Conalvías fue una de las principales compañías de infraestructura del país. A fin de seguir creciendo en el mercado, su presidente Andrés Jaramillo López pagó $1.929 millones en sobornos a los exconcejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada, así como a Iván Hernández, exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial. Pero el giro de coimas le salió mal, no solo porque terminó condenado sino porque acabó con el legado que su padre construyó cuatro décadas atrás.
La idea era obtener la reparación de la malla vial de Bogotá por $43.515 millones, pero gestiones poco claras derivaron en dos adiciones por $19.234 millones y 2.732 millones a una obra que terminó costando $65.481 en beneficio de la compañía. Con un antecedente, el empresario pagó los sobornos para conocer anticipadamente los pliegos de la licitación que posteriormente ganó a sus competidores.
Eran los tiempos del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, de Liliana Pardo, directora del IDU, de un grupo de concejales y empresarios como Emilio Tapia, Julio Gómez, los primos Manuel, Guido y Miguel Nule y de Manuel Sánchez quienes se repartieron negocios en la capital. Hoy, excepto uno, todos fueron condenados por la justicia y pagaron penas en prisión.
Se evidenció su proceder en las investigaciones de la justicia. En otros casos, prendieron el ventilador y detallaron las coimas. Entre ellos, Manuel Sánchez, un abogado, empresario y protagonista del denominado ‘Carrusel de la contratación de Bogotá’, quien acorralado por las pruebas movió las fichas de su ajedrez y decidió delatar a sus antiguos socios y amigos.
Detalló como se hacían los negocios en Bogotá y se convirtió en la mano derecha de los fiscales del caso con quien tiene línea directa. A cambio de recibir beneficios de la justicia como no pagar un solo día de prisión, su dedo inquisidor fue determinante y lleva cerca de una década disfrutando de las mieles de la delación. Incluso hoy se le señala de estar en la trasescena de varios negocios en la capital a través de terceros.
En contraste, Jaramillo fue condenado este viernes. Un juez en primera instancia le impuso una pena de 10 años y cuatro meses de prisión por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Además le impuso multa de 172 salarios mínimos e inhabilidad de derechos por 145 meses.
Se ordenó su captura y será enviado a un centro de reclusión. Su defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, la Fiscalía y la Procuraduría también apelaron la decisión al considerar que la pena debió ser mayor ante la gravedad de los hechos.
Es el epílogo del sueño empresarial del ingeniero Cesar Jaramillo Gutiérrez quien junto a su hermano Edgar crearon en 1980 una sociedad en Cali. A partir de allí lograron varios contratos oficiales para construir calles, acueductos vías férreas y rurales en el Valle del Cauca y en Quindío.
La empresa creció, así como los contratos, la maquinaria y el número de empleados. Ganó prestigio y se ratificó como contratista de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, de la alcaldía de esa ciudad y de los Ferrocarriles Nacionales. Hacia 1995 su reconocimiento se amplió al ámbito nacional. Los hermanos César y Edgar Jaramillo empezaron a pensar en el relevo y en internacionalizar la firma. Para ello prepararon al entonces joven Andrés Jaramillo para traspasar fronteras.
De esta manera Conalvías llegó a Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. En el exterior hizo obras en Perú y Panamá y hasta llegó a Estados Unidos. Un crecimiento que le permitió manejar más de 30 proyectos en Colombia y en el exterior y no menos de 8.000 empleos directos e indirectos. Incluso comenzó a aparecer en el ranking empresarial del país en los primeros puestos. Andrés Jaramillo se convirtió en el referente y muchos buscaban, como fuera, hacer parte de su círculo empresarial y social.
Paradójicamente fue Bogotá su espada de Damocles. Allí, luego de incursionar en otros negocios diferentes a la ingeniería, como el factoring, empezaron a derrumbar el castillo de naipes. Todo comenzó por dos negocios clave para la empresa que tenían serias dificultades y que los recibieron en cesión.
La adecuación de la avenida El Dorado, que habían dejado a medio construir los primos Guido, Manuel y Miguel Nule condenados por la justicia. Otra obra que terminó mal, fue la cesión de uno de los contratos para la construcción de la fase III de Transmilenio. Ambas vitales para el desarrollo de la capital y con inversiones cercanas al billón de pesos.
Estos negocios se convirtieron en la perdición de Conalvías y de su presidente Andrés Jaramillo. La Fiscalía lo acusó de pagar comisiones a la administración del alcalde Samuel Moreno para la adjudicación de la cesión del contrato de la calle 26 que abandonaron los Nule. Por este caso, la justicia inició un tercer proceso al exmandatario, lo acusó por delito de concierto para delinquir y peculado por apropiación y lo condenó, en uno de los varios procesos que enfrenta.
Pero esta no es la única acusación que recae contra Andrés Jaramillo, también es señalado de incurrir en la misma práctica, es decir el pago de sobornos, para lograr la cesión de un contrato en la fase III de Transmilenio. Incluso, Jaramillo fue capturado y llevado a juicio, sin embargo, meses después recuperó su libertad por vencimiento de términos.
A esos dos negocios se sumó la reparación de la malla vial de Bogotá por $65.481 millones que obtuvo pagando comisiones a funcionarios y concejales de Bogotá como lo evidenció la justicia en las últimas horas.
Y como era de esperarse, el coletazo de las actuaciones indebidas de Jaramillo hizo metástasis no solo en los capitalinos que desde el 2008 y durante varios años fueron víctimas de incomodidades derivadas por retrasos en las obras, así como la pérdida de recursos de la administración distrital, si no de la misma empresa que entró en liquidación.
Pese a ello, Conalvías quiso salvar sus compromisos contractuales con la administración distrital y con los acreedores. En este contexto acudió a la Superintendencia de Sociedades y entró hace varios años en un proceso de reorganización empresarial.
Para ese momento, tanto el propio Andrés Jaramillo como sus abogados le aseguraron a esa entidad que el propósito con esta figura jurídica era responder con sus obligaciones, entregar parte de sus activos y reestructurar la empresa de tal manera que con un tiempo de trabajo pudiera salir adelante.
Pasaron pocos años y la compañía se asfixió. El 14 de junio de 2019 la Superintendencia de Sociedades ordenó la terminación del proceso de reorganización de la Sociedad Conalvías Construcciones SAS, cuya sede principal fue Cali. De manera simultánea, ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial con algunos activos significativos que quedaron en manos de acreedores del sector público y privado.
Con un coletazo adicional, el pago de sobornos y los demás líos con la justicia terminaron afectando a otras empresas que realizaron alianzas en varios negocios con Conalvías confiando en su trayectoria, pero que fueron vinculadas en procesos de responsabilidad fiscal y están al borde de la liquidación.
En los últimos cinco años Andrés Jaramillo López se dedicó a defenderse. La pasó más en los estrados que en las obras. Ayer un juez lo condenó. Es el fin de una empresa fundada por el ingeniero Cesar Jaramillo, quien luego de casi cuatro décadas de disciplina y esfuerzo le entregó en 1997 a su hijo Andrés un legado empresarial que derrumbó en pocos años a punta de sobornos.
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