“Proyectos que transforman vidas” es el eslogan que desde hace varios años implementó Fonade para presentarse institucionalmente. Con medio siglo de existencia y creado por Carlos Lleras Restrepo, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se convirtió en los años recientes en la piedra del escándalo por el manejo de millonarios recursos y porque de la mano de congresistas y contratistas varias obras quedaron inconclusas y muchos dineros públicos se refundieron. No obstante, los convenios mediante los cuales se ejecutan los dineros se mantenían en secreto, pero ahora salen a la luz pública en su totalidad.
En virtud del manejo indebido de los recursos públicos en la entidad, por ahora hay varios encartados y otros en la mira de la justicia. Los primeros, fueron siete capturados a mediados de julio y la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los excongresistas Musa Besaile y Eduardo José Tous. En concreto, se les señala por haber manejado ocho contratos de vivienda en igual número de regiones y de recibir presuntos sobornos por $4.153 millones.
Pero este no es el único lío de Fonade asociado con la justicia. En sus declaraciones y audiencias en Colombia está documentado que Luis Gustavo Moreno, exdirector de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, preso y extraditado a Estados Unidos por recibir dinero a cambio de “favores” judiciales, también dio su testimonio sobre la entidad. En esencia, lo que Moreno aseveró fue que hubo un pacto político entre los detenidos senadores Bernardo Ñoño Elías y Musa Besaile con el también exmagistrado Francisco Ricaurte, hoy en prisión, para tomarse la entidad mediante el nombramiento de Alfredo Bula Dumar, al que sucedió Ariel Alfonso Aduen, quien permaneció en el cargo hasta mediados del año pasado.
No obstante, para tratar de enderezar el camino, el gobierno Santos designó a comienzos del año al economista Álvaro Balcázar Acero, quien tiempo atrás había sido contratista de la entidad, pero fue tal el despelote que encontró, que le faltó tiempo para desarticular un monstruo de mil cabezas. El funcionario, aún en el cargo, presentó su renuncia irrevocable, “estoy pendiente que el gobierno defina quien será mi reemplazo”, señaló a API.
Y es que desde comienzos de año hasta la fecha, Balcázar intentó sanear la entidad. Recortó cerca de 200 cargos, eliminó la comunicación con sectores políticos, cambió el manual de contratación, hizo públicos algunos procesos licitatorios, firmó un convenio anticorrupción con Confecámaras y, quizá lo más importante, les abrió las puertas a los organismos de control, que poco demoraron en ordenar capturas e iniciar procesos disciplinarios y fiscales.
“Vino entonces la elección de Iván Duque como presidente. Pese a que su equipo de campaña fue advertido varias veces de lo que estaba pasando en Fonade, el nombramiento de su gerente tardó varias semanas”
Vino entonces la elección de Iván Duque como presidente. Pese a que su equipo de campaña fue advertido varias veces de lo que estaba pasando en Fonade, el nombramiento de su gerente tardó varias semanas. Finalmente, a mediados de agosto, Gloria Alonso, directora del Departamento de Planeación Nacional (DNP), anunció que el elegido era el ingeniero Ricardo Rodríguez Yee, quien se venía desempeñando como contralor delegado de Minas y Energía. Pero empezaron las contradicciones en el gobierno. Mientras el Departamento Administrativo de la Función Pública conceptuó que el funcionario no estaba inhabilitado, la Secretaría Jurídica de Presidencia, opinó lo contrario.
En círculos políticos lo que se planteó fue que el nombramiento de Rodríguez incomodó a alguien en el Gobierno, debido a que él fue el artífice de la investigación de Reficar, y algunos servidores del actual gobierno tenían relación con el caso, entonces le cobraron al funcionario la investigación que salpicó a un intocable. Al final de cuentas, y ante el debate que generó su nombre, el propio Rodríguez declinó su nombramiento a comienzos de septiembre.
A la semana siguiente, en desarrollo del taller “Construyendo País”, en Amagá (Antioquia), el presidente Iván Duque anunció a Jean Philippe Pening. Pero a los pocos días se descubrió que el funcionario a través de su empresa Nivalu S.A.S. tuvo un vínculo contractual con la cuestionada multinacional brasileña Odebrecht en los años 2013, 2014 y 2015, por el que recibió $432 millones. Por esta razón, el pasado 1° de octubre, por segunda vez, se cayó el nombramiento en Fonade.
Pero, más allá de los evidentes hechos de corrupción, los desaciertos oficiales para nombrar a su director, las zancadillas para designar a alguno de ellos y los intereses políticos, la entidad sigue manejando millonarios convenios que la convierten en el esquema ideal para saltarse las normas de contratación y manejar el presupuesto de las entidades casi al antojo del cliente oficial. De hecho, en varias ocasiones el excontralor, Edgardo Maya, el actual, Felipe Córdoba, e incluso el gerente Álvaro Balcázar han insistido en su liquidación.
