La decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión de la implementación del fracturamiento hidráulico, fracking, en Colombia generó la arremetida de María Fernanda Suárez, la ministra de Minas y Energía contra el fallo. Públicamente afirmó que estaba en juego la seguridad energética del país. Recientemente también aseguró que sin fracking el dólar llegará a los $5.000. Por ello, urgió la construcción de la regasificadora del Pacífico, un negocio de $2.1 billones, que sin haberse licitado ya tiene como primer interesado a la transportadora de gas, TGI.
Sin embargo, Ecopetrol, en un reciente reporte enviado a la Cámara de Representantes, la estatal petrolera, prendió las alarmas y advierte que en caso de que tenga que pagar por esa infraestructura que no necesita, se afectaría el valor de la empresa y se incrementaría de manera considerable el precio del gas nacional.
La regasificadora del Pacífico no es un negocio nuevo. Su origen se remonta al Plan Nacional de Desarrollo del segundo mandato del gobierno Santos 2014-2018. En este se estableció la necesidad de mejorar la confiabilidad en el sistema de gas natural en el país.
En el momento de la aprobación del plan, ya se construía otra planta. Se trata de la regasificadora de Cartagena que tenía como dolientes a las térmicas, las encargadas de generar energía eléctrica en épocas de sequía como el fenómeno del niño. El 51% de esta regasificadora le pertenece a la empresa transportadora de gas Promigas quien está comprando el 49% restante que le pertenece a su socio chileno.
No obstante, desde hace meses esta planta está en la lupa de los organismos de control. “El cuestionamiento esencial es que los costos de esa regasificadora de Cartagena se viene pagando mediante una contribución incorporada en el recibo de los usuarios y la historia no se puede repetir”, advirtió un directivo de un organismo de control, quien pidió mantener su nombre bajo reserva para no entorpecer las investigaciones.
Y es que a pesar de contar con una planta en el Caribe, conocida como El Cayao, se ha insistido en la necesidad de implementar otra regasificadora, esta vez en Buenaventura. Esto bajo el supuesto que el país se va a quedar sin gas en el año 2021 o 2022.
Por ello, la ministra Suárez se encargó de incluir tanto el fracking como la regasificadora del Pacífico en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 del gobierno de Iván Duque.
En este contexto, los dos funcionarios han mantenido el discurso de un supuesto abastecimiento de gas en poco tiempo. Tanto María Fernanda Suárez , ministra de minas como Ricardo Ramírez director de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME desde la administración Santos, reiteradamente alertan al país con una crisis de gas. Un discurso que salió a relucir nuevamente con la decisión del Consejo de Estado de no permitir el fracking en el país. Pese a ello, estas afirmaciones son cuestionadas por informes al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH.
Según documentos en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, el país tiene reservas probadas de gas, es decir económicamente explotables por 9.8 años, esto es hasta el año 2028. En estas cifras no se incluyeron los bloques Tayrona, Gorgón 1, Blu Angel y Orca de 3.9 terapies, los cuales estan en etapa de delimitación y de pruebas. Según informe de proyecciones de Ecopetrol, “una vez se finalice la delimitación se pasará a la etapa de desarrollo la cual podrá tomar entre tres y cinco años adicionales, antes de entrar en producción”.
A pesar de estos hallazgos y de estudios como el Arthur D.Little que establecen que el pais tiene un gran potencial gasífero, la UPME advierte desabastecimiento de gas. En contraposición, los certificados de producción reportados por las empresas, también demuestran que las reservas probadas están en yacimientos convencionales, es decir, que no requieren fracking para su extracción.
En el ámbito legal también hay argumentos de las partes. Cómo el gas es un servicio público esencial, la regasificadora del Pacífico está cobijada también por la ley 1142 de servicios públicos. En otras palabras, por ser un servicio público el Estado tiene el deber y la facultad para intervenir. “Con ese fundamento se regula el sector del gas bajo el supuesto de beneficiar la demanda e impedir un supuesto desabastecimiento”, señaló un abogado experto en hidrocarburos. En contraste, la oferta de gas llega hasta el año 2028 mientras los nuevos hallazgos pasan a reservas probadas.
