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Presupuesto de 2026 sube a $112 billones por costos de Reforma a la Salud
Crecen alertas por posible colapso del sistema.
El Gobierno de Gustavo Petro incluyó en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 los costos de la reforma a la salud, una decisión que eleva las asignaciones para el sector a niveles históricos y que abrió un intenso debate en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó ante la Comisión Séptima del Senado que el plan fiscal contempla recursos por $112,6 billones en 2026 —equivalentes al 5,88% del PIB—, con una proyección ascendente hasta los $191,7 billones en 2036, lo que representaría el 7,28% del PIB.
Ávila defendió la sostenibilidad a largo plazo del modelo y explicó que “ningún ministro de Hacienda puede entregar las mismas cifras de aval dos años después y con un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es lógico y razonable”. Sin embargo, la falta de estimaciones detalladas desató críticas entre senadores de diferentes bancadas, que cuestionaron la multiplicidad de avales fiscales —ya suman seis versiones distintas— y la ausencia de claridad en los cálculos de gasto.
El debate estuvo marcado por acusaciones de dilación y “saboteo”. Ávila abandonó el recinto tras varias horas de discusión, señalando que debía continuar con la elaboración del documento final del presupuesto, que asciende a $556,7 billones y debe aprobarse antes del 15 de septiembre.
La Comisión Séptima del Senado, escenario decisivo para el futuro de la iniciativa, ha sido históricamente un bloque de resistencia a las reformas sociales del Gobierno. En 2024 archivó un proyecto similar, y aunque en esta ocasión la ponencia fue firmada por legisladores del Pacto Histórico, Comunes y la Alianza Verde, persiste la incertidumbre sobre el desenlace del trámite.
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La reforma plantea la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida, quitándoles el manejo directo de los recursos, que pasarían a la Adres, y la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) como primer nivel de atención.
El debate llega en un contexto crítico: Keralty denunció un “daño devastador” por la intervención en Sanitas y la Contraloría alertó sobre la difícil situación financiera de la Nueva EPS. Estas tensiones han intensificado la presión sobre el Congreso para definir el futuro del sistema.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llamó a la Comisión Séptima a “garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental” y destacó que la discusión marcará el rumbo del sistema sanitario colombiano en la próxima década.
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