Según Balcázar, las principales dificultades se presentaron en los convenios celebrados bajo la línea de gerencia de proyectos en los que la entidad asumió en muchos casos el riesgo de operación y ejecución sin cuantificar los efectos asociados. El saliente directivo señala que: “muchas de estas actividades eran de carácter misional de las entidades que contrataron a Fonade pero dado que el principio de anualidad presupuestal les impedía ejecutar recursos aprobados de una vigencia a otra, las entidades entregaban los recursos a Fonade para poder desarrollar los proyectos”
Los negocios que se desarrollan a través de Fonade tienen varias unidades. La primera de ellas es de ciencia, tecnología y emprendimiento; también está la línea de desarrollo social y económico; otros negocios son de desarrollo territorial; además se hacen de infraestructura productiva, de infraestructura social y una unidad adicional para minas e hidrocarburos. En otras palabras, los convenios de Fonade representan casi un estado paralelo en materia de contratación (ver infografía abajo).
Dentro de la primera unidad, de ciencia y tecnología, aparecen registrados nueve convenios por cerca de un billón de pesos. Allí figuran el Sena, el Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el Hospital Militar y el DANE. Es en este sector en donde se han presentado los mayores problemas. De hecho, el proyecto de desarrollo e implementación de los puntos Vive Digital registró hace algunas semanas su parálisis por diversas irregularidades. A ello hay que sumarle el debate generado por el manejo de los recursos del Sena y las dificultades en el DANE por el censo nacional.
Otra unidad, denominada de desarrollo económico y social, posee un componente de seis convenios. Tiene como particularidad que el gerente de estos convenios, Felipe Rodríguez Mariano fue capturado por la Fiscalía y hoy está en prisión respondiendo por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concusión y concierto para delinquir
Otra unidad, denominada de desarrollo económico y social, posee un componente de seis convenios. Tiene como particularidad que el gerente de estos convenios, Felipe Rodríguez Mariano fue capturado por la Fiscalía y hoy está en prisión respondiendo por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concusión y concierto para delinquir. Son contratos por más de $300 mil millones, en donde se le dejó la responsabilidad de manejar los recursos del BID en convenio con el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, así como programas relacionados con el Sisbén.
La tercera unidad de negocios es la de desarrollo territorial. Allí se ejecutan siete convenios por más de dos billones de pesos y Fonade tiene la misión de construir las principales vías acordadas en desarrollo del posconflicto, manejar proyectos de infraestructura de las Fuerzas Militares y hasta recuperar zonas vulnerables como Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander. También le corresponde manejar el plan maestro de infraestructura en materia penitenciaria y carcelaria, mantener las cárceles y ampliar los cupos para internos. Causa particular atención este negocio porque, mientras las cárceles tienen un hacinamiento superior al 52%, desde Fonade se manejan $426.128 millones para este proyecto.
En materia de infraestructura productiva, como se ha denominado la cuarta unidad de negocio en Fonade, se han celebrado diez convenios. Estos han sido gerenciados por el detenido Felipe Rodríguez Mariano y también por Daniel Isaac Náder Díaz. Este último es reconocido por su vínculo familiar con el detenido exsenador Bernardo Noño Elías. Estos personajes dirigieron convenios que suman alrededor de $350.000 millones. Con estos recursos se manejan acueductos, sedes educativas, fondos de seguridad, alcantarillados y proyectos alimentarios para la población colombiana.
En cuanto a la unidad de infraestructura social, son quince proyectos por más de un billón de pesos en los que la entidad maneja los programas de vivienda gratuita, el aprovechamiento del tiempo libre y las competencias deportivas a través de Coldeportes, la lucha contra la corrupción, construcción de colegios, muelles, teatros de patrimonio, malla vial en Bogotá, el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), Coralina, en San Andrés, entre otros proyectos. Justamente, por el manejo no claro de programas de vivienda, fueron capturados los contratistas de la entidad Jorge Eliécer Córdoba y Antonio María Sánchez.
Una unidad final que maneja Fonade es la de minas e hidrocarburos. Ha tenido un saldo cercano a los $400.000 millones. En esencia, son responsabilidad de la entidad los proyectos de política petrolera y la inversión en negocios asociados a los hidrocarburos.
Según registros oficiales, se trata de 55 proyectos, los cuales en su mayoría están vigentes y unos se han suspendido, por factores asociados a hechos de corrupción. El nuevo director de la entidad, tendrá la misión de desarticular una red que desde hace años entendió que Fonade es un preciado botín político y económico.
