Con este decreto se aprueba la erradicación de cultivos Ilícitos, pero no se reactiva automáticamente el programa hasta que el Consejo Nacional de Estupefaciente verifique los requisitos que se estipularon en la Corte Constitucional.

Ante todo el decreto estipula que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el Instituto Nacional de salud hará un seguimiento. También, se prevé el cuidado de las comunidades étnicas cercanas a la actividad de erradicación de cultivos ilícitos.