Ministerio de Salud modifica equipo técnico tras ajustes en el cálculo de la UPC

El Ministerio de Salud realizó cambios en su equipo técnico luego de la decisión de incrementar en 5,36 % la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, pese a que un grupo de expertos había recomendado un aumento mayor, entre el 10 % y el 14 %.

Así lo reveló una investigación publicada por La Silla Vacía, en la que se señala que al menos seis funcionarios que trabajaban en la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas habrían sido retirados de sus cargos o no renovados sus contratos.

Discrepancias en el cálculo de la UPC

La UPC determina el monto que el Estado transfiere por cada afiliado al sistema de salud. Su ajuste anual depende de diversos factores, incluidos costos operativos e inflación.

Para 2025, el Ministerio fijó el aumento en 5,36 %, argumentando la insuficiencia de información suministrada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para justificar un incremento mayor.

No obstante, informes elaborados por técnicos del Ministerio indicaban que el aumento debía oscilar entre 10 % y 14 % para garantizar la cobertura adecuada de los servicios de salud y responder a las dificultades financieras del sector. Expertos y asociaciones médicas han alertado sobre la crisis económica del sistema, señalando que el incremento aprobado no cubriría las necesidades del sector.

Salida de funcionarios y respuesta del Ministerio

Según el medio, dos fuentes anónimas confirmaron que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ordenó cambios en la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas.

Los funcionarios afectados llevaban entre cinco y diez años en la entidad y participaron en la elaboración de estudios técnicos sobre la suficiencia de la UPC.

El Ministerio de Salud no se pronunció sobre los cambios en su equipo técnico, pero sí envió un documento de 16 páginas a La Silla Vacía en el que detalla el proceso seguido para determinar el incremento de la UPC.

Según el documento, la cifra se fijó considerando la inflación y la falta de información entregada por las EPS, lo que dificultó un cálculo basado en costos reales del sistema.

El texto también explica que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas determinó que los datos disponibles presentaban inconsistencias que podían afectar la precisión del cálculo.

Ante esa situación, se aplicó el marco normativo vigente, que permite establecer el incremento con base en la inflación cuando no se dispone de información confiable.

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Decisión de la Corte Constitucional

El debate sobre la suficiencia de la UPC ha sido objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. Recientemente, el alto tribunal falló que en los últimos años el cálculo de la UPC no ha sido adecuado y ordenó una revisión del aumento de 2024, además de evaluar posibles rezagos en los valores fijados entre 2021 y 2023.

En cumplimiento de la orden judicial, el Ministerio convocó una mesa de discusión para analizar la información disponible y ajustar la metodología de cálculo de la UPC con base en insumos técnicos que garanticen la sostenibilidad del sistema y el acceso a los servicios de salud.

Reacciones de expertos y gremios del sector

La decisión del Ministerio ha generado diversas reacciones. Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, calificó la situación como “preocupante” y señaló que la salida de los técnicos evidencia una falta de consideración a los análisis realizados.

Por su parte, Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, afirmó que el bajo incremento de la UPC podría agravar la crisis financiera del sector y afectar la prestación de servicios médicos.

Cruz también advirtió que los recursos destinados a atención y medicamentos se han redirigido a otros fines, lo que compromete la estabilidad del sistema. En su opinión, el Ministerio no solo ignoró las recomendaciones técnicas, sino que también tomó medidas contra quienes las emitieron.

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