El fantasma de los estragos del carrusel de la contratación en cabeza de los primos Manuel, Guido y Miguel Nule, otrora accionistas del polémico Grupo Nule, reapareció. Esta vez, en una millonaria demanda que interpuso la Concesión Autopista Bogotá-Girardot, CABG, en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura( ANI) y mediante la cual se busca anular el laudo arbitral proferido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el pasado 31 de octubre de 2018. Un fallo que los condenó a pagar $135.000 millones por el incumplimiento en la construcción de la obra. Ahora, contraatacan y sigilosamente avanza en el Consejo de Estado un nuevo y oneroso pleito que puede afectar las finanzas públicas.
Una lluvia de críticas y cuestionamientos se apoderó de la adjudicación de este contrato hace cerca de una década por la falta de experiencia del Grupo Nule. La firma que inició en 1992 en la Costa Atlántica contratando la construcción de vías, viviendas, acueductos y de la empresa Surtigas, llegó en 1998 a Bogotá.
El Distrito y el Instituto Nacional de Vías le abrieron las puertas. La cicloruta de Fontibón, puentes peatonales y algunas vías urbanas. Luego pasaron a ser subcontratistas de la española Gas Natural. En el año 2002, a través del Consorcio Aguas Kapital obtuvieron un contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB por un valor de $60.000 millones.
Un crecimiento vertiginoso que contó con apoyos directos e indirectos. El constructor Horacio Mendoza, suegro de Miguel Nule. El abogado experto en contratación Jorge Pino Ricci. Un prestamista reconocido, Carlos Gutiérrez con su empresa Servimos. Así como, Juan Manuel Barraza, quien ayudó en asuntos de interventorias para recursos de regalías. También Alicia Arango, entonces directora del Instituto de Recreación y Deporte, IDRD, de la primera administración de Enrique Peñalosa, en donde las empresas de los primos lograron varios contratos.
Con esta experiencia y contra viento y marea, el 2 de julio de 2004, el entonces Instituto Nacional de Concesiones, INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y la Concesión Autopista Bogotá-Girardot firmaron el contrato de concesión de la vía Bosa, Granada, Girardot. Una doble calzada que se constituyó en el proyecto vial más importante del país. El ingreso esperado por la concesión pactada a 16 años en 2002 fue de $882.000 millones.
La historia contractual refiere que realmente la firma ganadora de la licitación fue el Consorcio Vial del Sumapaz, sin embargo, por un supuesto incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, la megaobra de 128 kilómetros que conectaría el centro con el sur del país, se le adjudicó al segundo oferente, la Concesión Autopista Bogotá-Girardot, integrado entre otros por el Grupo Nule.
Un polémico otrosí, el número ocho que suscribieron las partes, fue uno de los caballitos de batalla con el paso del tiempo. Se adicionaron obras a cargo de la concesionaria y a cambio el tiempo se duplicó de 16 a 30 años y se aumentó el ingreso para la concesión. Luego mediante los otrosí 14 y 15 se redujo el dinero y el periodo. Se pactó en $1.2 billones y el tiempo en 20 años.
Vinieron nuevas modificaciones como el otrosí 18 en el que se acordó que la concesión se encargaría de la construcción de la primera etapa del Sistema Integrado del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Soacha por un valor de $56.800 millones.
Dos años después de la adjudicación de la concesión el Grupo Nule fue calificado como parte de las grandes ligas empresariales del país. Descritos como jóvenes, millonarios y talentosos con varios frentes de obra en empresas de energía, gas domiciliario, concesiones viales y cuando supuestamente le apuntaban al Canal de Panamá y al tercer canal de televisión privada. Poco después estalló uno de los escándalos más grandes de corrupción, el carrusel de la contratación en Bogotá.
Meses después de la adjudicación de la troncal de Transmilenio de la 26, en diciembre de 2007, se empezaron a conocer detalles de cómo obtuvieron los contratos. De inmediato, los primos Nule fueron requeridos por la justicia, se comprobaron sus maniobras al tiempo que prendieron el ventilador contra Samuel Moreno, concejales y otros contratistas.
