El próximo 27 de julio la Fiscalía ante el Juez Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá, acusará formalmente por el presunto delito de violación al régimen de inhabilidades a María Mercedes Perry Ferreira, la gerente liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, entre el 7 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2014.
Un proceso que está a cargo de la fiscal Angélica Monsalve, la funcionaria que hace pocas semanas imputó cargos a los empresarios Carlos, Felipe y Javier Ríos Velilla, paradójicamente por el mismo delito, pero en un proceso por la adjudicación del recaudo de TransMilenio. Un hecho que generó polémica por un anuncio de traslado a la funcionaria a Mocoa, Putumayo y la denuncia de amenazas contra su vida.
Perry de 69 años es una abogada de la Universidad del Rosario, especialista en derecho público y económico y en conciliación y arbitraje. Salió del anonimato por recibir la liquidación de la pirámide DMG, de David Murcia Guzmán, en donde miles de colombianos perdieron más de un billón de pesos.
A esta designación le antecedió su paso por la secretaria general de Mundial de Seguros y asesora de la Presidencia en el gobierno de Ernesto Samper. Posteriormente se convirtió en la 'reina' de las liquidaciones de entidades como la Cooperativa Financiera Solidarios, Seguros Atlas, Caja Agraria, Banco Cafetero, Proyectar Valores, DMG Holding y la DNE.
Esta última entidad que en el año 2009 fue el eje de un gran escándalo de corrupción por las fallas en la administración de los bienes que se incautaban a la mafia pero que fueron feriados beneficiando a congresistas, particulares y testaferros del narcotráfico.
Uno de los primeros salpicados fue Leo Eisenband, propietario de la marca comercializadora de perfumes y cosméticos Fedco quien compró un lote en Barranquilla que se le había incautado al clan del narcotráfico Nasser Arana y en donde fue construido el centro comercial Villa Country.
Por estos hechos, Camilo Bula, el exfiscal antimafia, fue condenado a 18 años de prisión. En concreto, vendió cuatro inmuebles incautados por $30.000 millones menos de su costo real. Incluso porque se apropió de $327.000 millones por la venta además de ese centro comercial, del Centro Ejecutivo II, el Parqueadero Fedco y la Casa Bello Horizonte en Santa Marta.
También fue condenado en segunda instancia el exdirector de la entidad, Carlos Albornoz por la venta del predio Granja 32 de propiedad del señalado narcotraficante Guillermo Ortíz Gaitán, un bien que se vendió por $1.200 millones cuando en realidad su precio era tres veces superior.
Por ello en el año 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos ordenó la liquidación de la DNE, la cual estuvo a cargo de María Mercedes Perry, quien luego de tres prorrogas finalmente entregó el acta de liquidación el 30 de septiembre de 2014.
Para ese momento, el detrimento superaba los US$20 millones y 41 personas habían sido judicializadas, entre funcionarios, exfuncionarios, congresistas, excongresistas y contratistas.
Los exdirectores son Omar Figueroa y Carlos Albornoz, el exfiscal antimafia y exagente liquidador Camilo Bula; los exfuncionarios Jairo Coral, Manuel Ospino y Javier Mantilla.
También estuvieron contra las cuerdas de los tribunales, los congresistas Miguel Pinedo, Hernán Andrade, Javier Cáceres, Lucero Cortés, Álvaro Ashton, Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Oscar Bravo Realpe, Roy Barreras y Hernán Puentes.
Sin embargo, pese a la evidencias, las condenas han sido pocas y los procesos extrañamente engavetados. No obstante, uno de ellos siguió su curso y precisamente contra la responsable de la liquidación de la entidad María Mercedes Perry.
La Fiscalía asegura que entre el 7 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2014, cuando Perry se desempeñó como liquidadora, entregó un poder a Edith Garzón Flórez para que expidiera un acto administrativo en el cual recomendó contactar directamente con Almacenes Generales de Depósito Almagrario por $1.200 millones para que depositara, guardará y conservara los vehículos, motos y aeronaves incautados a la mafia.
En efecto, apenas cinco días después de que Perry entregara el poder a Garzón, esta contrató a la empresa. Con un detalle, mediante el contrato 001 de 2012 suscrito entre DNE y Almagrario se configuró una inhabilidad descrita en la ley. La norma prohíbe contratar con empresas o entidades en las cuales se fue miembro de junta o consejo directivo.
El ente acusador estableció que al mismo tiempo que Perry fungía como liquidadora de la DNE también se desempeñaba como miembro de la junta directiva de la empresa que resultó beneficiada de dicho contrato.
Actualmente la empresa que resultó beneficiada de que un, otrora miembro de su junta directiva, fuera la liquidadora de DNE, está en proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.
Entre los años 2008 y 2014, Almagrario, obtuvo 46 contratos con diferentes entidades del Estado como Dian, Invima, ministerio de Transporte, Sena, ministerio de Hacienda, Función Pública, Fondo Rotatorio del ministerio de Relaciones Exteriores, DPS, Instituto Nacional de Meteorología y tres con la DNE, el 087 de 2013, 011 de 2013 y el 06 de 2010.
Al respecto y a través de su defensa, la liquidadora Perry ha argumentado en privado y en respuestas a requerimientos de la justicia que sus actuaciones siempre han estado ajustadas a la ley.
Pero este no es el único cuestionamiento que tiene Perry, pues una empresa que se constituyó en 2019 denominada Víctimas de la Liquidación de DMG SAS, y con la cual buscan recuperar $28.000 millones que según ellos se embolataron en la liquidación.
Esta sociedad que inició una serie de denuncias y demandas en contra de la liquidadora y el Estado, argumentan que Perry engañó a las víctimas con los inmuebles Lote Las Mercedes, Nuevo San Antonio y Bihar B ubicados en la Autopista Norte con Calle 181 en Bogotá con un área de 60.000 metros cuadrados y con un avalúo estimado en $100.000 millones. Según los expedientes estos predios le pertenecían a Colbank SA e Inverlopez Ltda y no a la pirámide.
Hoy los bienes de la mafia y otros incautados por el Estado producto de otras actividades ilícitas pasaron de la DNE a la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Allí la historia se repite por negocios en que se indagan beneficios a Cisa empresa estatal que comercializa esos inmuebles, en donde David Orlando Gómez, hermano del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, funge como vicepresidente.
Los archivos se desempolvan. Ahora una de las principales protagonistas en la DNE, María Mercedes Perry, pasó de liquidadora de múltiples empresas y millonarios bienes a acusada por la Fiscalía. Un juez decidirá su destino.
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