Fuentes al interior de las empresas productoras y Naturgas informaron que desde el año 2016 la UPME ha sobrestimado la demanda de gas en un 20% y subestimado la oferta con el propósito de cimentar un supuesto discurso de desabastecimiento.
Otro de los puntos de la discordia recae en quienes van a pagar los 2.1 billones de pesos que vale la regasificadora del Pacífico. Ni los industriales ni las térmicas están dispuestos a sufragar ese gasto. Así las cosas, el peso caerá en la demanda esencial compuesta por los estratos 1, 2 y 3 residenciales, el gas natural vehícular y las refinerías, en este caso Ecopetrol, que sumados representan el 47% de la demanda.
“Este es de los negocios más perversos que hemos visto. Acá le van a regalar $2.1 billones a un empresario. Esa plata saldrá de los más pobres, de los estratos 1, 2 y 3, de los taxistas, y de todos los colombianos pues quieren poner a Ecopetrol a pagar y a todos, pues los estratos bajos tienen un subsidio del Estado. Los industriales simplemente se desconectan del gas y se pasan a otro combustible al igual que las térmicas al carbón”, señaló un experto del sector.
Y precisamente este es uno de los puntos polémicos. Otro documento en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, suscrito por Ecopetrol, advierte que la estatal considera necesario que el gobierno nacional revise, los supuestos utilizados por la Upme para proyectar la oferta y la demanda de gas natural porque, “estos inciden en el cálculo de la fecha a partir de la cual la oferta proyectada no es suficiente para cubrir la totalidad de la demanda nacional”.
En el documento, Ecopetrol, insiste que es importante que el gobierno revise la metodología y prende una alarma, “en la medida que implica que la totalidad de los usuarios de gas natural conectados al sistema nacional de transporte asuman el costo de la infraestructura a prorrata de sus consumos”. En otras palabras, la estatal afirma que todos los usuarios de gas natural pagarán en la factura la planta.
Pero ahí no cesan las alertas. Ecopetrol ratifica en su documento que no todos los usuarios se beneficiarán de la regasificadora del Pacífico. “Dados los precios del gas natural licuado y del transporte desde Buenaventura a los sitios de consumo, Ecopetrol no debe ser considerada beneficiaria de la planta de regasificación y de la infraestructura asociada a ella”.
Sin embargo, la más preocupante es la afirmación de que si obligan a Ecopetrol a pagar dicha planta esto impactaría en el Ebitda, es decir, el valor de la empresa. “En tanto su regulación no prevé su traslado a los consumidores y usuarios de los productos y servicios ofrecidos. Por tanto, esto sería un costo ineficiente para Ecopetrol y sus subordinadas”
“Cada dólar que Ecopetrol gaste en esa planta regasificadora del Pacífico es un dólar menos de dividendos para la Nación. Al ser un dólar menos de dividendos es un dólar menos que va a recibir el Gobierno y que tendrá que recuperar en impuestos”, advirtió un directivo de una de las empresas productoras.
Otra de las advertencias frente a la regasificadora del Pacífico recae en que los colombianos pagarían por esta infraestructura pero ésta jamás retornaría al Estado. “Si está certificado qué hay reservadas probadas de gas por 9.8 años, es decir, hasta el 2028 porque van a poner a pagar al país por esa infraestructura desde el 2023. A quien está beneficiando este negocio”, es el debate que plantean expertos del sector.
La decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión de las pruebas piloto de fracking generó las advertencias de la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, quien se ratifica en una posible crisis enérgetica. No obstante, los informes de otras entidades técnicas del Estado y gremios la contradicen. En el entretanto, los productores piden que se permita el desarrollo del potencial de gas en el país en yacimientos convencionales, mayor eficiencia en el tendido de redes para el transporte y revisar la necesidad de una planta en el Pacifico que tendrían que pagar los usuarios en la factura.
