Con la expectativa de tener nuevas posibilidades de empleo y el mejoramiento de sus difíciles condiciones de vida, un grupo de campesinos de los municipios de San Luis de Palenque y Orocué, en el departamento del Casanare, parecen haber caído en el cuento de una bonanza petrolera. La razón, es que aparecieron compañías que anunciaron la explotación de los pozos Curito-6 y Cedrillo, pero las cosas se enredaron porque negocios asumidos por la multinacional canadiense Frontera Energy en su transformación, terminaron en un pleito de más de US$9 millones de dólares. Lo cierto, es que se investiga a esta compañía por la supuesta cesión de un bloque petrolero sin la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. Una situación que tiene a ocho compañías del sector al borde de la quiebra y a campesinos y transportadores de la región arruinados. Dificultades que incluso obligaron a funcionarios de Human Rights Watch y de la ONU, a acudir a la zona para verificar el drama de los pobladores.
Todo se originó por una larga cadena de intermediarios. En junio de 2005, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, entregó la explotación del Bloque Casanare Este a la compañía Petrominerales que se fusionó con Meta Petroleum y posteriormente fue adquirida por la empresa Frontera Energy. Desde entonces, comenzaron los problemas porque quien terminó operando los pozos fue la empresa Gold Oil PLC.
Así las cosas, entre la comunidad de la región se generó una gran expectativa, porque en una zona de conflicto y en donde la ganadería y la agricultura cedieron el espacio a la actividad petrolera, se presentaba una oportunidad única de recuperar la región y de acceder a un empleo digno y otras retribuciones en desarrollo social que ofrece la explotación de crudo.
Pero los eslabones de la cadena de intermediación continuaron. La empresa Gold Oil PLC, firmó un nuevo contrato con la empresa Reikcon Holding SAS, con el propósito de que efectuara la administración del bloque. De allí en adelante, esta última empresa también contrató los servicios de perforación y los complementarios.
De esta manera, según quedó consignado en los informes de visita de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, la empresa Reikcon contrató a cerca de 30 proveedores, entre, trabajadores, transportadores, operarios, proveedores de alimentos, encargados de seguridad y una larga lista de personas y microempresarios locales quienes durante más de dos años trabajaron en las difíciles condiciones que representa la industria en una zona como los Llanos Orientales.
Facsímil de la carta dirigida a Brent Larson Barry en donde se da inicio al procedimiento de incumplimiento de contrato
Entonces empezó la debacle. Mientras se avizoraban cientos de barriles de crudo, la operación administrativa fallaba. La bonanza se esfumaba. Retrasos, incumplimientos, salarios no pagados, beneficios en el aire y obras sociales pactadas que no se ejecutaron, convirtieron la explotación de crudo en un gran drama social.
De hecho, el pasado 18 de abril de 2018, una visita a la zona a la que acudieron delegados de Human Rigths Watch, la ONU, el ministerio del Interior, la secretaría de Gobierno del departamento de Casanare y funcionarios de la ANH, llegaron hasta la escuela de la vereda Jagueyes, ubicada en el municipio de San Luis de Palenque en Casanare y evidenciaron la situación.
En concreto, dirigentes comunales, líderes de asociaciones y miembros de la comunidad denunciaron que las empresas Gold, Reikcon y Frontera, ejecutaron las obras del pozo Curito-6 con mano de obra local y se negaron a pagar los servicios. También detectaron que fueron las comunidades y los proveedores quienes subsidiaron la construcción del pozo. Y fueron más allá, al asegurar que especialmente Gold como operador del bloque, abusó de la comunidad e incumplió sus compromisos laborales y sociales. Así mismo, solicitaron la presencia de funcionarios de Frontera al señalar que como dueños del bloque debían responder por las obligaciones no pagadas.
La situación social se complicó. Un informe sobre la visita da cuenta que la situación generó, “una gravísima crisis social en la región, pues por esa razón muchos campesinos tienen el riesgo de perder sus fincas y casas pues se endeudaron parar lograr los contratos celebrados con Gold y Reikcon”. Una vez, reunidos en la escuela, los delegados internacionales, nacionales y locales se trasladaron directamente a los pozos para verificar su operación.
