Definitivamente uno de los mayores proveedores de cargos en el gobierno del presidente Gustavo Petro, es su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El exalcalde de Ibagué y exsenador de la República, no solo tiene tentáculos burocráticos conocidos en el propio ministerio, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con directora y subdirectora, así como en la Superintendencia de Salud.

En concreto la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez y el subdirector José Alexis Mahecha, la esposa de Jaramillo, la cuestionada por malos tratos a los funcionarios Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delgada para la Prestación de Servicios de Salud, entre los funcionarios más cercanos.

A ellos se suma la actual superintendente de vigilancia y seguridad privada Yenniffer Edilma Parra, seguidora de los postulados de Jaramillo como lo evidencia en sus redes sociales.

A esta serie de cercanos al ministro de Salud, se suma ahora otro, precisamente en un cargo clave en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Esa en donde el propio presidente Petro señaló hace pocos días a través de su cuenta en la red social X: “Desde 1993 la superintendencia ha sido eje de la configuración del paramilitarismo y el crimen.

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No hay control sobre 63.000 armas de 197 empresas de vigilancia, a las que se les dio licencia y no existen rastros en los archivos de la super.

A los capos capturados siempre se les encuentran escoltas de estas empresas de seguridad”.

Pues bien, al cargo quizás más clave de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, llega como delegado para el sector defensa un conocido de Guillermo Alfonso Jaramillo.

Se trata de Jhon Fredy López Franco, un abogado quien desde 2016 y hasta 2024 ha sido funcionario y contratista de la alcaldía de Ibagué en diez ocasiones, varias de estas en la administración como alcalde de Ibagué de Guillermo Alfonso Jaramillo.

López fue jefe de oficina asesora en la entidad desde el 25 de noviembre del año pasado y ahora es promovido al cargo de delegado.

Crece el poder de Jaramillo en el gobierno del cambio.

Otras noticias

La situación de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE para administrar los bienes incautados al narcotráfico se complica.

Primero por el fuego amigo de dos funcionarios del gobierno, el expresidente de la entidad y hoy ministro Daniel Rojas contra su sucesora y actual presidente Amelia Pérez Parra, esta última quien ha cuestionado la gestión de su antecesor.

A esto se suman las pretensiones de los trabajadores muchos de ellos sindicalizados que buscan beneficios por $130.000 millones cuando el presupuesto total para la entidad es de $120.000 millones.

Con otro detalle en cuanto a la planta de personal: según registros de la propiedad entidad el año pasado pasó de 400 a 1090 trabajadores y se triplicó el presupuesto de funcionamiento.

Así las cosas vienen nuevas dificultades en la entidad, en medio de desacuerdos laborales y políticos.

Sorprendió en diversos círculos el repentino retorno a Colombia del pospenado por narcotráfico Carlos Lehder Rivas.

Mientras que todos pensaban que se trataba de un regreso al país para ver a familiares y amigos, el asunto de fondo es que hizo parte de una estrategia mediática para lograr notoriedad y hacer el relanzamiento de un libro en la Feria del Libro que comienza el próximo 25 de abril en Bogotá.

Lehder es autor del libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín que salió al mercado en febrero del año pasado.

Por esta razón se ha dedicado en los últimos días a dar entrevistas en medios de comunicación, a hacer evidente su proceso prescrito, hacer un video comiendo bandeja paisa, más otras estrategias de figuración mediática que tendrá el condenado narcotraficante del Cartel de Medellín para promocionar su producto editorial.

El exsenador y expresidente del Senado Juan Diego Gómez estuvo en Estados Unidos en los últimos días en misión de defensa.

Gómez ha sido señalado en diversas ocasiones de nexos con Diego Marín, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, a los cuales ha respondido que nada tiene que ver.

Está postura la viene reforzando ahora en instancias internacionales. Para ello Gómez fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a fin de denunciar una supuesta persecución política del gobierno de Colombia.

Adicionalmente aprovechó su periplo para hablar del tema en el Congreso de Estados Unidos. De hecho, este viernes se reunió con el congresista republicano Chris Smith.

Lo cierto es que mientras el exsenador Gómez avanza en Estados Unidos, el proceso por Papá Pitufo en Colombia también sigue avanzando en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Varios funcionarios judiciales comenzaron el trámite de órdenes de captura de dos personas que en los últimos días se han hecho tristemente célebres por sus actuaciones en dos procesos muy publicitados.

Según fuentes de la Fiscalía, el primero de ellos es Jaime Ramírez Cobo. Se trata del ex asesor de la Presidencia de la República, implicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD.

