Funcionarios de la Embajada en Nicaragua bajo la lupa por residencia de Carlos Ramón González

La permanencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y señalado por el escándalo de corrupción en la Ungrd, abrió un nuevo frente de controversia que compromete al cuerpo diplomático colombiano en ese país.

Documentos revelados por Noticias RCN muestran que la Embajada de Colombia en Managua gestionó tanto la obtención como la prórroga de la residencia del exfuncionario, justo cuando la Fiscalía avanzaba en su imputación por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

En los periodos en los que se realizaron estas diligencias, la misión diplomática estuvo encabezada por León Fredy Muñoz, hoy senador de la Alianza Verde, y posteriormente por Óscar Muñoz, actual encargado de negocios. Aunque no aparecen firmas directas en los oficios, los funcionarios que habrían intervenido en el trámite podrían enfrentar investigaciones por prevaricato y fraude a resolución judicial, delitos que conllevan penas de prisión, multas e inhabilidades.

La polémica se agudizó con las declaraciones de Muñoz a W Radio, en las que aseguró que González es “un amigo” y negó cualquier intención de favorecerlo: “Yo no le ayudé a que escapara. La comida la compramos nosotros; era una cosita de vivienda”. Sin embargo, expertos como Fabio Humar y Julián Quintana señalaron que los hechos evidencian un posible abuso de función pública y una maniobra para evadir a la justicia.

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Carlos Carrillo, director de la Ungrd, fue enfático en que González debe comparecer en Colombia: “Él tiene que defenderse aquí, no por fuera. Lo mínimo que tiene que hacer es respetar a los colombianos y al presidente”.

El presidente Gustavo Petro confirmó que pedirá formalmente al gobierno de Nicaragua la entrega del exfuncionario, mientras la Cancillería abrió una indagación interna para determinar si hubo irregularidades. La exministra Laura Sarabia negó cualquier vínculo con el trámite migratorio.

Según la Fiscalía, González obtuvo su residencia en diciembre de 2024 y la renovó el 21 de mayo de este año, el mismo día en que se adelantaba la audiencia de imputación en su contra. Aunque la circular roja de Interpol aún no ha sido emitida, la presión política y judicial sobre su caso crece en medio de llamados a que responda ante la justicia colombiana.

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