En Curito-6 encontraron a un grupo de proveedores protestando por los incumplimientos de Gold, Frontera y Reikcon. Allí señalaron que estas firmas les hicieron creer que eran los operadores del bloque Casanare Este y de buena fe le suministraron servicios y bienes como la perforación y terminación del pozo petrolero. También los manifestantes informaron haber sido amenazados, al parecer por paramilitares, que fungían como personal de seguridad de la región. Una visita que concluyó con la entrevista a varios trabajadores quienes preocupados por la situación trataron de desprenderse de sus uniformes que tenían el distintivo de Gold Oil. Otros, fueron encontrados por funcionarios de la ANH ocultando información y documentos que finalmente fueron inspeccionados.
Al día siguiente, la visita fue a la vereda Algarrobo del municipio de Orocué. En las instalaciones del polideportivo evidenciaron los presuntos abusos de la compañía Gold en la operación del pozo Curito-6. De nuevo, las denuncias fueron precisas; incumplimiento de pagos, de inversión social y la operación de un bloque en condiciones nocivas para el medio ambiente, generando daños a bienes y personas de la comunidad. Uno de los pobladores y afectados por la situación evidenció lo que pasaba, “nadie entiende cómo la segunda petrolera más grande de Colombia termina financiándose con el trabajo y esfuerzo de humildes campesinos y pequeñas empresas”.
En ese mismo escenario, el turno fue para los proveedores. Se reunieron con un representante de 18 empresas en donde señalaron que Gold a través de Reikcon contrató todos los servicios para el pozo Curito-6 y nunca pagaron. Uno de los subcontratistas señaló: “nadie responde, no contestan las llamadas ni los comunicados que se les han enviado, nos sentimos estafados con la complicidad de Frontera y Meta Petroleum”.
Con este panorama las diferentes delegaciones regresaron a la capital de la República con el propósito de solucionar el asunto. La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó los documentos del tema y acudió al ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la multinacional Frontera y las empresas señaladas como, Reikcon Holdings y Gold Oil, mencionadas en el caso.
Mediante un documento de 55 páginas, el pasado 2 de junio de 2005, la ANH suscribió el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos con Petrominerales, hoy Frontera. El negocio fue la explotación por 24 años de un área de 31.985 hectáreas en los municipios de Orocué y San Luis de Palenque en el Casanare. Allí están ubicados los pozos de la polémica.
Facsímil contrato de exploración y explotación de Hidrocarburos entre la ANH y Petrominerales, hoy Frontera
Facsímil contrato de exploración y explotación de Hidrocarburos. Cláusula 11-Conducción de operaciones
Ante la situación el pasado primero de junio de 2018 y por una solicitud de compañías afectadas, la Agencia Nacional de Hidrocaburos, inició el procedimiento para la declaración de incumplimiento del referido contrato. En esencia, argumentó su determinación inicial en 15 pruebas documentales que dan cuenta de asuntos financieros, operacionales, técnicos y jurídicos que se habrían presentado entre las partes, pero especialmente originados en comunicaciones, que dan cuenta de una solicitud de autorización para la cesión del negocio a la compañía Gold Oil PLC.
Otro informe de 21 páginas expedido por la ANH y dirigido a Brent Larson Barry y otros dos directivos de las compañías da cuenta del anuncio del procedimiento por incumplimiento del contrato. En el documento se señala también que se ha recibido información en el sentido de que la firma Reikcon Holdings estaba explotando el pozo haciéndose pasar como operador. Otro oficio evidencia el intercambio de correos entre Gold Oil y Reikcon Holdings en donde hablan de operaciones asociadas a los pozos de San José de Palenque. En el litigio también aparecieron otros correos en los cuales la firma Reikcon ha expresado que la operadora del bloque Casanare es la firma Gold.
