombramientos: "Un gran porcentaje de los fiscales no tiene equipo de trabajo, no tienen asistentes ni investigadores. Los nombramientos no se están haciendo o se hacen a conveniencia", indicó otra fuente homóloga y cercana a las funcionarias.
Otro de los reproches es lo que denominan el desmantelamiento de la unidad de Lavado de Activos. Indican que, al menos, el 60% de los funcionarios que llevaban casos complejos fueron removidos.
"Gran parte de lo que está ocurriendo en Bogotá, en cuanto a índices de criminalidad y demás, se debe al caos que vive la Fiscalía, no solo por la pasividad, por las decisiones tardías y hasta por el cambio de modelo en el procedimiento. Ahora un solo fiscal debe hacer todo. Si usted está seis horas en audiencias, ¿a qué horas revisa indagaciones?", reprochó con vehemencia otro funcionario.
Una licitación polémica
Pero la cereza del pastel es la licitación, denominada concurso de méritos Fiscalía 2024, por $35.000 millones, de los cuales $2.500 millones son del presupuesto de 2024 y el restante de las vigencias futuras de 2025 y 2026.
En este punto surge otro funcionario que viene de anteriores administraciones, Carlos Humberto Moreno Bermúdez, subdirector nacional de apoyo a la Comisión de Carrera Especial (SACCE) y secretario técnico de la Comisión de Carrera Especial. Y es que en este rompecabezas hay muchas piezas que no engranan.
En el diseño y estructuración del concurso de méritos para la provisión de vacantes definitivas de la planta de personal con fecha junio de 2024, un documento de 81 páginas en el que se analizó este proceso que puede arrasar con la memoria y experiencia de la Fiscalía, quedaron varios hechos en evidencia y otras consideraciones que curiosamente hoy no están aplicando.
Si bien es cierto que el Consejo de Estado ordenó hacer un concurso de méritos, la bolita parece estar en el cómo. Tras una acción de cumplimiento fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por el Consejo de Estado, en sesión extraordinaria del 27 de mayo de 2024, los miembros de la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía aprobaron por unanimidad desarrollar este concurso para proveer 4.000 vacantes definitivas en modalidad de ascenso e ingreso.
Por ejemplo, entre los años 2019 y 2021, mediante tres leyes se crearon la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales; la Dirección de Apoyo Territorial, adscrita a la Delegada para la Seguridad Territorial; la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, ordenando a la entidad crear 538 cargos, de estos 534 de carrera especial.
Asimismo, en la ejecución de un concurso de méritos de 2021 se declararon desiertas unas vacantes porque el número de personas que aprobaron los exámenes fue inferior a la lista de elegibles. En ese estudio también se indicó que la oferta de vacantes a proveer obedece a la generalidad con la que se establecen en el manual de funciones y allí se enunció a empleos de Fiscalía y Policía Judicial, es decir, CTI.
Y una perla: en dicho documento se estableció que, previa a la publicación del acuerdo de la convocatoria, "la Subdirección de Talento Humano deberá garantizar que el Manual Específico de Funciones y Requisitos se encuentre debidamente actualizado", se señaló. Sin embargo, a pesar de que este requisito no se había cumplido, el pasado 21 de agosto, mediante resolución 07057, se ordenó el proceso de licitación de dicho concurso.
Para sorpresa de todos, días después, el 3 de septiembre, se expidió otra resolución, la 7427 de 2024, revocando la anterior y argumentando que se tenía que excluir al Grupo de Policía Judicial porque exigía una aplicación de procedimientos y técnicas especiales.
En otras palabras, no se había actualizado el manual respecto a Policía Judicial. Sin embargo, semanas después, excluyendo al CTI y sin aún actualizar el Manual de Funciones de la Fiscalía, como lo ha reiterado el Consejo de Estado, el ente acusador volvió a ordenar la licitación para seleccionar el operador logístico. Otra fuente de pesada controversia.
Pesos pesados
Así sucedió. El 15 de noviembre, tres días después de haberse proferido la resolución de adjudicación 9345 del 12 de noviembre de dicho concurso de méritos, se suscribió el contrato 0229 de 2024, entre la Fiscalía y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024, integrada por la Universidad Libre y una firma denominada Talento Humano y Gestión S. A. S. (TH y SAS), constituida en 2010 mediante escritura pública 0577, por José Joaquín Loaiza y Luna Margareth Tobar Niño, y con un capital suscrito de $257,5 millones.
Su objeto social es la contratación de personal temporal para la prestación de servicios con terceros beneficiarios, outsourcing de nómina, etc. Para el año 2020, los accionistas ya eran otros: KBJ S. A. S. con el 37,24%, Obrador Administrativo S. A. de C. V. con el 43,85%, Bryan Loaiza Vásquez con el 4,08%, Lina Margareth Tobar Niño con el 10,44% y Grupo Logan S. A. S. con el 4,39%.
Justamente, mediante acta número 26 y en asamblea extraordinaria, el 24 de junio de 2020 el objeto social se enfocó al diseño e implementación de capacitaciones, evaluación de potencial humano, medición de competencias, evaluación e intervención de clima organizacional, estudios de seguridad, reclutamiento de personal, selección, head hunting, entre otras actividades.
También se amplió a la realización de estrategias de marketing no masivo para activación de marcas de terceros en puntos de venta o eventos de lanzamiento dirigidos a segmentos específicos, utilización de medios de comunicación no convencionales para estrategias publicitarias de terceros, definición y construcción de marcas mediante gestiones planificadas.
