EPS Indígena del Cauca AIC: 33 hallazgos fiscales por $5.196 millones

La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Salud, adelantó una auditoría de cumplimiento a la Asociación Indígena del Cauca – AIC EPS Indígena para la vigencia 2024, donde identificó irregularidades en la gestión de los recursos destinados para la prestación de servicios de salud. 

Producto de la evaluación realizada, el informe arrojó un incumplimiento material con reserva y constituyó 46 hallazgos, de los cuales 33 se consolidaron con incidencia fiscal en cuantía de $5.196 millones.

Entre las principales irregularidades se destacan la facturación indebida de servicios, inconsistencias contables, legalizaciones tardías de anticipos y pagos sin soporte adecuado.

Fallas en ejecución y liquidación de contratos

En 2024 AIC EPS, suscribió contratos por más de $64.509 millones con asociaciones indígenas. Sin embargo, la Contraloría encontró fallas en la ejecución y liquidación de varios de estos contratos, incluyendo uno por valor $2.126 millones, destinado al fortalecimiento del SISPI, el cual se consolidó como!hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de $850.495.476 por la no amortización del anticipo (40% del valor total del contrato), lo que constituyó en el incumplimiento de la inversión de 387 actividades y 33 productos entregables.

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Por otro lado, el informe destaca que tras una decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que en diciembre de 2024 revocó parcialmente la habilitación otorgada a la AIC EPS Indígena, pasó de tener 59.418 afiliados en 95 municipios a 328.038 usuarios distribuidos en 32 municipios, por lo tanto la cobertura pasó de 509.267 en régimen subsidiado y 30.151 en régimen contributivo a 308.105 usuarios del régimen subsidiado y 19.933 afiliados al régimen contributivo, presentando una disminución de 211.380 usuarios.

La Contraloría General de la República hizo un llamado a la EPS para mejorar su gestión financiera, fortalecer la planeación contractual y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, con el objetivo de preservar la viabilidad del sistema de salud indígena y asegurar una atención digna y oportuna para sus afiliados.

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