El documento indica que una vez iniciado el procedimiento de incumplimiento, el asunto puede derivarse en la terminación el contrato y advierte que para la fecha, junio de 2018, la empresa titular del negocio no había ejecutado actividades exploratorias por casi US$8 millones de dólares. También, se señala otro incumplimiento con la empresa Xplore Drilling Services por más de un millón de dólares. De igual forma se anuncia que ocho empresas interpusieron demandas civiles contra Reikcon Holdings, que a su vez, suscribió contratos de prestación de servicios con cerca de 32 compañías.
Al respecto de esta situación, Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, precisó que este asunto fue heredado de la administración anterior y que se está tramitando en la Gerencia de Asuntos Legales de la entidad. “El tema está en etapa probatoria y debemos tomar una decisión”.
Un caso que también llegó a la Fiscalía. El pasado 30 de abril, fueron denunciados los representantes legales de las compañías Gold Oil, Reikcon Holdings y Frontera Energy, en un proceso que tramita la Fiscalía 134 seccional de Bogotá. Según la denuncia en la que son cuestionados seis directivos, se le pide a la justicia que sean imputados por estafa agravada, en una cuantía superior a los US$2 millones de dólares.
La Agencia de Periodismo Investigativo API, se comunicó con voceros de la multinacional Frontera que respondieron: “evidentemente con Gold se suscribió un contrato cuyo objeto era ceder la participación en el contrato de exploración y producción Casanare Este, cesión que está en cualquier caso condicionada a la previa aprobación de la ANH, tal como lo establece el mismo contrato, de lo cual tiene pleno conocimiento la ANH, del momento en el que suscribió dicho contrato. A la fecha la solicitud no se ha resuelto razón por la cual no ha tenido efecto. No se ha cumplido la condición que pactaron las partes sin la cual no nace la obligación de transferir la participación en dicho bloque”.
De igual manera, en otra carta del pasado 23 de agosto, Richard Herbert CEO de Frontera Energy manifestó que esa compañía se ha venido reuniendo con varias empresas que han ayudado a entender la gravedad de la situación. “Vale la pena recordar que Reikcon es contratista de Gold Oil quien a su vez es contratista nuestro. Al no tener un vínculo contractual con Reikcon las herramientas legales que tenemos para procurar cabal cumplimiento de Reikcon son limitadas”.
Facsímil de la carta enviada por Richard Herbert CEO de Frontera Energy
En cuanto a la posición de las otras compañías denunciadas penalmente, en concreto, Reikcon, el pasado 16 de julio ofreció como fórmula de arreglo la dación en pago de un lote ubicado en Barrancabermeja, propuesta que no fue aceptada por los acreedores argumentando su valor irrisorio. No obstante, la compañía promociona sus servicios y trabajo en los pozos del departamento del Casanare en un video institucional, en donde destaca su compromiso con la región. De igual manera, se conoció que esta compañía elevó solicitud ante la Superintendencia de Sociedades para entrar en la Ley 1116 de 2016 de reorganización empresarial, también conocida como ley de quiebra.
Nota del editor: la empresa Reikcon eliminó su video institucional después de la publicación de este reportaje.
Por su parte, Gold Oil ha señalado en varias comunicaciones que no se ha abrogado funciones de operador toda vez que su vínculo contractual con la empresa Petrominerales, hoy Frontera, es bajo la figura de contrato de prestación de servicios técnicos.
El debate transcurre entre las partes en oficinas de las empresas y despachos de la justicia. La próxima cita es una audiencia de conciliación. El eje de la discordia radica en si la multinacional debe responder por todas las acreencias, como quiera que es titular de un contrato de exploración y producción petrolera con el Estado. Frontera a su vez, se defiende argumentando que no suscribió contratos con las empresas reclamantes. Las autoridades civiles y penales investigan el caso. Entre tanto, campesinos, microempresarios, transportadores y trabajadores arruinados, esperan una respuesta a esa bonanza petrolera que les prometieron desde hace dos años y que nunca llegó.