Meses después de esta modificación del objeto social, dicha empresa, en unión temporal con la Universidad Libre y otra denominada Temporal S.A.S., suscribieron un contrato por $17.780 millones para diseñar y desarrollar las etapas del concurso para la provisión de cargos por mérito en la Fiscalía.
Bodytech y la Fiscalía
Paradójicamente, entre el contrato para proveer 4.000 vacantes de los hombres y mujeres que materializarán el poder investigativo y acusador de la Fiscalía, existe un hilo conductor con la cadena de gimnasios Bodytech y su fundador Nicolás Loaiza Galeano.
Y es que la empresa con la que, inexplicablemente y posiblemente sin necesidad, la prestigiosa Universidad Libre decidió asociarse para efectuar todo el proceso de concurso de méritos de la Fiscalía, como se dijo anteriormente, Talento Humano S.A.S., tiene cinco socios entre personas naturales y jurídicas.
La primera de ellas es la empresa KBJ S. A. S., constituida a finales del año 2000 mediante escritura pública 1947. Su objeto social inicial fue la inversión en bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de sociedades comerciales y civiles, y en terrenos urbanos y rurales. El capital suscrito fue de tres millones de pesos. Como socios se registraron Katherine Pamela Loaiza Galeano, Bryan Loaiza Vásquez y Juan Pablo Loaiza Maldonado.
En 2019, la empresa aumentó el capital a $3.000 millones. En octubre de 2021, seis meses después de haberse suscrito el contrato de la Fiscalía con la unión temporal que constituyó la Universidad Libre con la empresa de personal Talento Humano, Nicolás Mauricio Loaiza Galeano inscribió una situación de control frente a KBJ S. A. S.
Pero no es el único. Bryan Loaiza, quien figura en registros públicos como accionista de KBJ S. A. S. y de la empresa Talento Humano, desde el año 2019 se desempeña como gerente de alianzas y nuevos negocios de Bodytech.
La otra sociedad con un porcentaje de participación en Talento Humano es Grupo Logan S.A.S. Esta sociedad fue constituida el 12 de noviembre de 2010 mediante documento privado. Su único accionista es el fundador de la cadena de gimnasios Bodytech, Nicolás Mauricio Loaiza Galeano. El objeto social fundador son actividades como inversionista de capital, actividades de asesoramiento empresarial y consultoría profesional, y como capital pagado se estipuló $100 millones.
Por último, una exreina de belleza tiene el 10,8% de participación en Talento Humano. Se trata de Lina Magreth Tobar Niño, exseñorita Norte de Santander en el Concurso Nacional de Belleza, y quien en su año de reinado ganó el premio de mejor compañera. Tras su paso por el certamen de belleza, que para ese entonces se convertía en una plataforma de oportunidades para las candidatas, continuó sus estudios en Economía y Administración de Empresas. En el año 2015 posó junto a Nicolás Loaiza en la apertura de la sede de Hacienda.
Lío de US$3.2 millones
Pero, al parecer, no todo es color de rosa entre los socios. El principal accionista, Obrador Administrativo S. A., con el 48%, demandó a KBJ S. A. S., Grupo Logan S. A. S., Bryan Losiza, Juan Pablo Claustre García y Nicolás Loaiza en mayo de 2023, en un proceso ejecutivo singular. En la sustentación de un recurso de alzada ante la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, el pasado 7 de noviembre, quedó evidenciado el conflicto.
El abogado del demandante señaló que, en un acuerdo de intención, se evidenció que las partes indicaron cuáles serían las condiciones a definir con el propósito de rescindir los contratos aludidos, quedando indicado que las partes contractuales "fijaron como monto a devolver a Obrador Administrativo S. A. de C. V. serían 3,2 millones de dólares, dinero que sería devuelto en cuatro pagos semestrales, señalando unas fechas respectivas, las tasas de interés, la tasa de cambio, quedando pendiente la garantía", se extrae del recurso de apelación.
Según el documento, en el contrato de intención se pactó que las acciones serían objeto de restitución a los vendedores, como precio US$3,2 millones, y se acordó la firma del documento definitivo para el 15 de noviembre de 2019.
Incluso se extrae un aparte del interrogatorio de parte formulado a Lina Magreth, en el que ella reconoce que se hizo un abono de US$200.000: "(…) no pudimos mandar más, seguramente si hubiéramos tenido más, hubiéramos mandado más, o no, no habíamos puesto de acuerdo, no teníamos la plata para eso", le señaló al juez.
Lo cierto es que la empresa Talento Humano y Gestión S. A. S., con el 10% de participación en la unión temporal con la Universidad Libre del contrato por $30.749.219.200 suscrito para proveer 4.000 vacantes en la Fiscalía, y con gran incidencia por el fundador de Bodytech, tendrá a cargo esta labor.
"Lo peor de todo este asunto es que aquellos funcionarios que saldrán de la Fiscalía, que tienen la experiencia y la memoria de la entidad, saldrán por un 'sorteo', pues a este caos se suma que esto se hará por balota, todo lo contrario a lo que implica el mérito", indicó uno de los directivos del sindicato.
Este es el panorama de lo que se vive en la Fiscalía, mucho silencio hacia afuera, pero con la procesión de puertas para adentro. En las horas de la tarde de este lunes esta Agencia envío seis interrogantes al Whatsapp personal de la fiscal general Luz Adriana Camargo que no respondió. Uno de sus asesores recibió las mismas preguntas y respondió a esta Agencia: "transmito estas inquietudes y le cuento".
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