El caos se apoderó de las obras y la Concesión Bogotá-Girardot fue una de las más afectadas por los retrasos. El desorden administrativo, los malos manejos y la iliquidez generaron la parálisis absoluta de la vía.
En enero de 2010, la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió a hacer el pago de las vigencias futuras de la Concesión Bogotá-Girardot con el Conpes 3632 y el recaudo para la concesión regresó a su punto original de $882.000 millones. Si realmente comprometerían las vigencias futuras de lo contrario quedaría en 1.2 billones de pesos.
Con cinco años de retraso la doble calzada por fin se entregó en abril de 2014, pero ahí no cesaron los problemas. Mediante resolución 1684 de 2016 la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, liquidó el contrato de la concesión.
Dos meses antes, la concesión había acudido a la Cámara de Comercio de Bogotá para demandar a la ANI. Solicitaron que se declarara que el ingreso al que tenía derecho debería ser de $1.2 billones y no de $882.000 millones y que se declarara el incumplimiento del pago por parte de la ANI.
También pidió que el Estado a través de la ANI le pagara a la concesión por daño emergente $70.000 millones a diciembre de 2002, debidamente indexado a la fecha; asimismo, exigió un pago por lucro cesante, es decir, por lo que dejó de ganar porque supuestamente la ANI no cumplió con las vigencias futuras del Conpes.
En el laudo los árbitros fallaron a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y declararon que la Concesión Autopista Bogotá-Girardot incumplió el contrato en lo referente a la ejecución de obras y otras actividades. En consecuencia, entre otros, condenó a la concesión a pagarle a la ANI a título de indemnización de perjuicios $135.592 millones
Inconformes con la decisión, la Concesión Bogotá-Girardot presentó recurso de anulación del laudo arbitral. El argumento es que el tribunal no tenía competencia para conocer del caso, a pesar de que fueron ellos los convocantes y no la Agencia Nacional de Infraestructura. A su juicio el tribunal de arbitramento perdió la competencia en el momento en que la concesión fue admitida por la Superintendencia de Sociedades en reorganización, esto es en el año 2016.
En la demanda, incluyeron el testimonio de un experto en trámites de insolvencia para afianzar el argumento de que las controversias por el contrato de concesión debieron surtirse en la Superintendencia de Sociedades, pues la ANI un mes después de la admisión del proceso de reorganización, se hizo parte y presentó objeciones.
El apoderado de la concesión afirma que todas las acreencias de la ANI así como de cualquier otra persona debieron hacer fila dentro de ese proceso. “Yo no tengo un escenario distinto para cobrar mi crédito que no sea el proceso de insolvencia. (...) Todas las reclamaciones que debe tener la ANI en su ejercicio de considerase como acreedor legítimo. No está facultada para iniciar procesos ejecutivos por esas obligaciones ni para pagarse por la derecha”, indicó Juan José Rodríguez Espitia, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal.
Finalmente, advierte que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, no podía hacer las solicitudes que hizo en la contrademanda que presentó en el Tribunal de Arbitramento pues esto a su juicio debió surtirse en la Superintendencia.
También indica que la reforma de la demanda de la ANI se realizó un año después de haber liquidado el contrato esa misma entidad y que por lo tanto en el acta de liquidación debió haber incluido las solicitudes que hizo en la demanda de reconvención.
De esta manera el apoderado de la concesión, Juan David Gómez Pérez, espera que el Consejo de Estado declare la nulidad del laudo y pueda seguir reclamando el ingreso de $1.2 billones en favor de la concesión así como el daño emergente y el lucro cesante.
Es el más reciente coletazo de la crisis que generaron los primos Nule. Condenados a varios años de prisión. En libertad condicional luego de cumplirle a la justicia, reaparece su fantasma y de nuevo millonarios recursos públicos están en entredicho.
