Blanca Jazmín Becerra Segura, conocida como el cerebro del desfalco más grande en la historia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, está a un paso de recobrar su libertad. Fue capturada en el año 2011, tras descubrirse que había creado empresas de papel para realizar exportaciones ficticias y lograr de esta manera la devolución del Impuesto de Valor Agregado, IVA, por parte de la entidad.
Según las autoridades, fue la estratega de una defraudación que ascendió a los $100.000 millones y que involucró a 44 personas entre exfuncionarios y particulares. Por estos hechos, fue condenada a 16 años, 11 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, en estos ochos años en los que permanece privada de la libertad, su nombre es centro de polémica en varios casos relevantes, entre esas la de la exsenadora prófuga Aída Merlano.
Entre el 18 y el 20 de noviembre pasado, el juez 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad recibió varios oficios de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor. Adjuntó certificado de buena conducta y cómputos de trabajo para redención de pena y la solicitud de libertad condicional.
Su defensa asegura que tras cumplir las tres quintas partes de la pena, no tener otros requerimientos, estudiar y trabajar para redimir su condena, así como registrar buena conducta, demuestran que ya culminó su proceso de resocialización y es merecedora de la libertad condicional.
Precisamente, el despacho que vigila la pena de Becerra analiza con lupa los ocho años en que ha estrado tras las rejas y en los que ha protagonizado varias polémicas de diversa índole.
Se trata de una contadora pública de 45 años de edad, graduada de la Universidad Central quien trabajó entre los años 1998 y 2001 en la Dian, tiempo suficiente en el que logró conocer los pormenores de los procesos de recaudo y devolución de impuestos.
Poco después de salir de la entidad, fue procesada por el delito de fraude procesal y falsedad en documento privado, hechos que derivaron en una condena a tres años de prisión.
No obstante, no levantó cabeza. Meses después, el 7 de noviembre de 2001 incurrió en otro delito, falsedad en documento público. Por ello, el juzgado 12 penal del Circuito le impuso una pena de dos años de prisión. Sin embargo, le otorgó el subrogado penal de la suspensión condicional de la condena bajo la premisa que no podía volver a delinquir y debía guardar buen comportamiento.
Pero otro hecho, marcó su prontuario. El 19 de enero de 2011, seis meses antes de que el país conociera el desfalco de la Dian, a través del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, el juzgado 24 de Ejecución de Penas envió un oficio a su lugar de residencia, pidiéndole explicación. “Para que explique y justifique el incumplimiento de los compromisos adquiridos al ser concedido el beneficio del subrogado penal”.
Seis meses después el despacho judicial le revocó el subrogado penal, “toda vez que no canceló la caución prendaria impuesta por un valor de un salario mínimo, ni suscribió él acta de compromiso”. No alcanzo a quedar en firme el fallo cuando al juez 24 de Ejecución de Penas le llegó un oficio de El Buen Pastor informándole que Becerra Segura había sido privada de la libertad por orden del juez 14 de control de garantías. Está vez no se trataba de un delito menor, ni de una falsedad, estallaba uno de los más grandes escándalos de devolución de IVA.
Así las cosas, el 14 de julio de 2011, la Dijin capturó a 12 personas, entre esas a Blanca Jazmín Becerra, su madre María Delia Segura de Becerra y su esposo Guillermo León Rodríguez. Fueron señalados por un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos de desfalcar al Estado entre los años 2004 y 2009 por $3.4 billones. Aunque meses después la cifra se decantó en $100.000 millones.
Becerra Segura había pasado en solo dos años de ganar $2 millones a tener un patrimonio declarado de $10.000 millones, representados en ocho casas, tres apartamentos, cinco parqueaderos, siete lotes, tres oficinas, un local comercial, 12 vehículos y hasta una finca en Anapoima, Cundinamarca.
De ahí en adelante el país empezaría a tener noticias de la contadora Becerra, pues con su reclusión no disminuyó el escándalo. Por el contrario, este aumentó, no solo porque con el paso del tiempo se empezaron a conocer pormenores y nuevos implicados en el desfalco, también por el comportamiento de Becerra en la cárcel.
Al poco tiempo de ingresar a la Reclusión de Mujeres, ella no escatimó esfuerzos para vivir con las mayores comodidades y lujos posibles. Fuentes consultadas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, entre reclusas, exdirectores de Inpec, funcionarios indicaron que para el año 2013 informes de inteligencia advertían de que ella era la presunta responsable de una red de corrupción al interior del penal.
