El pasado martes 2 de febrero, fue radicada en el Ministerio de Minas una comprometedora denuncia en contra de Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. La comunicación dirigida a la ministra María Fernanda Suárez no dejaba bien parado al exfuncionario.
De inmediato, al conocerla, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, se comunicó con Morelli para saber sus comentarios al respecto. El hoy expresidente manifestó que no era cierto que la ministra Suárez le hubiese pedido la renuncia y afirmó categóricamente, “ayer el viceministro de Energía me envió copia del anónimo que usted menciona, el que está plagado de calumnias sobre mi vida privada y sobre presuntos casos de corrupción que voy a desvirtuar uno a uno”.
Pero no se trataba de un anónimo. La denuncia la firma Aura Clemencia Mejía Arroyo, una ciudadana de Bucaramanga que firma como ciudadana de una asociación denominada Asfaddes. El documento comienza asegurando que no es un apócrifo e incluso indica que demanda la atención de la funcionaria para evidenciar presunta corrupción en la entidad.
Relata que el pasado 14 de noviembre de 2019 en las instalaciones del edificio Ágora de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se desarrollaba la segunda cumbre de petróleo y gas, organizada por la ANH, se presentó una discusión entre dos mujeres que terminó en el despido de una funcionaria, cuyos nombres nos abstenemos de revelar porque hacen parte del ámbito privado del exfuncionario.
Después de narrar aspectos de la vida privada de Morelli vino lo de fondo. Se revelaron las supuestas circunstancias en las que se hizo un contrato de arrendamiento de una de las sedes de la entidad. En esencia que para la nueva planta del piso de fiscalización, se contrató por $198 millones mensuales, pero el canon tendría un valor comercial de $107 millones.
Con un agravante, según la denunciante, el contrato se suscribió con un tercero que subarrendó el inmueble pero quien supuestamente no pagó ningún mes de arriendo al verdadero dueño, en una cuantía total de $2.376 millones.
Otro de los aspectos que resalta el documento es que aparentemente obligaron a la petrolera Mansarovar a pagar unos excedentes de producción de petróleo con el propósito de tener flujo de caja para cumplir con el canon de arrendamiento, asunto que el propio Morelli negó tajantemente.
Igualmente, el documento evidencia un presunto derroche de recursos públicos. En concreto, a través del mejoramiento de los honorarios de manera considerable a algunas personas cercanas a una vicepresidente de la entidad, quienes pasaron a devengar de $8 a $22 millones mensuales.
Un punto que está corroborando el Ministerio de Minas por cuenta de la queja es el manejo de $60 mil millones a través del fondo Fupad y una serie de fundaciones que correspondería a recursos que deberían destinarse a las comunidades y actividades de medio ambiente pero que estarían invirtiéndose en asuntos no misionales de la ANH.
La denuncia detalla un presunto esquema para extraer los recursos del petróleo. Primero, se ordenan planes de manejo ambiental para áreas petroleras concertando con empresas en fase de asignación y bloque. Luego en la ANH se estaría haciendo una selección sin mérito, direccionando la contratación.
Adicionalmente, explica el documento que hacen adjudicaciones sin estudios previos en supuestas áreas de conflicto y entregan recursos, señalando como beneficiario, entre otros, a un senador del departamento de Santander.
Uno de los puntos que más ha indignado al gobierno, es el montaje de costosos eventos con el propósito de simular un aparente apoyo a la industria petrolera. En ciudades como Cartagena, Santa Marta y Bucaramanga se puso de presente que se hicieron gastos exorbitantes en inversión logística, como pasajes aéreos, infraestructura para eventos y hotelera, bebidas y alimentos y hasta costosas fiestas para los invitados. “Pida las órdenes de compra de lo que se gastó en los comités, flores, mantas, masajes, hoteles cinco estrellas, atenciones de comidas privadas, etc, encontrará una sorpresa”.
Pero más allá de la denuncia hay otros antecedentes frente al caso de Luis Miguel Morelli en la ANH. Lo evidente es que desde que se posesionó el 24 de septiembre de 2018, su designación no fue del agrado de la ministra quien tenía en su despacho otras hojas de vida.
Sus primeros meses en la entidad, fueron objeto de enfrentamientos y cuestionamientos con la funcionaria y algunos miembros del Consejo Directivo de la ANH. Diferencias que incluso llegaron a la Casa de Nariño, en donde el año pasado incluso le ofrecieron a Morelli la embajada de Emiratos Árabes Unidos que finalmente no aceptó.
Para contrarrestar la postura de la ministra Suárez, el funcionario acudió a varios congresistas del Centro Democrático, quienes cerraron filas en torno a él y convencieron a Duque para que continuara en el cargo.
En su momento, el propio Morelli reconoció en privado las diferencias que tenía con la ministra y expresó que luego de una situación difícil de permanencia en su cargo pudo sostenerse gracias a que en su concepto, era la única entidad del sector que estaba mostrando resultados.
En los últimos meses, las relaciones entre el ministerio y la ANH se agrietaron. De hecho, se trató de imponer por parte del gobierno nacional un control a nombramientos, contratación y actividades de la entidad, pero es evidente que todo se le salió de las manos al Ejecutivo.
Paradójicamente, el 20 de diciembre del año pasado la firma The Oil & Gas Year le entregó el reconocimiento como "Hombre del Año" a Luis Miguel Morelli, al destacar su gestión en el sector de los hidrocarburos en Colombia.
En contraste, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República señaló públicamente que Morelli salió del cargo porque el gobierno nacional le perdió la confianza y aseguró que sus funciones las viene desarrollando la ministra de Minas, Maria Fernanda Suárez. Un hecho sin antecedentes en un gobierno que se ha caracterizado por prolongar las decisiones y porque sus funcionarios no salen de la administración si no que son reubicados.
Lo cierto es que luego de dieciocho meses del gobierno de Iván Duque, la insubsistencia del presidente de la ANH constituye un duro revés a la industria, en momentos en que el sector se queja de la inseguridad jurídica del país, la dificultad en el avance de los procesos y una economía mundial sacudida por cuenta del coronavirus del que el precio del barril no ha sido ajeno.
