Audifarma asegura continuidad operativa tras aval a reorganización por deudas superiores a $2,7 billones

La Superintendencia de Sociedades dio luz verde al acuerdo de reorganización empresarial de Audifarma S.A., una de las principales distribuidoras de medicamentos de Colombia, decisión que le permitirá seguir operando mientras avanza en la normalización de sus obligaciones financieras.

La compañía había sido admitida al proceso en diciembre de 2024, tras enfrentar problemas de liquidez que impactaron el cumplimiento oportuno de pagos a proveedores y otros acreedores. Según explicó la entidad de control, la reorganización busca preservar la operación de la empresa y garantizar la continuidad del servicio en el sector salud.

Audifarma se dedica a la distribución de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, prótesis y productos cosméticos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en todo el país. Al 30 de septiembre de 2025, la empresa reportó activos cercanos a los $3,07 billones y pasivos por aproximadamente $3,06 billones.

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Actualmente, la compañía cuenta con una amplia red de farmacias a nivel nacional y una planta de 3.322 trabajadores, entre empleados permanentes y temporales, de acuerdo con cifras de la Superintendencia.

El acuerdo de reorganización fue aprobado por más del 80% de los acreedores y permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en un periodo de 12 años. La Supersociedades precisó que Audifarma no registra deudas laborales y que las obligaciones con entidades públicas, proveedores y entidades financieras se atenderán conforme al orden de prelación legal.

El plan de pagos se soporta en el flujo operativo de la empresa y en el recaudo de su cartera pendiente, con el objetivo de cumplir los compromisos financieros y mantener la operación sin interrupciones.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que este acuerdo demuestra el alcance del régimen de insolvencia empresarial para proteger unidades productivas y preservar la libre competencia, además de garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud a los usuarios.

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