Ramírez Cobo es señalado en diversas investigaciones por gestiones en la adjudicación de contratos por 92 mil millones de pesos en varios municipios del país, incluyendo Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena. También se le ha adjudicado cercanía con Laura Sarabia.

La otra persona en la mira de la Fiscalía para captura es Mario Andrés Urán. El exfuncionario es señalado de intermediación de dineros de la salud y mencionado por hacer parte de un entramado empresarial que envió dineros del sector a cuentas en el exterior.

Al respecto de los dos casos la fiscal Luz Adriana Camargo está siendo informada directamente. 
 

Tras la movidas más recientes del gobierno, los aspirantes y algunos de los electores, la Junta Directiva de la estatal petrolera será:

Ángela María Robledo
Independiente

Mónica de Greiff Lindo
Independiente

Guillermo García Realpe
Independiente

Álvaro Torres Macías 
Independiente

Lilia Tatiana Roa Avendaño 
No Independiente

Alberto José Merlano Alcocer 
No Independiente

Hildebrando Vélez Galeano 
No Independiente

Ricardo Rodríguez Yee

No Independiente

Luis Felipe Henao 
Independiente

Se conoció la estrecha relación política que tienen el gobernador de Boyacá Carlos Amaya del Partido Verde con el presidente Gustavo Petro.

De hecho, en círculos políticos se asegura que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue recomendado al primer mandatario por el gobernador Amaya.

Una buena relación que quedó ratificada con la intención del presidente de dejar fuera la aspiración del exvicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, quien está aspirando a ser miembro de la junta directiva de Ecopetrol.

Esto en representación de los gobernadores de los departamentos petroleros y especialmente por iniciativa del gobernador de Arauca,  Renson Martínez.

Petro conversó con Amaya para que este intercediera ante los gobernadores y descartar la postulación. No obstante el gobernador de Boyacá lo intentó con los mandatarios regionales en la cumbre de hace unos días, pero no lo logro.

Por ello se afirma que Amaya es el alfil de Petro cuando de gobernadores se habla.

Varios senadores y representantes a la Cámara han expresado en las últimas horas su extrañeza y preocupación porque han pasado casi una semana y aún no les pagan su salario.

Cada parlamentario tiene un salario cercano a los $48 millones y aunque,  para muchos no es su principal fuente de ingresos, sí lo usan para cubrir sus necesidades básicas.

No obstante a este miércoles 26 de febrero en la noche  aún no aparecía el giro en sus cuentas. Varios de ellos expresaron su inquietud porque generalmente reciben su asignación salarial el 20 de cada mes.

En momento en que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, un congresista lanzó como hipótesis que el hecho poco frecuente, es una retaliación del gobierno por las dificultades en la aprobación de varios proyectos, hecho que el alto gobierno descarta de plano y fundamenta en algunas dificultades presupuestales y trámites.

A ello se suma que por los anunciados recortes muchos contratistas del Congreso aún no inician actividades ante la falta de caja del Legislativo. ¡Cosas de la economía y la política!.

En la próximas semana retornará a Colombia el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras quien dentro de poco renunciará a su cargo diplomático.

La idea tras la dimisión del diplomático es hacer una alianza con el canciller saliente Luis Gilberto Murillo y el exministro del Interior. La iniciativa pretende recoger los votos de la denominada centro izquierda.

Lo cierto es que la fórmula a la presidencia sería con Barreras a la cabeza y Murillo como fórmula vicepresidencial.

Los contactos preliminares se vienen realizando hace varias semanas entre los tres políticos.

Desde hace varios meses viene circulando a través de redes sociales y por correos masivos, mensajes para reclamar una cuantiosa fortuna.

Este el texto con la traducción del mensaje que se divulga copiosamente en Colombia y varios países a nivel mundial.

“Trabajo como contable y gerente de auditoría en el banco Absa República de Sudáfrica. Tengo una propuesta comercial muy confidencial para ti.

Hay enormes fondos no reclamados que ascienden a la suma de (15 MILLONES de dólares estadounidenses) en nuestro banco que pertenece a un cliente extranjero que murió de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, estoy buscando su buena colaboración para transferirle los fondos como pariente inmediato para nuestro beneficio durante estos tiempos difíciles.

Por favor, responda a través de mi dirección de correo electrónico anterior una vez que haya leído esta carta y declare su interés para permitirme enviarle información más relevante para que archivemos esta transacción y nos reunamos en persona para permitir que ambos compartamos los fondos en consecuencia.
Gracias.
Sinceramente.
Sr. Norm Asher.”.

Como es evidente se trata de una estafa masiva, por ello las autoridades y los expertos en informática han reiterado a los incautos no responder este tipo de mensajes.