A través de esta, se gestionaba el ingreso de objetos prohibidos en el reglamento; desde celulares, celda privada, comida especial, licor y fiestas. Incluso era evidente su cercanía con directivos de la prisión y vínculos con algunos guardias.
Ante las evidencias, la junta de traslados del Inpec decidió recluirla en el establecimiento de alta seguridad de Jamundí, Valle. Sin embargo, semanas después Becerra fue trasladada nuevamente a Bogotá por un fallo de tutela. Algunas directivas quedaron desconcertadas pero de nuevo con las alarmas encendidas.
En el año 2017, la conducta fue reiterativa. Por esa misma época se conoció que más de 100 productos fueron ingresados al pabellón número ocho de funcionarias públicas. Precisamente allí, está recluida Blanca Jazmín Becerra y las internas y varias guardias reconocieron que ella era la única beneficiaria.
Pavo, pernil de cerdo, chorizo, pizza, empanaditas y toda clase de viandas recibió. Aunque la Mayor Nancy Pérez, la entonces directora del penal justificó el ingreso de estos alimentos especiales en una orden judicial, esto solo confirmaba lo que era un secreto a voces.
No obstante, un hecho determinante modificó el estatus de la contadora Becerra. Por el ingreso al penal de la exsenadora Aída Merlano dejó de reinar. “A ella se le había acabado el dinero para hacer y deshacer en El Buen Pastor, ya la guardia no le marchaba como en los viejos tiempos en los que ella mandaba más que las directoras”, le advirtió a esta Agencia una interna y compañera de reclusión de Becerra.
La lucha por el poder al interior del penal generó un conflicto entre las internas Becerra y Merlano. El pasado 21 de septiembre las dos Mujeres hicieron del pabellón número ocho donde estaban recluidas, un ring de boxeo. De las palabras pasaron a las manos y a los anuncios con denuncias mutuas.
En el mes de mayo a la exsenadora Aída Merlano le iniciaron un proceso disciplinario por tener un objeto prohibido por el reglamento carcelario, un celular. Ella siempre creyó que quien la delató fue Blanca Jazmín Becerra.
Becerra, entregó declaraciones del enfrentamiento entre las dos. Aseguró que Merlano la vigilaba sigilosamente en uno de los pasillos. “Cuando voy entrando me agrede verbalmente lanzando innumerables palabras soeces”, indicó Becerra en una declaración que se hizo pública.
“Responde parándose de la silla, tomándome del cuello con las dos manos y quitándome la respiración” afirmó Becerra, quien por esos días manifestó que denunciaría a la exsenadora por tentativa de homicidio. La rivalidad de las dos no tuvo vuelta atrás y pasó a manejarse nuevamente tras las rejas hasta el pasado primero de octubre cuando Merlano se fugó.
Horas después de la cinematográfica fuga de Merlano condenada a 17 años de presión, Becerra se convirtió en la testigo estrella de la Fiscalía en contra de la excongresista.
Además de entregar detalles, delató a las compañeras de prisión y amigas de Merlano como posibles cómplices de la fuga. En concreto, a la exfiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, Tatiana Oliveros Gutierrez, condenada a 21 años de prisión por vínculos con paramilitares y a Margarita Díaz Martínez, la exjuez de Ejecución de Penas del Meta, señalada de conceder el beneficio de prisión domiciliaria a narcotraficantes a cambio de dinero.
Sin embargo, en una de las tantas declaraciones que ha entregado a varios medios de comunicación la hija de la exsenadora, Aída Victoria, Merlano, aseguró que el cerebro de la Dian, Blanca Jazmín Becerra estaba enamorada de su progenitora y al no ser correspondida se generaron las diferencias entre las dos internas.
Lo cierto es que luego de ocho años de prisión, al rebajar su condena de 26 años a 16, de purgar su pena con lujos y privilegios que la mayoría de internas no tienen y de haber desfalcado al país por más de $100.000 millones, Becerra Segura tiene un pie en la calle.
Allí podrá disfrutar de bienes familiares que aún posee luego de la defraudación a la Dian y de su paso por prisión. Según registros públicos revisados por esta Agencia, tiene una casa en Ibagué ubicada en la Urbanización Valparaiso o también un apartamento en el sector de Ciudad Salitre, una casa en el barrio Castilla y un lote, ubicados en Bogotá, registrados a nombre de su mamá, condenada a siete años de cárcel por los mismos hechos.
