Crisis de medicamentos: vocero de pacientes denuncia presión política para aprobar reforma de salud

En medio de un escenario marcado por retrasos en la entrega de medicamentos y una creciente dificultad en el acceso a servicios básicos de salud, diversos sectores han atribuido al Gobierno nacional la responsabilidad por el deterioro en la distribución de insumos médicos esenciales.

La situación fue abordada por Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, en Caracol Radio, en la que explicó los factores que, desde su perspectiva, han intensificado la problemática.

Silva señaló que la actual crisis no responde únicamente a fallas logísticas o administrativas, sino que se encuentra profundamente vinculada con decisiones políticas.

Durante la reciente instalación de la mesa de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), instancia técnica del sistema de salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó ante los participantes que el país se encuentra en una etapa crítica que podría empeorar en caso de que el Congreso de la República no apruebe la reforma a la salud impulsada por el Gobierno.

Esta declaración, en opinión del vocero, revela un componente de presión institucional ejercido sobre la población, a quienes se estaría condicionando el acceso a medicamentos para lograr la aprobación de un proyecto legislativo.

El debate tomó mayor visibilidad tras una publicación del presidente Gustavo Petro en redes sociales, en la que se refirió a la existencia de 113.000 unidades de insulina almacenadas en una bodega perteneciente a la empresa Audifarma.

En su mensaje, el mandatario cuestionó el hecho de que dicho cargamento no estuviera siendo entregado a personas diagnosticadas con diabetes.

Esta publicación generó reacciones inmediatas por parte de organizaciones de pacientes, que solicitaron aclaraciones sobre el contexto y el manejo de los medicamentos.

Denis Silva, al referirse a esta situación, indicó que, si los datos proporcionados por el presidente son exactos, el lote en cuestión correspondería a un volumen suficiente para abastecer el tratamiento de aproximadamente 35.000 personas durante un período de catorce días.

Añadió que determinar si se está incurriendo en acaparamiento no es un procedimiento complejo, ya que la información sobre la entrada y salida de los medicamentos de los centros de acopio puede ser consultada directamente a través de la empresa encargada de su distribución.

Según explicó, Audifarma recibe los medicamentos y los redistribuye a los puntos establecidos para su entrega a los pacientes. Este proceso, indicó, está sujeto a variables que van más allá del control de la empresa.

Uno de los factores principales que estaría impidiendo la entrega de medicamentos, de acuerdo con el vocero, es el incumplimiento en los pagos por parte de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Silva afirmó que Audifarma mantiene relaciones contractuales con ocho EPS, y que algunas de estas entidades no han realizado los desembolsos correspondientes.

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En consecuencia, al no recibir los pagos estipulados, la empresa no puede hacer entrega de los medicamentos.

Este fenómeno afecta particularmente a las EPS que han sido intervenidas por el Gobierno, y que en conjunto concentran cerca de 39 millones de afiliados. Según el representante de Pacientes Colombia, estas entidades no están pagando por los medicamentos, lo que repercute directamente en la falta de disponibilidad de los mismos para sus usuarios.

El vocero también describió un conjunto de barreras administrativas que impiden el acceso oportuno a los tratamientos médicos.

Mencionó que los pacientes enfrentan demoras cada vez mayores para obtener citas médicas, y que en muchos casos deben renovar fórmulas previamente emitidas, lo cual genera un ciclo repetitivo de trámites que impide recibir los medicamentos en tiempo y forma.

Silva advirtió que esta serie de obstáculos podría estar siendo utilizada como una estrategia para restringir la entrega de insumos, afectando gravemente a personas con enfermedades crónicas que requieren tratamientos continuos.

En el caso particular de la insulina, Silva explicó que en Colombia hay más de un millón de personas con diagnóstico de diabetes, y que más de la mitad de ellas necesita este medicamento de forma regular.

Por ello, la falta de disponibilidad no solo representa una dificultad logística, sino que se traduce en un riesgo tangible para la salud de una parte considerable de la población.

El vocero insistió en que las autoridades deben brindar explicaciones claras y públicas sobre el estado de los inventarios, la distribución de los medicamentos y la relación financiera entre las EPS y las empresas encargadas del suministro.

Reiteró que el uso de la crisis como argumento para promover reformas legislativas representa una práctica que pone en entredicho la prioridad del bienestar de los pacientes en la agenda gubernamental.

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